Expertos en derechos humanos por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortaron al gobierno de México “a mantener los estándares más altos” para enfrentar la crisis de desaparecidos, por lo que propuso un plan de apoyo.

En un comunicado, indicaron que el pasado 2 de abril el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), dijo apoyar en las acciones por lo que solicitó remitir urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que ésta considere medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, sanción y erradicación de las desapariciones forzadas.

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Los expertos recordaron que el CED solicitó a la Asamblea General considerar la adopción de medidas orientadas a:

proporcionar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigaciones exhaustivas;

y (b) establecer un mecanismo eficaz para el esclarecimiento de la verdad y para brindar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y personas defensoras que las apoyan”, señaló la ONU.

“Subrayamos la importancia de que estos esfuerzos se desarrollen con un espíritu constructivo por todas las partes, colocando en el centro la búsqueda de verdad y justicia para las familias y que todas las acciones deben mantenerse enfocadas en atender las demandas de los familiares de las personas desaparecidas, muchas de las cuales llevan esperando respuestas durante días, meses, años e incluso décadas”, destacó.

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Precisó que dicha cooperación técnica ha demostrado ser un instrumento eficaz para fortalecer las capacidades nacionales existentes, particularmente al fomentar la participación más amplia posible de todos los sectores de la sociedad, incluidas las víctimas de desaparición forzada.

“Hacemos un llamado al Estado para que solicite cooperación técnica internacional, incluida aquella proveniente de los actores que forman parte del sistema de las Naciones Unidas, con el fin de abordar la situación de las desapariciones forzadas en México, incluida la denominada ‘crisis forense’ y otras cuestiones de preocupación previamente señaladas mediante comunicaciones y declaraciones públicas”.

En ese sentido, recordó que el trabajo de los y las expertas de la ONU se rige por marcos normativos establecidos que salvaguardan la independencia y la imparcialidad.

“Entre ellos se encuentran las directrices sobre la independencia e imparcialidad de los miembros de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos conforme a las cuales los miembros de los órganos de tratados se comprometen a respetar dichos principios al formular su declaración solemne conforme al tratado correspondiente, así como el Código de Conducta que regula a los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales”, explicó.

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Mencionó que los expertos de la ONU se adhieren a estos marcos reglamentarios, pues exigen los más altos estándares de conducta ética e integridad profesional en el ejercicio de sus mandatos.

“México tradicionalmente ha mantenido una relación constructiva con los mecanismos internacionales de derechos humanos y esperamos que dicha cooperación continúe en este momento crítico, guiada por las demandas de las familias de las personas desaparecidas para alcanzar la verdad, justicia, rendición de cuentas y medidas de reparación las cuales no pueden – ni deben – seguir postergándose”, recalcó.