El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, confirmó su visita a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y otras autoridades de los tres poderes del Estado.

En un comunicado, la oficina del Alto Comisionado detalló que estará en el país del 19 al 22 de abril.

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Türk también se reunirá con representantes de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos representantes de pueblos indígenas y familias de personas desaparecidas.

Y mantendrá encuentros con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y miembros del sector privado y del equipo de la ONU en el país, entre otros.

Para cerrar su estancia, tendrá una conferencia de prensa el miércoles 22 de abril.

La visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU se da en un contexto de hallazgos de restos óseos en la periferia de la Ciudad de México y tras tensiones entre organismos de Naciones Unidas y el gobierno federal por las desapariciones.

De acuerdo con el último informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), el número de personas desaparecidas en México ya supera los 133 mil casos; además de 70 mil cuerpos en morgues y fosas comunes sin identificar.

Este viernes, en la conferencia matutina que estuvo a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la funcionaria señaló que México está dispuesto a colaborar con los organismos internacionales aunque se mantiene el rechazo al informe presentado por la CED, pues asegura que no se tomó en cuenta la información proporcionada por las autoridades mexicanas.

Por ello, la titular de Segob afirmó que tras la visita se informará sobre los resultados y avances del programa de trabajo sobre el tema de desaparecidos.

“Nosotros estamos en la disposición de recibirlo igual que recibirá seguramente a colectivos, seguramente a otras autoridades que el alto comisionado ha manifestado la decisión de verlos, de entrevistarse con ellos. Nosotros estamos preparados para cualquier reunión”, afirmó.

El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó el pasado 2 de abril al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de manera urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General.

Con esta petición, el comité busca que se implementen medidas destinadas a apoyar en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen en el país.

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La petición ocurrió luego de que el comité concluyera que existen indicios fundados para considerar que en México se están cometiendo desapariciones forzadas con la categoría de “crímenes de lesa humanidad”.

Esta evaluación se fundamenta en el registro de múltiples ataques generalizados o sistemáticos en contra de la población civil en distintas regiones del país, razón por la cual realizó esta petición bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Aunque el Estado mexicano argumentó que gran parte de las desapariciones son llevadas a cabo por grupos criminales y no por autoridades estatales, el comité subrayó que ha recibido información fundamentada sobre la participación directa, autorización, apoyo o tolerancia de funcionarios públicos en algunos de los casos.

Además, aclaró que los crímenes de lesa humanidad también pueden ser cometidos por actores no estatales u organizaciones cuando forman parte de un ataque contra la población.

La gravedad de la crisis se refleja en las cifras de fosas clandestinas. El comité estima que en el país se han localizado más de 4 mil 500 fosas con más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos en su interior, a lo que se suman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar.

El organismo advirtió que las autoridades se encuentran desbordadas y que no hay una mejora sustancial desde la visita que realizaron al país en el año 2021.

Ante la falta de capacidad operativa, el comité tomó esta medida excepcional para pedir a la Asamblea General que brinde a México cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada.

El Gobierno de México expresó su rechazo al informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED). A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores calificaron el documento internacional como tendencioso, parcial y sesgado.

De acuerdo con el pronunciamiento, el informe omite tomar en cuenta las observaciones y los avances institucionales logrados en el país desde 2019, tras la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y de manera particular, desde el año 2025, con la llegada de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo.

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Así, el gobierno mexicano lamentó que el Comité de la ONU supuestamente se negara a estudiar la información actualizada que el Estado presentó el pasado 27 de marzo, antes de que se publicará la resolución.

Además, el Estado mexicano argumenta que el informe internacional no corresponde a la realidad actual del país, ya que se enfoca principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se limita a estudiar la situación de solo cuatro estados.

Asimismo, el comunicado denuncia una “falta de rigor jurídico” y señala un conflicto de interés dentro del Comité, afirmando que “existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”.

En su respuesta, el Gobierno Federal también asegura que en la administración actual se ha llevado a cabo una profunda reforma legislativa e institucional para combatir este delito, trabajando de la mano con los colectivos de familiares de las víctimas.