Luego de que la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 12 de abril, fuera blanco de críticas por irregularidades técnicas y el conteo de votos se extendiera por más de un mes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalmente anunció los nombres de los candidatos que irían al balotaje, el 7 de junio.

La derechista Keiko Fujimori y el congresista de izquierda Roberto Sánchez se medirán en un escenario similar al de 2021, con dos políticos ideológicamente opuestos y una polarización con discursos de "fraude" sin evidencia como antesala.

Pese a que en un inicio el ultraconservador Rafael López Aliaga parecía ocupar el segundo lugar de la primera vuelta tras dominar las preferencias en Lima, este quedó fuera por menos de 20.000 votos cuando las zonas rurales inclinaron la balanza para Sánchez. La victoria de Fujimori y Sánchez–aunque a la espera de la proclamación de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)–fue evidente por semanas. Sin embargo, la conclusión del conteo por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se retrasó debido a pedidos de anulación de actas, auditorías y otros recursos presentados por López Aliaga, quien –con insultos– continúa tildando de "adulterado" todo el proceso y rechaza asumir el puesto que ganó como senador.

En la fragmentada primera vuelta, que originalmente tuvo a 35 contendores y a la que fueron llamados a participar 27 millones de peruanos, Fujimori, del partido Fuerza Popular, y Sánchez, de Juntos por el Perú, obtuvieron apenas un 17,1% y un 12% de respaldo popular, respectivamente. Con este magro arrastre político, los dos jugarán sus últimas cartas de campaña para convencer a más de un 80% de electores que inicialmente no prefirió a ninguno. El elegido, además, deberá gobernar la república desde el próximo julio hasta el mismo mes de 2031, buscando romper con una inestabilidad que ha sido fulminante para otros mandatarios.

A lo largo de la última década, la nación latinoamericana ha tenido hasta ocho presidentes –entre renunciantes, destituidos e interinos– debido a una permanente confrontación desde el Ejecutivo y el Congreso, lo que ha disparado la desafección ciudadana por los políticos y atomizado el voto a niveles nunca vistos. Especialistas entrevistados por France 24 en Español analizaron qué permitió a cada candidato reflotar entre la oferta y qué elementos han condicionado a que Perú se encamine a una nueva Administración que nace de números poco representativos.

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Esta es la cuarta vez consecutiva que la derechista Keiko Fujimori asegura su lugar en una segunda vuelta presidencial. Según los analistas, a Fujimori la ha acompañado siempre un "voto duro" –o fidelizado– suficiente para pasar una primera vuelta, pero muy pequeño y estático como para garantizarle una victoria final. 

“Pasar a una segunda vuelta con algo de 17% de votos no es propio de una candidatura sólida"

De acuerdo con un estudio de la encuestadora Ipsos, en la última semana postelectoral de abril, Fujimori y su oponente Sánchez partieron igualados –con un 38% de intención de voto– hacia la segunda vuelta del próximo junio. La cifra ubica a la candidata en mejor posición que en los sondeos tempranos a los balotajes de 2021, 2016 y 2011; años electorales en los que compitió y perdió contra los ahora expresidentes Pedro Castillo, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala, respectivamente.

Pese a liderar un partido organizado, Fujimori tiene menos arraigo popular y representación que hace 15 años. Así lo explicó, consultado por France 24 en Español, el analista político peruano Jeffrey Radzinsky Buchuk. “Pasar a una segunda vuelta con algo de 17% de votos no es propio de una candidatura sólida. Es endeble y es similar a lo que obtuvo hace cinco años. El activo principal de Fuerza Popular es el apellido Fujimori y eso es lo que mueve un voto duro y asegura cierta potencia frente a liderazgos tan débiles como los que ha habido en esta competencia”, subrayó Radzinsky.

Adicionalmente, los balotajes de Fujimori se han caracterizado por reactivar entre la población a un viejo enemigo: la división nacional que genera el fujimorismo desde los tiempos de su padre. La figura del fallecido expresidente Alberto Fujimori –cuyos periodos de gobierno, entre 1990 y 2000, terminaron cayendo con el peso de acusaciones de corrupción, fraude electoral y muertes extrajudiciales– suele agudizar diferencias políticas entre los peruanos. En la actualidad, no hay un consenso ciudadano sobre lo que representa el exmandatario: un lado defiende algunas de sus exitosas políticas públicas y el otro condena sus rasgos autocráticos y los crímenes por los que fue procesado.

Pero el llamado "antifujimorismo" –o antivoto al partido naranja– también tiene adhesión más reciente, centrada en cuestionamientos al desempeño parlamentario de Fuerza Popular, el partido fundado por Keiko Fujimori. En 2016, cuando Fujimori Higuchi no logró la Presidencia, su organización política ingresó al Congreso con 73 de los 130 escaños y una agenda confrontacional al débil gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quien terminó renunciando dos años después. Varios especialistas han indicado que este episodio inició la seguidilla de hecatombes políticas y excesos legislativos que ha tenido Perú en la última década.

Para la politóloga peruana Kathy Zegarra Díaz, si bien una mayoría de peruanos podría responsabilizar de la crisis institucional a Fuerza Popular y a otras organizaciones políticas que concentran el poder en el Congreso, es importante anotar que el pase a segunda vuelta de Keiko Fujimori no debe ser leído como una contradicción.

Con los resultados de esta primera vuelta, "estamos viendo que un gran porcentaje, más de un 80% de votantes, no apoya a Fujimori. Entonces, sí se condice la realidad del ‘antifujimorismo’ con el hecho de que el voto a Fujimori sea tan pequeño, aun cuando este le haya alcanzado para ir a segunda vuelta”, explicó Zegarra.

Antes de la votación de abril, se registraron situaciones externas a la campaña que favorecieron la candidatura de Fujimori. Una fue el archivamiento de la investigación en su contra por presunto lavado de activos, un caso que la había llevado a prisión preventiva hasta en tres ocasiones. Otra, fue el hecho de que el exfiscal encargado de esa acusación asumiera la defensa legal del exmandatario Pedro Castillo, quien fuera oponente de Fujimori en 2021 y que hoy cumple condena por un intento de golpe de Estado.

En su plan de gobierno, la candidata eleva un discurso de mano dura frente a la inseguridad –que en esta campaña matizó con la palabra "orden"– y ofrece el reforzamiento policial en las fronteras. En declaraciones públicas, también ha propuesto deportar a inmigrantes con estatus irregular y crear tribunales con “jueces sin rostro” bajo la premisa de proteger a magistrados que procesen casos de sicariato o extorsión. La medida –que rigió en el gobierno de su padre para personas acusadas de terrorismo– despierta controversia, ya que el anonimato de jueces ha sido identificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como una contravención al debido proceso.

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La última ocasión en que Roberto Sánchez estuvo muy cerca del Poder Ejecutivo fue como ministro de Comercio Exterior en el gabinete de estreno del ahora expresidente Pedro Castillo. Su gestión sobrevivió a varias recomposiciones del equipo ministerial hasta culminar el 7 de diciembre de 2022, día en el que Castillo lideró un fallido golpe de Estado que devino en su destitución y encarcelamiento.

Sánchez Palomino es congresista por Lima con su propio partido, la organización política de izquierda Juntos por el Perú. Pese a que hoy defiende la inocencia de Castillo y promete indultarlo, desde su escaño parlamentario había votado en abstención sobre la vacancia del exmandatario y, en otra ocasión, condenado el intento de rebelión.

"Su primer motor es ser el principal beneficiario del voto ‘castillista’, pues hay un sector de la ciudadanía que sigue pensando que Castillo fue víctima del sistema al ser destituido"

Durante este tramo de la carrera electoral a Palacio de Gobierno, Sánchez Palomino ha consolidado popularidad en varias regiones de Perú, con especial concentración en el sector rural y andino. Al igual que Pedro Castillo en 2021, Sánchez superó largamente en votación a otros candidatos en los departamentos de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, y Puno.

“Roberto Sánchez tiene dos grandes motores en esta campaña. Su primer motor es ser el principal beneficiario del voto ‘castillista’, pues hay un sector de la ciudadanía que sigue pensando que Castillo fue víctima del sistema al ser destituido. El segundo motor es que ha tenido capacidad de movilización: es fuerte en zonas rurales, pero también tiene presencia en los sectores menos privilegiados de algunas zonas urbanas”, comentó Radzinsky.

No obstante, el analista resaltó que el candidato también carga con pasivos de cara al balotaje. Uno de ellos es el hecho de pertenecer al Congreso, institución que es desaprobada por un 83% de peruanos. Sánchez, además, ha sido denunciado constitucionalmente por supuestos actos de corrupción durante su tiempo como titular de Comercio Exterior y actualmente se le investiga por un presunto desvío de fondos que correspondían a su partido.

A lo largo de su gira regional proselitista, Sánchez ha tratado de emular al expresidente Pedro Castillo en retórica y símbolos, portando incluso su recordado sombrero cajamarquino. Para la politóloga Kathy Zegarra, el candidato de Juntos por el Perú aplica una estrategia que le ha permitido alejar del imaginario su origen parlamentario y presentarse como alguien cercano a la población. No obstante, advierte que Sánchez no podrá sostener ese personaje de heredero político de Castillo por mucho tiempo.

“Sánchez intenta encarnar a Pedro Castillo, pero no tiene sus mismos activos. No necesariamente logra conectar con la gente como lo hizo Castillo, quien genuinamente era un profesor de escuela rural. En cambio, Sánchez es miembro de un Congreso altamente impopular y eso se lo harán notar. Su techo electoral, en ese sentido, puede ser más bajo que el que tuvo Castillo”, sostuvo.

No obstante, lo más marcado de este camino a la segunda vuelta es la polarización. La especialista agregó que este tramo tendrá elementos similares a los de 2021, cuando la disputa por la Presidencia entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo movilizó –entre la población y los sectores de poder– discursos fraudistas, improperios y un llamado al "anticomunismo". “Seguramente, veremos un clivaje de derechas e izquierdas, sectores ciudadanos con discursos racistas o clasistas, el ‘terruqueo’ y también una reactivación del antifujimorismo”, estimó Zegarra.

En su plan de gobierno, Sánchez propone reformas radicales en temas ecónomicos, como la renegociación de tratados de libre comercio, el dominio expreso del Estado sobre todos los recursos naturales de la nación y el control de precios. Además, plantea medidas lesivas a la libertad de expresión, como “veedurías ciudadanas” sobre el contenido de los medios privados. Pero lo más llamativo de su plan es el diseño de una nueva Constitución por la vía de una Asamblea Constituyente. La candidatura de Sánchez tiene el respaldo público de Antauro Humala, un exmilitar, hermano del expresidente Ollanta Humala, que sirvió tiempo en prisión por crímenes contra policías en un fallido intento de sublevación en 2005, conocido como el ‘Andahuaylazo’.

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En las semanas previas a la primera vuelta, los sondeos venían mostrando ligeros descensos de intención de voto hacia la postulación del empresario Rafael López Aliaga, líder del partido Renovación Popular, quien había renunciado como alcalde de Lima para estos comicios generales. Tras los indicios de errores logísticos en la jornada electoral y mientras aún se desarrollaba el conteo que lo ubicaba en pelea de voto a voto con Roberto Sánchez, López Aliaga, acusó –sin evidencia suficiente– un supuesto fraude dirigido a perjudicarlo. 

"Fue un candidato presidencial con poco autocontrol en casi todos los contextos"

Desde sus redes sociales y eventos públicos, pidió la “captura en flagrancia” del ahora ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, amenazó con violentar sexualmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), demandó la nulidad de todo el proceso y llamó a la ciudadanía limeña a la insurgencia.

“López Aliaga había sido líder en preferencias de manera relativamente consistente por semanas o incluso por meses. Aun así hay que reconocer que fue un candidato presidencial con poco autocontrol en casi todos los contextos. En la campaña lo hemos visto insultar y perder las formas muy fácilmente, lo que explica quizá en parte su ligera caída y el crecimiento que tuvieron algunos otros candidatos”, indicó el analista político Jeffrey Radzinsky a este medio.

Conocido por su lenguaje procaz, su tendencia a citar información falsa y su populismo religioso, el excandidato presidencial logró, paralelamente a su derrota, una amplia votación para el Senado, puesto al que había postulado en simultáneo. Sin embargo, hasta hace unos días, López Aliaga afirmó que no asumiría el cargo si es que los jurados electorales especiales no anulaban las cientos de actas impugnadas por su partido.

El último viernes, el comité ejecutivo del partido Renovación Popular circuló por redes sociales un comunicado en el que reitera la hipótesis de un supuesto fraude en las urnas. En la misma carta, señala haber “agotado todas las instancias” para revertir su desventaja y anuncia a sus votantes que, desde su próxima bancada en el Parlamento, “desmantelará” a la “organización criminal que pone en riesgo la democracia y la libertad”.

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Durante la campaña, ninguno de los 35 candidatos presidenciales registró picos de popularidad en los sondeos. La opción más expectante –Keiko Fujimori– apenas superaba el 10% de intención de voto. Estos pronósticos se vieron luego reflejados en una elección altamente dispersa, con hasta 27 postulantes que no consiguieron ni el 2% de respaldo.

Para el analista político Jeffrey Radzinsky, Perú experimenta el punto más bajo de un deterioro político que viene de años y que ha empujado a los ciudadanos a distanciarse de quienes los representan o buscan representarlos. Eso explica que el sufragio se haya fragmentado al punto de considerar que ningún candidato llega con ventaja y que el eventual nuevo gobierno deberá construir legitimidad sobre la marcha.

“Es una gran paradoja porque tenemos una población que toma distancia de la cuestión pública en relación a sus representantes y que, al mismo tiempo, está genuinamente preocupada por problemas nacionales como la inseguridad ciudadana, las fallas en el sector salud (...) Entonces, no es que los asuntos políticos les sean indiferentes. Lo que ocurre es que los representantes o aspirantes a serlo no generan un eje de conversación ni tampoco han demostrado fiabilidad. Como consecuencia, hemos tenido una campaña fría, marcada por la desconexión y el repudio de la gente”, comentó Radzinsky.

Iván Lanegra Quispe, jefe de la Oficina de Actualidad y Coyuntura de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coincidió en advertir que la primera foto de estos comicios –con alta dispersión del voto y candidaturas sin respaldos sólidos– demuestra la profunda precariedad institucional y el descrédito a los que han llegado los partidos políticos.

“Los partidos políticos deberían ser los actores que formen convicciones y puntos de referencia claros entre los electores, pero lo que hemos tenido es un deterioro progresivo y un contexto de incesante enfrentamiento entre poderes con el uso cuestionable de herramientas constitucionales (en referencia a la disolución del Congreso y a la destitución presidencial por incapacidad moral). A esto hay que sumarle unas reglas y modificaciones electorales que también son producto del Congreso y que han sido convenientes para los partidos, pero perversas en su efecto y, para muestra, hemos tenido este nivel de fragmentación electoral”, refirió Lanegra.

En este proceso electoral, los peruanos también eligieron un nuevo Congreso bicameral, pero el sufragio tan fragmentado también ha repercutido en su composición. De momento, de los 34 partidos que compitieron con listas al Parlamento, solo seis pasaron la valla mínima del 5% de votos. Esto quiere decir que al menos 28 organizaciones políticas han quedado fuera y sus electores no tendrán representación en este poder del Estado durante el próximo quinquenio.

Los partidos que consiguieron escaños son Fuerza Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación, y Partido Cívico Obras. Tanto el Partido del Buen Gobierno, que lanzó a la Presidencia al exministro centrista Jorge Nieto, como los dos últimos mencionados son agrupaciones que entrarán por primera vez al Parlamento, cambiando la correlación de fuerzas y eliminando a organizaciones de larga presencia como Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Avanza País.

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