Lo que comenzó como un problema puntual, ya se ha convertido en parte de la "nueva normalidad" del parque automotor argentino. La falta de chapas metálicas afecta tanto a quienes compran vehículos 0 km como a quienes necesitan reponer la patente por robo o extravío.
El problema se originó a mediados de 2023, cuando comenzaron las demoras en la entrega de patentes. Con el cambio de gestión, la situación se agravó: el gobierno nacional puso fin al monopolio de la Casa de la Moneda —entidad hasta entonces encargada de fabricarlas— y abrió una licitación que finalmente adjudicó la producción a la empresa Tonnjes Sudamericana SA, a partir de abril de 2025.
Durante esta transición, diversos factores contribuyeron al desabastecimiento: el cierre de la exfábrica Ciccone, problemas técnicos como maquinaria averiada, el despidos de los 20 empleados de la Casa de la Moneda y la producción limitada a solo 2.700 chapas por mes, muy por debajo de la demanda. A esto se sumó el cierre de 136 registros automotores y restricciones para abrir nuevos, lo que complicó aún más el panorama.
Mientras se resuelve la situación, se emiten chapas provisorias de papel válidas por hasta 180 días. Para los autos, se colocan en el parabrisas y en el vidrio trasero para las motos, se entrega un permiso especial.
Sin embargo, estas chapas temporales no son detectadas por cámaras de fotomultas, peajes o sistemas de estacionamiento medido, lo que limita el control vehicular y deja margen para infracciones o delitos impunes. Incluso ha habido casos de vehículos sin identificación que no pudieron salir del país, lo que obligó al gobierno a negociar con países limítrofes para permitir su circulación.
Los trabajadores estatales responsabilizan al Ejecutivo por la crisis. Desde ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), denuncian que existe una intención de desprestigiar a la Casa de la Moneda para justificar su privatización. Carolina Brizuela, empleada del organismo, aseguró en una entrevista radial que hay "falta de insumos" y acusó al Ministerio de Justicia de distribuir las chapas de manera discrecional para generar malestar social.
El gremio también recordó que otros productos como billetes, pasaportes y estampillas fiscales fueron privatizados bajo argumentos similares. La desconfianza se profundizó cuando se descubrió que una de las máquinas encargadas de imprimir chapas estaba fuera de servicio y nadie sabía cómo repararla.
Sebastián Bravo, delegado gremial, afirmó que el cierre de la planta exCiccone fue clave en la interrupción de la producción y que recién en marzo de este año comenzaron a normalizarse los pedidos atrasados. Por su parte, Claudio Álvarez, gestor automotor, advirtió que la entrega de dominios también está paralizada: "No se está asignando numeración a los registros, lo que impide inscribir vehículos nuevos".
En paralelo, Ricardo Somerville, también gestor, explicó que esta situación dejó de ser una "irregularidad" para convertirse en la regla. Según detalló, "ningún registro tiene hoy chapas metálicas" y se trabaja únicamente con las provisorias. Aunque su uso fue extendido, advirtió que salir del país con estas placas depende de la discrecionalidad del funcionario de Aduana de turno.
El gobierno asegura que la normalización llegará en mayo, cuando la empresa Tonnjes logre escalar la producción. Mientras tanto, los concesionarios siguen entregando autos con papeles pegados en el parabrisas, y el sistema de control vehicular —por el que el Estado y los municipios pagan mensualmente a proveedores como Mario Montoto— quedó virtualmente inutilizado. La cantidad de vehículos sin identificación efectiva pone en jaque la trazabilidad del parque automotor y plantea serios problemas para la seguridad vial.
El caso se suma a otros colapsos operativos en servicios públicos: como ocurrió en la aduana del Correo Argentino, donde quedaron solo 70 empleados para controlar la trazabilidad de miles de paquetes del exterior. El resultado fue el colapso del sistema, con galpones alquilados de urgencia y horas extras sin resultados visibles.
La falta de chapas patente no es un caso aislado: es otro síntoma de una administración estatal en transformación, donde no se condice la supuesta eficiencia de la privatización con los derechos básicos de los ciudadanos.
Fuente: diarionorte.com
