Estas arterias viales son cruciales, ya que concentran el 80% del tránsito de carga y pasajeros del país. Sin embargo, la preocupación por el estado de las rutas crece a medida que se profundiza el ajuste en materia de obra pública y se acentúan los retrasos en las licitaciones necesarias para su conservación.
El desfinanciamiento de Vialidad Nacional, el organismo encargado de la red vial y bajo la órbita del ministro Luis "Toto" Caputo, ha dejado al ente con un margen de acción extremadamente limitado. Según datos oficiales, durante 2024 los fondos destinados a Vialidad sufrieron una reducción del 58%, un recorte que compromete gravemente su capacidad operativa.
Para 2025, el gobierno de Javier Milei deberá licitar al menos el mantenimiento de 9.342 kilómetros de rutas, equivalentes al 20% de la red vial argentina, pero por los que circula el 80% del tránsito total del país. Este dato cobra relevancia si se considera que el pasado 8 de abril vencieron las concesiones de importantes tramos de la ruta 12, conocida como la "ruta del Mercosur", fundamental para el comercio regional y la conectividad con Brasil y Uruguay.
Uno de los principales frentes abiertos es el denominado "corredor 18", que incluye las rutas nacionales 12 y 14, además del Puente Rosario-Victoria, y atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. La falta de una nueva adjudicación tras el fin de las concesiones ha dejado a más de 500 familias sin empleo, según fuentes locales. Aunque el gobierno asegura que Vialidad Nacional asumirá temporalmente el mantenimiento de estas rutas, lo cierto es que el organismo carece de los recursos necesarios para cumplir con esta tarea.
En este contexto, algunas fuentes indican que Marcelo Campoy, director de Vialidad Nacional, habría manifestado informalmente su intención de reducir la planta de personal del organismo en un 30%, sobre un total de 5.200 trabajadores. Esta medida, sumada al recorte presupuestario, podría complicar aún más la situación. Según el Sindicato de Trabajadores de Vialidad (STV), el organismo dejó de percibir $350 mil millones en 2024. Además, los fondos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos (ICL), específicamente asignados a Vialidad, no han sido transferidos por el Ministerio de Economía.
Con esos montos perdidos, se estima que podrían haberse reparado baches en 3.424 kilómetros de rutas y realizado mejoras en banquinas y cortes de pasto en otros 26.250 kilómetros. Sin embargo, la falta de inversión deja a muchas rutas en condiciones críticas.
La situación se agrava aún más con la inminente privatización de más de 8.500 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales SA, una empresa creada durante el gobierno de Cambiemos. Entre las vías afectadas están la Ruta Nacional 33, que une Santa Fe con Bahía Blanca la Ruta Nacional 18 en Entre Ríos y la variante de la Ruta Nacional 19 en Córdoba.
El colapso del sistema obliga a Vialidad Nacional a asumir funciones que tradicionalmente no le competen, como brindar servicios de emergencia, grúas y despeje de calzadas en caso de accidentes o contratiempos. Para ello, el organismo ha habilitado líneas telefónicas gratuitas y un número de WhatsApp para recibir alertas. Sin embargo, estas medidas parecen insuficientes frente a la magnitud del problema.
El deterioro de las rutas también genera tensiones políticas. El jueves pasado, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reunió con Campoy para discutir la situación, evitando críticas directas al gobierno nacional pero buscando minimizar el impacto del recorte en su provincia.
En resumen, el ajuste implementado por el gobierno de Milei está dejando a la red vial nacional en una situación crítica, con graves consecuencias para la seguridad vial, la economía regional y las familias que dependen de estas infraestructuras para su sustento.
Fuente: diarionorte.com
