El gobierno profundiza la crisis del sistema científico argentino: a través del Decreto 447/2025, publicado en el Boletín Oficial, reformó por decreto la estructura de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Agencia I+D+i), generando fuerte rechazo en la comunidad científica.
Organismos como la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT) y el Grupo Economía Política Ciencia (EPC) denunciaron que esta medida destruye el carácter democrático y plural de la Agencia, centralizando decisiones en un pequeño grupo afín al gobierno. Señalan que se trata de un paso más hacia la paralización de la investigación científica en el país, en un contexto de recortes presupuestarios drásticos: desde la asunción de Milei, el presupuesto de la Agencia cayó un 91,6%.
La Agencia I+D+i es clave en el financiamiento de proyectos de investigación y en la articulación público-privada. Sin embargo, desde diciembre de 2023 está prácticamente paralizada: no se ejecutaron fondos de concursos previos, no se actualizaron los salarios de becarios y la dirección del organismo cambió dos veces en 17 meses. Para investigadores y gremios, el objetivo del gobierno no es reactivar la Agencia sino convertirla en un instrumento para redirigir recursos públicos hacia intereses empresariales.
Desde ATE CONICET Capital alertaron que este decreto podría anticipar una reforma similar del CONICET. También denunciaron una convocatoria a becas que excluye en gran parte a las Ciencias Sociales y Humanidades. De las 1.000 becas anunciadas, 700 están destinadas a áreas "prioritarias" definidas por el gobierno, y las restantes 300, restringidas geográficamente. Sin ingresos nuevos ni garantías de continuidad, pronostican una posible expulsión masiva de trabajadores del organismo.
Según el análisis de organizaciones científicas, lo que se busca con estas reformas es instalar una mayoría empresarial en el directorio del CONICET, incorporando representantes de sectores como minería, pesca, petróleo y agroindustria. Actualmente, solo la Sociedad Rural tiene presencia. Esta mayoría patronal podría definir qué se investiga y qué no, según intereses privados.
Además del ajuste presupuestario, el gobierno cerró el ingreso a la carrera científica y técnica del CONICET (que representa el 91% de su planta), lo que, sumado a los bajos salarios, ha provocado un creciente éxodo hacia el exterior o el sector privado. El plan, advierten, es desmantelar la estructura científica estatal, comenzando por las Ciencias Sociales, para luego avanzar sobre institutos con doble dependencia universitaria o provincial, y finalmente liquidar la carrera de investigador.
Frente a este panorama, trabajadores del sistema científico llaman a una urgente organización en los lugares de trabajo y a salir a las calles junto con otros sectores en conflicto, como el INTA, INTI, el Hospital Garrahan y los jubilados. La comunidad científica alerta que este "cientificidio" no es solo un ajuste, sino un proyecto político que pone en riesgo la soberanía del conocimiento y el desarrollo del país.
Fuente: diarionorte.com
