Desde la Secretaría, que depende del Ministerio de Salud de Mario Lugones, justificaron la medida con un informe de auditoría que señalaba "irregularidades", falta de equipos profesionales completos y baja frecuencia de atención. Sin embargo, trabajadores y usuarios denuncian que la evaluación fue arbitraria y en algunos casos ni siquiera se realizó presencialmente. En los territorios rechazan los argumentos oficiales y hablan de un vaciamiento deliberado.
Las CAAC, con más de diez años de trayectoria, surgieron como espacios de contención social y terapéutica en barrios vulnerables. Allí se realizan talleres, se brinda acompañamiento psicológico y se ofrece un lugar de escucha, algo especialmente valorado por las comunidades. "Cerrar estos espacios es condenar a miles de jóvenes a vivir sin apoyo", advirtió la psicóloga Fernanda Popolizio, de Casa Pueblo, quien remarcó que los recortes se concentran en centros vinculados a movimientos sociales y no en los ligados a iglesias.
El impacto es grave: se estima que unas 300.000 personas jóvenes en todo el país necesitan asistencia por consumo problemático. En la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud informó que los casos crecieron un 15% en barrios vulnerables en el último año, vinculados a pobreza, violencia y exclusión.
Las críticas no tardaron en llegar. En junio pasado, la Iglesia —a través de los Hogares de Cristo— había advertido que la retirada del Estado "condena indirectamente a la muerte". Esta semana, organizaciones sociales marcharon frente al Ministerio de Salud bajo el lema "Cuidar las CAAC es cuidar la vida en los barrios".
En el plano político, la diputada santafesina Varinia Drisun calificó la medida como un "golpe mortal a las políticas públicas de salud". Sostuvo que el abordaje de los consumos exige equipos estables y formados, y denunció que el Gobierno no solo desfinancia la Sedronar sino que también debilita el sistema sanitario en general. Aseguró que sin un plan nacional de salud ni recursos humanos sólidos no hay posibilidad de enfrentar la problemática.
Drisun destacó, en contraste, la política activa de Santa Fe, donde el gobierno de Maximiliano Pullaro sostiene el trabajo territorial a través de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas (Aprecod). Allí se articulan centros de salud, hospitales generales y especializados en el marco de un plan provincial de salud mental con presupuesto propio.
El recorte también alcanza al Hospital Nacional Laura Bonaparte, único especializado en salud mental y adicciones, lo que suma preocupación entre los trabajadores del sector.
En los barrios, el cierre se vive como una pérdida concreta: donde antes había un espacio para compartir, comer, aprender o simplemente ser escuchado, ahora solo queda un portón cerrado. Para muchos, la motosierra del ajuste no solo achica el Estado, sino también las esperanzas de quienes buscan salir del consumo problemático.
Fuente: diarionorte.com
