El Poder Judicial de Perú rechazó el recurso de "habeas corpus" presentado para exigir al Ejecutivo de ese país la emisión inmediata de un salvoconducto para la ex primera ministra Betssy Chávez, con el fin de que pueda viajar a México como asilada política.

La resolución, dictada por el juez constitucional de Lima, Iván Cabrera, desechó el recurso interpuesto el 25 de noviembre de 2025 por el ciudadano Rubén Serpa Valdez a favor de Chávez y de la Embajada de México en la capital peruana. La demanda iba dirigida contra diversas instituciones del Estado por una supuesta vulneración de la libertad personal y derechos relacionados.

El magistrado calificó el recurso como "improcedente" y también negó otras peticiones de la demanda, entre ellas la solicitud de impedir cualquier intervención de las autoridades peruanas en la sede diplomática mexicana, así como la adopción de medidas urgentes de protección para el inmueble y las personas en su interior, de acuerdo con el dictamen publicado por la prensa local.

La acción judicial se basaba en declaraciones del entonces presidente peruano, José Jerí, quien había sugerido la posibilidad de entrar por la fuerza a la embajada para cumplir una orden de prisión preventiva contra Chávez; lo que, según la demanda, representaba una amenaza "real, cierta e inminente".

Sin embargo, el juez Cabrera concluyó que dicha supuesta amenaza no se apoya en hechos que se puedan comprobar ni que sean inmediatos. Además, subrayó que las propias autoridades descartaron cualquier intervención forzosa y recordó que Jerí ya no ocupa la presidencia, lo que elimina la posibilidad de una acción basada en lo que dijo.

En la resolución, fechada el 10 de abril y difundida por la cadena RPP, el magistrado sostiene también que la petición de un salvoconducto no tiene relevancia constitucional, al no haber pruebas de una afectación directa a la libertad personal de la ex primera ministra. En este sentido, señaló que su permanencia en la Embajada de México es una decisión voluntaria.

Asimismo, indicó que no existe una negativa formal del Ejecutivo sobre la entrega del salvoconducto, ya que la solicitud sigue bajo revisión, como parte de una decisión de carácter político y diplomático.

El juez ordenó finalmente que, una vez que la resolución quede firme, el caso se archive de manera definitiva.

Betssy Chávez fue sentenciada el 4 de diciembre de 2025 a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión, debido al fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La sentencia incluyó una orden de captura nacional e internacional.

Actualmente, la exjefa del gabinete está en la residencia de la Embajada de México en Lima, luego de que el Gobierno mexicano le otorgara asilo diplomático, lo que provocó el rompimiento de relaciones entre ambos países.