En medio de las tensiones bélicas entre Estados Unidos, Israel e Irán, con el estrecho de Ormuz —por donde transita alrededor del 20 por ciento del crudo mundial— como uno de los principales focos de riesgo, surge una noticia que añade nueva incertidumbre al mercado petrolero global: Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado su retiro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Con una cuota asignada de 3,2 millones de barriles diarios (mbd), EAU figura como el tercer productor de la OPEP y entre los diez mayores del mundo. Analistas internacionales han señalado que la decisión de Abu Dabi estaría asociada a la fricción creciente entre sus planes de alcanzar los 5 mbd para finales de 2027 y el sistema restrictivo de cuotas de la organización.

Más allá de su impacto en los precios, el retiro de EAU reabre interrogantes sobre la cohesión interna de la OPEP y sobre su vigencia. Para Venezuela, miembro fundador de la organización, estas discusiones revisten especial importancia.

Venezuela fue uno de los cinco países fundadores de la OPEP en 1960, y el venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo, entonces ministro de Minas e Hidrocarburos, fue una de las figuras clave de ese proceso. En aquel momento, los países fundadores concentraban cerca del 38 por ciento de la producción mundial de crudo, y Venezuela —con 2,5 mbd— era el mayor productor del grupo y el tercero del mundo.

Ese escenario fundacional contrasta de forma marcada con la Venezuela petrolera actual, hoy ubicada dentro de los menores productores de la OPEP. Con una producción que no alcanza un tercio de los 3,45 mbd registrados en 1998 —año en que llegó Hugo Chávez al poder—, la industria nacional atraviesa una situación muy compleja, marcada por una crítica necesidad de inversión y personal capacitado, así como por una política petrolera de escasa autonomía, filtrada por licencias, condicionalidades financieras y destinos de exportación supervisados por Estados Unidos.

En este contexto, en conversación con la experta petrolera Dolores Dobarro —exviceministra de Energía y Minas y exconsultora jurídica de la OPEP—, se analiza cómo podría incidir sobre Venezuela, en el corto y mediano plazo, la salida de EAU de la organización.

La retirada de Emiratos Árabes Unidos representa, ante todo, un fuerte golpe político para la OPEP. El anuncio de la salida de un productor tan relevante transmite señales de tensión interna y pone en entredicho la disciplina colectiva que sostiene la capacidad de la organización para influir sobre la oferta global. Este tipo de señales añade incertidumbre al mercado y puede alimentar la volatilidad de los precios.

Sin embargo, Dolores Dobarro distingue entre el golpe político a la OPEP y su efecto inmediato sobre los precios. A su juicio, el impacto inicial del anuncio no ha sido determinante en la cotización del crudo. El alza observada parece responder más a la crisis del estrecho de Ormuz y al riesgo geopolítico en Medio Oriente que a la salida misma de Abu Dabi.

En ese sentido y respecto a sus efectos sobre Venezuela, la experta advierte que los bajos niveles de producción de la industria petrolera nacional limitan su capacidad para capitalizar la actual subida de precios: "Venezuela se está beneficiando de unos precios altos, pero no se puede beneficiar más porque no ha aumentado producción. O sea, no tiene más barriles para cobrar a esos precios altos".

En materia de cuotas, la salida de Emiratos tampoco tiene un impacto inmediato favorable para Venezuela. La cuota que deja Abu Dabi no se reparte automáticamente entre los demás miembros y, aun si el tema llegara a plantearse en el corto plazo, Venezuela no estaría en condiciones de aprovecharlo de manera significativa.

A ello se suma un matiz jurídico importante. Dobarro recuerda que "el estatuto de la OPEP dice que, cuando un miembro se retira, notifica a la conferencia y el retiro se hace efectivo el primero de enero del año siguiente a esa comunicación". Esto significa que, aunque el anuncio político impacta de inmediato en la percepción del mercado, la materialización formal del retiro emiratí ocurriría en enero de 2027.

De allí que los principales efectos para Venezuela no surjan en lo inmediato, sino en el horizonte de una posible recuperación de su capacidad productiva. Dolores Dobarro estima que, en un escenario optimista de estabilización institucional y con un flujo suficiente de inversión financiera y técnica, el país podría situar su producción en un rango entre 1,8 y 2 mbd. Hasta alcanzar esos volúmenes, el sistema de cuotas de la OPEP no debería representar una restricción operativa directa.

A este respecto, la experta recuerda que la última cuota asignada a Venezuela fue de 1,92 mbd en el período 2018-2019, justo antes de las sanciones estadounidenses impuestas a su industria petrolera en enero de 2019. "Hasta situarnos allí, en la organización ni siquiera se va a discutir la producción de Venezuela. Mucho menos si se está aumentando poco a poco y en ese momento el mundo necesita más crudo", sostiene.

El desafío para Venezuela radica en que esa recuperación podría producirse en un mercado mucho más complejo. Si Emiratos, operando al margen de la coordinación de la organización, logra colocar una parte significativa de su producción adicional —cercana a los 2 mbd—, Venezuela podría enfrentarse a un escenario de oferta más fragmentado, con menor disciplina colectiva y mayor volatilidad en los precios. Para un país que busca atraer capital de largo plazo y rehabilitar su infraestructura, un entorno de incertidumbre no sería propicio para consolidar la recuperación de su industria petrolera.

Como advierte Dolores Dobarro, la recuperación de la industria petrolera venezolana requiere un mercado signado por la estabilidad, no por la volatilidad. Proyectos de alto costo y largo ciclo, como los de la Faja Petrolífera del Orinoco, dependen de bandas de precios sostenibles en el tiempo que justifiquen la inversión. "Si son abruptos los cambios… en una situación de precios muy bajos no hay inversiones y entonces volvemos otra vez a la montaña rusa", señala. En lograr esa predictibilidad juega un papel muy importante la coordinación de la OPEP.

Sin embargo, si Venezuela lograra superar los 2 mbd y transitara nuevamente hacia los 3 mbd —meta que demanda al menos una década, entre 120.000 y 150.000 millones de dólares estadounidenses, y garantías jurídicas sólidas—, el sistema de cuotas de la OPEP podría comenzar a limitar una expansión de ese tipo y Caracas tendría que discutir su espacio dentro de la organización.

Aquí aparece una paradoja. Una OPEP que se siga debilitando expone a Venezuela a una guerra de producción y precios que terminaría comprometiendo sus planes de expansión. Pero una OPEP demasiado rígida o fracturada por intereses particulares también podría convertirse en un límite severo para la recuperación de la industria petrolera venezolana.

Frente a esta disyuntiva, Dobarro rescata la importancia que sigue teniendo la OPEP para Venezuela, siempre y cuando —advierte— la organización actúe conforme al propósito para el cual fue creada. A este respecto, Dobarro evoca a Erwin Arrieta, exministro de Energía y Minas, quien afirmaba, a finales de los años noventa, que si la OPEP fracasaba, habría que reinventarla y darle el propósito para el que fue creada: balancear el mercado, no manipularlo a favor de uno u otro.

Esa visión coincidía con el pensamiento del expresidente Rafael Caldera, quien en esas mismas fechas sostenía que la OPEP debía evitar la competencia destructiva entre productores, defender precios justos y promover entendimientos más amplios con productores no OPEP y países consumidores. Ese objetivo sigue vigente y define el verdadero valor de la organización para Venezuela.

(ms)