(Por Andrés Sanguinetti*) -Se trata de una alícuota que se rigen por el Artículo 10 de la Ley N° 25.849 que fue votada para crear la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) como persona jurídica de derecho público no estatal y cuyo objetivo principal es gestionar y coordinar la implementación del llamado Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI).
En los últimos años, más precisamente desde la llegada del gobierno del presidente Javier Milei a la Casa Rosada, la entidad viene recibiendo fuertes críticas y cuestionamientos tanto de parte de las autoridades nacionales, como de las provincias donde se ubican la mayor parte de las bodegas como son Mendoza y San Juan y también de las grandes productoras de vinos y hasta de cámaras empresarias que agrupan a fabricantes de toda clase de alimentos y bebidas.
La Coviar está conformada por los presidentes de las entidades vitivinícolas del sector privado, la Secretaría de Agricultura de la Nación, los gobiernos de las provincias vitivinícolas, el INTA y el INV, y el organismo representa a 32 cooperativas vitivinícolas incluyendo a FECOVITA.
En el caso del incremento de la alícuota del impuesto cuestionado, no hubo quórum entre sus representantes y generó una grieta, principalmente entre la familia Zuccardi y sus aliados, con el resto de las administraciones oficiales y las bodetas.
Tasa ajustableLa medida de la Coviar fue publicada en el Boletín Oficial de ese 7 de julio pasado mediante la Resolución Anexa I Acta 187/2025, con las firmas de los principales referentes de esta corporación como son José Alberto Zuccardi José Eduardo Molina Eduardo Córdoba Jaime Gustavo Samper y Edgardo Fabián Ruggeri
Para justificar el cambio, que se produce en un momento de fuerte incertidumbre sobre el futuro de la industria del vino por los 12 meses de derrumbe que acumula el consumo de esta bebida alcohólica y por las fuertes pérdidas que vienen arrastrando una gran cantidad de bodegas, los miembros de la Coviar aclaran que se trata de una alícuota que debe ser ajustadas anualmente.
Para llevar a cabo dicho retoque, se aplica el índice corrector correspondiente a la evolución de los precios ponderados del conjunto de cada uno de los productos gravados que elabore la Bolsa de Comercio de Mendoza mediante un cálculo que, en el último caso, se ha realizado siguiendo lo establecido por el Decreto 1191/2004, que reglamenta la creación de la Coviar, y que puede ser abordado de maneras metodológicas distintas, con resultados distintos.
Por caso, la norma explica que se puede utilizar el índice de precios al consumidor (IPC), o la variación interanual de precios ponderados promedio que mide la transición de precios ponderados promedio anual.
"Si se toma el menor de tales índices, estaríamos en presencia de un índice corrector equivalente al 71,4% respecto de las contribuciones del ejercicio anterior, ajuste que podría aplicarse a las contribuciones del Art. 10 de la Ley 25.849 del Plan Estratégico durante el presente año 2025", se aclara en la resolución de julio pasado.
En este sentido, y para ponderar la suba, desde la Coviar aseguran que el actual contexto macro verifica un paulatino e incierto proceso de desinflación, como asimismo consideran que se debe tener presente las dificultades que atraviesan los establecimientos obligados en las actuales condiciones del mercado, por lo que consideran apropiado sugerir una aplicación diferida de tres meses del índice, según evolucione el proceso de desinflación de la macroeconomía nacional.
Como ese lapso ya se cumplió, la Coviar entiende que es hora de aplicar la ponderación de la evolución de los índices teniendo en vista la finalización de la cosecha y elaboración.
Incremento "desmedido"Y si bien se consideró atemperar la aplicación del índice técnico, se dispuso establecer una alícuota del 45% respecto de las contribuciones del ejercicio anterior, valores que ya se comenzaron a aplicar de acuerdo a los siguientes parámetros:
a) La contribución obligatoria durante el 2025 será equivalente a la suma de $0,847979 por litro elaborado de vino, mosto sulfitado, mosto virgen, u otro producto vitivinícola sin proceso de concentración
b) Por litro de producto vitivinícola fraccionado sin indicación de variedades, excepto el mosto concentrado, el aporte será de $ 0,714940
c) La contribución obligatoria durante el año 2025 a cargo de todos los establecimientos vitivinícolas será equivalente a la suma de $1,171074 por litro de producto vitivinícola fraccionado con indicación de variedades, champagne y vinos especiales, excepto el mosto concentrado
d) Por litro de mosto concentrado despachado al consumo interno y/o exportado será de $4,382024, y por kilómetro de uva fresca ingresada al establecimiento, los establecimientos procesadores de uva en fresco y pasas pagarán $0,702215 por kilogramo de uva fresca ingresada al establecimiento.
La primera entidad en rechazar la suba del impuesto para solventar el funcionamiento de la Coviar fue Bodegas de Argentina, la cámara que agrupa a los principales productores de vino de la Argentina, entre las que se encuentran Catena Zapata Salentein Luigi Bosca Norton y el Grupo Peñaflor.
La entidad difundió un comunicado en el cual recuerda la necesidad de defender la iniciativa del gobierno nacional de no incrementar ese impuesto y manifiesta "su profunda preocupación y absoluto rechazo por la resolución".
Al mismo tiempo apoya la iniciativa del gobierno libertario y de los de las provincias de Mendoza y San Juan de "no aplicar incremento alguno a una imposición que reviste las características de un impuesto, por su obligatoriedad y coercitividad".
Aumento inadmisibleBodegas de la Argentina no participa en COVIAR desde el 2019 y viene enfrentando a las autoridades de esta corporación al punto que sus integrantes consideran que "no tienen competencias para cobrar y menos aún incrementar alícuotas que expiraron con la finalización del plan que dio origen a su creación, PEVI 2020".
En este sentido, advierten que, a pesar de esa realidad, deben aportar igualmente recursos a Coviar "bajo la pena de inmovilización de sus operaciones por parte del INV, en caso de incumplimiento o mora".
Es más, las bodegas admiten estar atravesando una coyuntura crítica y entienden que "resulta inadmisible seguir sosteniendo de manera compulsiva a instituciones que no cumplen con su propósito y que se han convertido en una carga impositiva insostenible".
Recuerdan también que la presión fiscal acumulada sobre el sector ya alcanza niveles alarmantes, siendo actualmente del 43%, lo que compromete seriamente la sustentabilidad de las empresas y la competitividad internacional del vino argentino.
Por eso entienden que la decisión de aplicar este ajuste "representa una carga adicional injustificada, que ignora el esfuerzo sostenido del sector por preservar el empleo, la inversión y la calidad productiva en condiciones adversas".
La adhesión de Javier MileiLa postura de Bodegas de Argentina es compartida tanto por el gobierno nacional del presidente Javier Milei como por los de San Juan y Mendoza que, en conjunto, exigen "a revisión inmediata" de la resolución y solicitan la suspensión del cobro obligatorio de este impuesto.
Esta postura recibió el apoyo de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que representa a la mayoría de las empresas de alimentos y bebidas de Argentina, agrupando a más de 2.200 compañías, incluyendo 30 cámaras empresarias del sector.
"Expresamos nuestro respaldo a BodegasAR ante el rechazo al aumento del impuesto para solventar a COVIAR y coincidimos en la necesidad de aliviar la presión fiscal que compromete en este caso la competitividad y sostenibilidad de las empresas vitivinícolas argentinas", sostuvo la cámara desde su cuenta en X (ex Twitter).
La cámara también se mostró a favor de aliviar la presión fiscal "que compromete en este caso la competitividad y sostenibilidad de las empresas vitivinícolas argentinas".
En tanto, el ministro de Producción y Trabajo de San Juan, Gustavo Fernández, aseguró que el impuesto "impacta directamente a nuestros productores y a nuestras bodegas, lo cual afecta la producción local, además de no contar con ningún consenso y atentar contra la competitividad del sector".
El funcionario comentó además que acompañan esta preocupación ministros de otras provincias vitícolas, como Mendoza y anticipó que desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la Secretaría de Agricultura de la Nación "también rechazan la suba y anunciaron que tomarán medidas para revertirla".
Eliminar la CoviarPero la disputa no se limita solamente a la aplicación de este impuesto ya que desde Bodegas de Argentina se viene advirtiendo sobre la necesidad de eliminar la Coviar a partir de la derogación de la Ley 25.849, sancionada en el 2004 para crear precisamente esa corporación que comanda la familia Zuccardi y a la que se le encargó la implementación del Plan Estratégico Vitivinícola Argentina 2020 (PEVI 2020).
Para las 200 bodegas que integran esa cámara, la Coviar "ha dejado de cumplir su misión" su mantenimiento "representa un gasto sin impacto", por lo cual la obligación de realizar "contribuciones" no tiene sentido y es, hasta, ilegítima.
Las acciones cuestionadas se instrumentaban por la Coviar a través de unidades ejecutoras como el Fondo Vitivinícola de Mendoza (mercado interno) y WOFA (mercado externo) que, para Bodegas de Argentina no lograron alcanzar ninguno de los objetivos planteados en el plan estratégico que, por ejemplo, apuntaba a alcanzar ventas al exterior por u$s2.000 millones al 2020, pero solo se lograron u$s791 millones.
Se proyectaba además captar el 10% del volumen mundial, pero solo se alcanzó un 3,7 %, que cayó al 1,8% en 2025.
En cuanto al consumo interno, se redujo un 46%, de 29,9 litros per cápita en 2004 a 16,2 en 2024, al igual que la superficie plantada, que cayó un 10% desde el 2014, especialmente en viñedos pequeños, y se registró una disminución del 12,4% en el empleo en viñedos y 8,1% en bodegas.
En el plano de ingresos, el sector vitivinícola facturó en 2025 un 42% menos que en 2012 y se encuentra atravesando una de las peores crisis de su historia con un derrumbe que no para desde hace por lo menos 12 meses.
Escasa transparencia y direccionamiento de fondosBodegas de Argentina también acusa a los directores de la Coviar de haber administrado u$s230 millones entre el 2004 y el 2020, de los cuales u$s100 millones fueron aportes privados y otros u$s130 millones del Estado.
"Se ha gastado esta suma sin alcanzar los objetivos estratégicos ni rendir cuentas adecuadamente", denuncia la cámara bodeguera, que también critica la falta de auditorías, la escasa transparencia, el direccionamiento de fondos a actividades sin impacto productivo y la promoción institucional de la Coviar a través de eventos políticos y contrataciones de medios.
La cámara cuestiona además el carácter no representativo de la Coviar por entender que "no es una cámara de afiliación voluntaria y sus alícuotas son obligatorias bajo pena de inmovilización operativa".
En un contexto de presión fiscal alta y caída de rentabilidad, la cámara afirma que la industria no puede seguir sosteniendo "un actor que no agrega valor ni a las empresas ni a los consumidores".
En ese sentido, se presentó un proyecto para derogar la Ley 25.849 que tiene la autoriía del diputado nacional Damián Arabia (CABA), con el acompañamiento de legisladores de distintas provincias: Martín Ardohain (La Pampa), Alejandro Bongiovanni, Gerardo Milman, Emmanuel Bianchetti, Bertie Benegas Lynch y Patricia Vásquez (Buenos Aires), Sergio Capozzi (Río Negro), José Nuñez (Santa Fe), Emilia Orozco (Salta) y Laura Rodríguez Machado (Córdoba).
*Publicado en IProfesional
