El Gobierno nacional se prepara para publicar, antes del 8 de julio, un decreto que implicaría una profunda reestructuración del sistema estatal de transporte y tránsito. La medida incluiría la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), junto con otros organismos clave como la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
El borrador del decreto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, buscaría reasignar funciones hoy superpuestas entre distintas dependencias públicas, con el objetivo de concentrarlas en menos estructuras y reducir el gasto del Estado. La urgencia obedece a que las facultades delegadas del ministro vencerán el próximo 8 de julio, por lo que el texto debería publicarse en los próximos tres días hábiles.
CONTROL DE TRÁNSITO
Entre los cambios más significativos, la Gendarmería Nacional asumiría el control del tránsito en rutas nacionales, pasos internacionales y Áreas de Control Integrado (ACI). Esta fuerza de seguridad pasaría a encargarse de la prevención, fiscalización y control de infracciones de tránsito terrestre en todo el país. Según fuentes oficiales, su estructura operativa y experiencia previa la habilitan para asumir este rol estratégico, que actualmente se encuentra repartido entre la ANSV y la CNRT.La Secretaría de Transporte, por su parte, absorbería convenios y tareas de formación vial que antes eran responsabilidad de la ANSV, así como también competencias de otros entes a eliminar. Además, se creará la Agencia de Control de Concesiones de Transporte, encargada de fiscalizar contratos de concesión de obras viales, líneas ferroviarias y servicios de transporte público de jurisdicción nacional. Esta nueva entidad también será responsable del cobro y control de tasas y aranceles vinculados.
VIALIDAD NACIONAL
Con respecto a la Dirección Nacional de Vialidad, el decreto establecería su disolución y la transferencia de sus recursos humanos, financieros y técnicos al Ministerio de Economía, o al organismo que este designe. Esta cartera se encargará en adelante de otorgar concesiones de obras de infraestructura vial y del mantenimiento del sistema troncal de caminos nacionales. Se preservará la planta de trabajadores en sus actuales cargos, aunque de manera transitoria y con posibilidad de reestructuración futura.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que tenía a su cargo la fiscalización de operadores automotores y ferroviarios, también será desmantelada. Desde 2019, varias de sus funciones ya habían sido absorbidas por la Subsecretaría de Transporte Automotor, lo que, según el Gobierno, justificaba su eliminación.
Por último, la Junta de Seguridad en el Transporte dejaría de investigar accidentes automotores y pasaría a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, enfocándose exclusivamente en la aviación civil.
El decreto representaría una de las reformas más ambiciosas del Ejecutivo en materia de transporte, en línea con su plan de desburocratización del Estado.
Fuente: La Nación
