El fallo judicial marca un precedente sin antecedentes: por primera vez se judicializa un acto pedagógico dentro del aula.
Contreras explicó que la discusión surgió de preguntas del alumnado tras el asalto de Hamas en Israel y la posterior represalia sobre Gaza. La docente respondió contextualizando históricamente el conflicto, citando fuentes y documentos internacionales, y promoviendo un debate crítico, como lo establece el currículum oficial. Sin embargo, fue denunciada por el padre de una alumna de origen judío, quien alegó "daño psicológico".
El juez Maximiliano Boga Doyhenard basó la condena en testimonios parciales y en informes de una psicóloga particular, ignorando que Contreras actuó según los lineamientos del Estado y negó haber tenido intenciones discriminatorias. El juez incluso vinculó sus declaraciones con una supuesta "justificación de Hamas", omitiendo el marco pedagógico del debate.
La sentencia incluye una multa cercana al millón de pesos, una orden de reeducación obligatoria y restricciones hacia su exalumna, configurando lo que sectores docentes califican como una "persecución ideológica". El gremio Ademys denuncia que esta criminalización sienta un precedente que pone en riesgo la libertad de cátedra https://docs.google.com/forms/d/1yxpiv2BTSBYYGTyAxYtrFL4A4hkUAG4mtNyua23vJXc/viewform?edit_requested=true&pli=1, y convoca a la solidaridad activa en defensa de la docencia crítica.
El comunicado del gremioEl fallo judicial contra la docente Ana Contreras en La Pampa encendió una señal de alarma en toda la comunidad educativa. Multada con casi un millón de pesos por abordar en clase temas de Derechos Humanos, Terrorismo de Estado y derecho internacional, la sentencia del juez Maximiliano Boga Doyhenard marca un precedente inquietante: el aula puede convertirse en un lugar de censura, y la libertad de cátedra, en un delito.
El caso, impulsado por la denuncia de un padre que ya había intentado frenar contenidos de Educación Sexual Integral —garantizados por ley—, expone una estrategia más amplia: judicializar la enseñanza crítica y convertir a la Justicia en un brazo ideológico que imponga límites al derecho a la educación.
La figura legal utilizada para sancionar a la docente, "maltrato psicológico", diseñada para proteger a personas en situación de vulnerabilidad, fue reinterpretada para aplicar una pena desproporcionada por un debate pedagógico. El resultado: una profesional con su salud mental y su carrera afectadas, y un mensaje disciplinador hacia el conjunto del sistema educativo.
Desde Ademys y otros sectores educativos, denuncian que este no es un caso aislado, sino parte de un intento más profundo de condicionar la educación pública. Se trata, advierten, de un ataque a la escuela como espacio de pensamiento libre, crítico y democrático.
En los próximos días se presentará la apelación. El gremio docente convoca a organizaciones sociales, sindicatos, periodistas y referentes públicos a respaldar a Contreras y defender un principio esencial: enseñar no puede ser un delito.
Fuente: diarionorte.com
