La reciente expedición del Decreto 0415 de 2026 desató una de las discusiones técnicas más profundas de este agitado año para la economía colombiana. El centro del debate no es solo el traslado masivo de $25 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones, sino el uso real que se le dará a este capital.

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Mientras el Gobierno Nacional defiende la medida como una necesidad contable para corregir un descalce financiero, centros de pensamiento y gremios advierten sobre los riesgos de que este ahorro, construido durante décadas por los trabajadores, termine financiando el gasto corriente del Estado en lugar de asegurar las jubilaciones de las próximas generaciones.

Desde la perspectiva de Colpensiones, la administración de estos recursos es un acto de coherencia con el sistema. Jaime Dussán, presidente de la entidad, le restó peso a la preocupación de los mercados calificando este monto como un “pelo de un gato” en comparación con el total de activos que aún permanecen en el régimen privado.

Según Dussán, los $25 billones pertenecen ahora a los 119.000 afiliados que optaron por el traslado de fondos a Colpensiones amparados por la reforma pensional y, por ende, deben estar bajo custodia pública para respaldar sus futuras prestaciones. El ejecutivo aseguró que el dinero se mantendrá bajo estrictas normas de ahorro en la fiduciaria de la Previsora Nacional, aunque dejó abierta la posibilidad de que los recursos se coloquen en el sistema bancario nacional.

Sin embargo, centros de estudios económicos como Fedesarrollo y Anif plantean un escenario mucho más complejo y preocupante. Una de las teorías más fuertes sugiere que estos recursos se utilizarán para cubrir el gasto pensional del periodo corriente.

En términos sencillos, esto significa que el dinero que debería estar guardado para los trabajadores que se pensionarán en cinco o diez años podría estarse usando hoy mismo para pagar las mesadas de quienes ya están jubilados. Esta práctica liberaría espacio fiscal para el Gobierno, permitiéndole redireccionar el dinero que antes destinaba al pago de pensiones hacia otros rubros del presupuesto en plena época electoral, lo que en la práctica se traduce en mayor gasto público.

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Anif ha sido particularmente crítico respecto a la inconsistencia en la puesta en marcha de este modelo. Según sus análisis, el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo que se creará con la reforma pensional, y que debería ser el blindaje de estos recursos en el Banco de la República, ahora tendría que arrancar con un vacío significativo.

Por cuenta del decreto en cuestión, Anif estima que el sistema comenzará con unos $5 billones menos de lo proyectado originalmente para el fondo de ahorro, lo que debilita la reserva técnica desde su nacimiento. Para los analistas de este centro de pensamiento, esto confirma que la medida va en contravía del espíritu de la reforma pensional, la cual dictaba que estos capitales debían ahorrarse de forma estricta para respaldar el pago futuro de las obligaciones del Estado.

Entre tanto, Asofondos calificó la medida como abiertamente ilegal y lesiva para los intereses de los trabajadores actuales y las generaciones venideras. El gremio sostiene que el decreto obliga a una entrega de recursos que deberían permanecer invertidos y administrados por los fondos hasta que cada afiliado consolide efectivamente su derecho a la pensión.

Por esta razón, el sector anunció que adelantará acciones legales a la mayor brevedad para defender el deber fiduciario que tienen las empresas sobre el capital de sus afiliados, argumentando que la incertidumbre jurídica creada por el Gobierno pone en entredicho la protección del ahorro individual.

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Andrés Velasco, presidente de Asofondos, subrayó que no escatimarán esfuerzos dentro del Estado de derecho para evitar que se consolide un precedente que vulnere la confianza en el sistema pensional. La preocupación radica en que el 70% de estos $25 billones está invertido en títulos de deuda pública (TES).

Aunque se ha pactado un modelo de traslado de títulos para evitar un choque en los precios del mercado, el gremio insiste en que el traslado forzado rompe las reglas de juego establecidas. Por eso, Asofondos hizo un llamado urgente a las altas cortes para que impartan instrucciones claras ante la contradicción evidente entre este decreto y el marco legal vigente en Colombia.

El debate, en todo caso, aterriza en la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Mientras Colpensiones defiende el fortalecimiento de los principios de equidad y solidaridad mediante este traslado, los críticos ven una amenaza a la estabilidad macroeconómica del país.

El hecho de que el ahorro se convierta en flujo de caja para el Gobierno podría generar un alivio temporal para las cuentas fiscales de 2026, pero a costa de aumentar la presión sobre el presupuesto público en el futuro, cuando los trabajadores que hoy trasladan sus fondos reclamen su jubilación y el Estado ya haya gastado ese capital inicial.

Con esto, el destino de los $25 billones parece ser el termómetro de las garantías que da el país a ojos de los inversionistas. Si el dinero termina, como sugieren las teorías de Fedesarrollo y Anif, financiando el gasto corriente para tapar huecos del presupuesto actual, el sistema pensional podría enfrentar un desafío de liquidez en las próximas décadas.

La palabra final la tendrían las autoridades competentes y las cortes, que deberán decidir si el decreto del Gobierno se ajusta a la ley o si, por el contrario, se debe proteger la permanencia de estos recursos en las cuentas individuales bajo la administración de los fondos.

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