Australia volvió a plantarse ante los gigantes digitales. En una movida que ya sacudió al mundo en 2021 con su pionero Código de Negociación de Medios de Noticias, el gobierno de Anthony Albanese acaba de dar un paso más allá. La nueva legislación, bautizada como "Incentivo para la Negociación de Noticias", no solo mantiene la obligación de Google, Meta, Microsoft y TikTok de cerrar acuerdos económicos con los medios locales, sino que añade un mecanismo de presión irrefutable: si no llegan a un entendimiento, deberán abonar un impuesto del 2,5% sobre sus ingresos publicitarios en el país.
El mensaje es claro: las plataformas se benefician del contenido periodístico para atraer tráfico y generar publicidad, pero durante años eludieron pagar a los creadores originales. Australia dice basta y, con esta norma, aspira a redistribuir unos u$s 350 millones anuales al sector editorial. El primer ministro Albanese lo resumió sin rodeos: "Se trata directamente de apoyar a los periodistas. Cada dólar recaudado se devolverá al sector".
¿Qué plataformas están en el punto de mira?
La ley aplica a aquellas empresas que operan servicios "significativos" de redes sociales o motores de búsqueda y que superen el umbral de 250 millones de dólares australianos (unos u$s 180 millones estadounidenses) en ingresos publicitarios locales anuales. En la práctica, el listado incluye a los pesos pesados del ecosistema digital: Google (Alphabet), Meta (Facebook e Instagram), Microsoft (por LinkedIn y Bing) y la china TikTok.
La inclusión de Microsoft y TikTok en esta actualización no es casual. Australia quiso cerrar los vacíos legales que permitían a algunas plataformas esquivar la normativa anterior, y adapta el marco a la rápida evolución del entorno digital. La intención es que ninguna gran corporación quede exenta de su responsabilidad con el periodismo local.
"Impuesto que no es un impuesto"
El gobierno australiano no pretende recaudar el 2,5% a modo de castigo fiscal; su objetivo es usar esa tasa como una palanca para forzar la negociación. Las tecnológicas pueden reducir o incluso eliminar por completo ese gravamen si demuestran que llegaron a acuerdos comerciales con al menos ocho empresas periodísticas australianas.
Pero el diseño de la norma es más inteligente de lo que parece a primera vista. Para fomentar la diversidad informativa y evitar que el dinero se concentre en los grandes grupos mediáticos, la ley establece un sistema de ponderación:
Los acuerdos con medios pequeños y medianos cuentan al 200% de su valor a la hora de descontar la multa.
Los acuerdos con grandes editores solo cuentan al 150%.
Y hay un tope: ninguna negociación individual puede compensar más del 25% de la responsabilidad fiscal total de la plataforma.
De este modo, se incentiva a las tecnológicas a repartir sus inversiones entre un abanico variado de medios, fortaleciendo no solo a los grandes grupos, sino también a las cabeceras regionales y locales, que son las que más sufren la crisis del periodismo tradicional.
Además, los pagos realizados a los medios son deducibles de impuestos, lo que convierte el acuerdo en una opción financieramente atractiva para las plataformas. El mensaje subyacente es: "Negocien de buena fe o paguen; pero si negocian, todos ganan".
Un contexto de desequilibrio histórico
El origen de esta batalla se remonta a la irrupción de internet y las redes sociales. Durante décadas, los periódicos y cadenas de tv invirtieron en periodistas, corresponsales y editores para generar contenidos informativos de calidad. Luego, plataformas como Google News o Facebook llegaron y comenzaron a agregar, enlazar y distribuir esas noticias sin coste alguno, atrayendo a millones de usuarios y embolsándose la inmensa mayoría de los ingresos publicitarios digitales.
Los medios vieron cómo sus suscripciones y su publicidad en papel se desplomaban, mientras que las tecnológicas se convertían en los nuevos señores de la atención. El desequilibrio de poder económico se hizo insostenible. Australia fue el primer país en atreverse a legislar al respecto, y ahora refuerza su apuesta con este Incentivo para la Negociación de Noticias.
El viceministro de Hacienda australiano, Daniel Mulino, lo explicó en el parlamento: "El modelo económico que sostiene al periodismo se vio afectado por el crecimiento de las grandes plataformas digitales, que obtienen beneficios a partir del contenido informativo y de la atención que este genera. Este nuevo régimen busca hacer que el sistema sea más justo".
Un precedente que ya inspira a otros países
El modelo australiano no es una isla. Canadá aprobó en 2023 su propia Online News Act, muy similar en espíritu, que obliga a Google y Meta a negociar con los editores canadienses. Meta, en respuesta, bloqueó temporalmente el acceso a noticias en sus plataformas para los usuarios canadienses, pero finalmente cedió y alcanzó acuerdos.
En Europa, la directiva de derechos de autor y la Ley de Mercados Digitales (DMA) ya han abierto la puerta a mecanismos de remuneración por el uso de fragmentos de noticias, aunque con enfoques distintos. Francia, por ejemplo, ha logrado que Google pague a los editores franceses en virtud de los "derechos conexos" al copyright.
Lo que hace especial a la norma australiana es su combinación de obligación de negociar con un impuesto disuasorio, creando un incentivo muy concreto y medible. El resto del mundo observa con atención, y no sería extraño que otros gobiernos, especialmente en Europa y América Latina, estudien copiar el esquema.
El futuro del periodismo
Para los editores australianos, la ley representa un salvavidas en un momento en que las redacciones se reducen y los cierres de periódicos locales son moneda corriente. Según cálculos oficiales, la inyección de unos u$s 350 millones anuales podría financiar cientos de puestos de trabajo periodístico y recuperar la cobertura de temas locales que las grandes cadenas abandonaron.
Pero también hay incertidumbre. Algunos críticos advierten de que las plataformas podrían optar por reducir su exposición a noticias en sus feeds, minimizando así el tráfico hacia los medios, como ya hizo Meta en Canadá. Sin embargo, el gobierno australiano confía en que el gravamen del 2,5% sea lo suficientemente elevado como para que a las tecnológicas les resulte más rentable negociar que retirarse.
Otra duda es cómo afectará a los usuarios. Si las plataformas tienen que pagar por los fragmentos de noticias, ¿limitarán los enlaces o los resúmenes? Australia dejó claro que el acuerdo debe garantizar el acceso público a la información, pero los detalles se definirán en las negociaciones bilaterales.
Un cambio de rumbo irreversible
Australia demostró que no teme enfrentarse a las grandes tecnológicas y que está dispuesta a usar su legislación interna para corregir un desequilibrio global. La nueva ley no es solo una herramienta de presión fiscal; es una declaración de principios: los contenidos periodísticos tienen valor, y quien se beneficie de ellos debe pagar por ello.
El camino no será fácil. Las empresas afectadas ya han mostrado su descontento y es probable que recurran a argucias legales o tácticas de presión. Pero el precedente está sentado, y otros países miran el experimento australiano con lupa. Si funciona, podría extenderse como un reguero de pólvora, cambiando para siempre la relación entre el periodismo y el poder digital.
Mientras tanto, los periodistas australianos —y los de medio mundo— observan con esperanza. Al fin y al cabo, como recordó el primer ministro Albanese, esta ley no va de recaudar impuestos, sino de "apoyar a los periodistas". Y en una era de desinformación y algoritmos, quizá esa sea la batalla más importante de todas.
Fuente: diarionorte.com
