En un contexto de transición económica y ajustes regulatorios, la infraestructura vuelve a ocupar un lugar central en la conversación pública. La pregunta ya no es si se invertirá, sino cómo, en qué sectores y con qué velocidad, particularmente en áreas estratégicas como energía, transporte, agroindustria e inmobiliario.

Durante años, hablar de infraestructura en México fue hablar de potencial. Hoy, esa narrativa comienza a desplazarse —gradualmente, pero con mayor claridad— hacia la ejecución.

El arranque de cada administración suele venir acompañado de cautela: se revisan proyectos, se redefinen prioridades y la inversión pública avanza con paso contenido. Sin embargo, el entorno actual muestra señales distintas. La continuidad de iniciativas como el Plan México, junto con recientes ajustes regulatorios —especialmente en el sector energético—, empieza a sentar las bases para una reactivación más ordenada de proyectos estratégicos.

Uno de los espacios con mayor margen de oportunidad es la infraestructura de transmisión y distribución eléctrica. En este frente, la reactivación de esquemas de inversión por parte de la Comisión Federal de Electricidad envía una señal relevante al mercado, no solo por su impacto directo, sino por su capacidad de detonar inversiones adicionales a lo largo de diversas cadenas productivas.

En ese sentido, el sector energético se perfila como uno de los principales catalizadores de inversión en los próximos años. La transición hacia energías limpias ha dejado de ser una aspiración de largo plazo para convertirse en un motor tangible de crecimiento. La expansión de parques solares y eólicos, el avance de la generación distribuida, el desarrollo de soluciones de almacenamiento y la infraestructura asociada a la movilidad eléctrica están abriendo oportunidades en distintas regiones del país.

Más allá del cambio en la matriz energética, este proceso tiene implicaciones estructurales profundas. Impulsa el desarrollo regional, fortalece cadenas de valor locales y posiciona a México en una conversación global sobre sostenibilidad y competitividad. No obstante, su consolidación exige esquemas de financiamiento más sofisticados y una ejecución alineada con estándares internacionales.

Otros sectores estratégicos también comienzan a mostrar dinamismo. El agroalimentario, con una perspectiva de crecimiento moderado, está siendo impulsado por segmentos de mayor valor agregado, como la agroindustria, la proteína animal y el sector hortofrutícola. En este caso, el desafío ya no se limita a la producción, sino a la integración eficiente de cadenas de valor completas, donde el financiamiento juega un papel clave para articular proveedores, productores y canales de comercialización.

En el ámbito inmobiliario, la evolución es igualmente significativa. El desarrollo de proyectos responde cada vez más a enfoques integrales que incorporan sostenibilidad, conectividad y viabilidad financiera. Instrumentos como el crédito puente y el financiamiento estructurado permiten a los desarrolladores —desde proyectos boutique hasta iniciativas de gran escala— avanzar con mayor certidumbre, al financiar hasta 65% del valor final. Esto facilita la materialización de proyectos que inciden directamente en vivienda, infraestructura urbana y desarrollo regional.

¿Estamos, entonces, frente a un nuevo ciclo de inversión en infraestructura? La evidencia apunta a una reactivación, aunque con matices. No se trata de un crecimiento homogéneo ni inmediato, sino de un proceso selectivo, impulsado por sectores estratégicos y acompañado por una mayor participación de capital privado y de instituciones financieras, que encuentran en el financiamiento estructurado una vía para transformar intención en realidad.

Más que un punto de llegada, el momento actual representa el inicio de una nueva etapa: una en la que la infraestructura deja de ser solo una promesa recurrente y comienza a consolidarse como un eje tangible del desarrollo económico y social, capaz de sentar las bases del país que queremos construir hacia adelante.

*El autor es director general adjunto de Multiva.