“Uno se siente preso, sin libertad”, afirma Alicia*, cuyo nombre verdadero prefiere omitir por temor. La especialista cubana explica que mientras participó del programa de médicos en el extranjero no podía tramitar un pasaporte ordinario en Cuba y que, al llegar a los destinos asignados, las autoridades retenían sus documentos. Esa pérdida de control sobre su identidad marcó, dice, el inicio de una dinámica que limitaba su autonomía dentro y fuera del trabajo.

Alicia prestó servicio en Venezuela y Timor Oriental, un destino remoto en el sudeste asiático. En su vida cotidiana como médica en un lugar tan lejano, recuerda condiciones precarias: viviendas compartidas con hasta diez personas, sin privacidad, jornadas laborales extensas y escasez de recursos en los centros de salud. Asegura que, además, existía presión para reportar cifras médicas infladas.

“Si tú operas cinco pacientes, tienes que poner diez para que el Gobierno saque su estadística”, relató a France 24.

La mujer participó del foro “Esclavitud moderna y misiones médicas cubanas en México”, realizado en Ciudad de México y organizado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, una ONG con sede en Miami que intenta visibilizar la situación de alrededor de 24.000 profesionales desplegados en 56 países.

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La médica también denuncia que el Estado cubano retenía cerca del 75% de su salario y que su movilidad estaba restringida, incluso fuera del horario laboral. Ese conjunto de condiciones, sumado a la imposibilidad de llevar una vida social o tomar decisiones propias, la llevó a abandonar el programa. La decisión implicó un costo personal alto: no poder regresar a Cuba durante años ni reencontrarse con su familia, mientras intenta rehacer su vida en México en un limbo migratorio que le impide ejercer su profesión.

De acuerdo con la legislación cubana vigente, el abandono de misiones en el extranjero puede ser sancionado con penas de hasta ocho años de prisión, además de derivar en medidas administrativas y migratorias que clasifican a estos profesionales como “no admisibles” en su propio país.

“Tenemos que trabajar en lo que aparezca, excepto en salud, en cualquier cosa particular, privado”, afirma la mujer, quien lleva más de un año y medio en trámites para conseguir un asilo que le permitiría intentar retomar su vida como médica en México.

“No tenemos acceso a salud pública todavía hasta que no tengamos una residencia. Luego de la residencia, si nos la llegaran a dar, podemos revalidar y podemos integrarnos al sistema. Mientras tanto, no lo podemos hacer.”, relata.

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Frente a las críticas, el Gobierno mexicano ha defendido el acuerdo como una respuesta necesaria a las carencias del sistema de salud local.

A finales de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la cooperación médica con Cuba es resultado de un “muy buen acuerdo bilateral de mucha ayuda para México” y reiteró la decisión de mantenerlo pese a la presión externa y a la cancelación de convenios similares en países como Honduras, Guatemala o Jamaica.

La mandataria enmarcó el programa dentro de una lógica de cooperación y cobertura sanitaria. Recordó que los primeros médicos cubanos llegaron durante la pandemia y subrayó que su presencia responde a la falta de especialistas en ciertas regiones del país.

Ante los señalamientos de funcionarios estadounidenses —como el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha calificado estas brigadas como trabajo forzado—, Sheinbaum rechazó que existan irregularidades en la remuneración:

“Se les paga lo que se les tiene que pagar. Ellos reciben su salario. No es que ‘vengan aquí y les pague el Gobierno cubano allá lo que quiera’, no. Se les paga un salario. Y es parte, evidentemente, de un acuerdo bilateral”, comentó.

En la misma línea, la Embajada de México en Estados Unidos respondió a las acusaciones del congresista republicano Mario Díaz-Balart, quien señaló posibles vínculos con trata de personas. La representación diplomática sostuvo que las alianzas en el sector salud “garantizan una remuneración directa para los profesionales médicos y condiciones laborales dignas”, y aseguró que los trabajadores extranjeros reciben las mismas condiciones que los mexicanos, conforme a la legislación nacional.

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La continuidad del programa de parte de México ocurre además en un contexto económico delicado para Cuba. La isla enfrenta una profunda crisis energética, agravada por restricciones externas y el endurecimiento de sanciones impulsadas por la Administración de Donald Trump, que buscan limitar sus fuentes de financiamiento. En ese escenario, México se ha mantenido como uno de los pocos aliados que sostienen apoyo activo, no solo a través de la cooperación médica, sino también mediante el envío de ayuda humanitaria y combustibles.

“Se les paga lo que se les tiene que pagar. Ellos reciben su salario.

Pero, para Oscar Grandío, especialista en historia cubana, mantener el programa en México responde más a un tema ideológico. "No es un tema humanitario, no es un tema para beneficiar a la población mexicana, sino que es un tema evidentemente de un esquema financiero que busca extraer recursos desde el Gobierno mexicano hacia Cuba".

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Las críticas al programa no se limitan al plano ético, sino que escalan hacia el terreno jurídico. Grandío sostiene que la participación de México en este esquema podría implicar el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de trabajo forzoso. “El Estado mexicano viola, digamos, todas las convenciones internacionales sobre trabajo forzado y esclavitud moderna, de las que México es signatario”, aseguró.

El experto apunta específicamente a instrumentos como el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo y su protocolo sobre esclavitud moderna, así como al Convenio 105, que prohíbe de forma absoluta el trabajo forzado. “México, al ser signatario de estos convenios internacionales y aplicar un programa de médicos que viola estos convenios que México ha firmado, se convierte en un violador de los tratados internacionales”, sostiene.

El argumento central, según el especialista, radica en la estructura misma del programa. A diferencia de un esquema de contratación directa, en el caso cubano —explica— el vínculo laboral no se establece entre el médico y el Estado receptor, sino a través de una entidad del Gobierno cubano que intermedia los contratos y administra los pagos. “Estos salarios no son entregados a los médicos cubanos. Estos salarios son retenidos […] y se paga solo entre el 20% y el 10%”, afirma, al tiempo que describe restricciones de movilidad y control sobre la vida personal de los profesionales.

Para Grandío, este diseño no solo plantea cuestionamientos laborales, sino que también abre un frente comercial. Señala que México, donde hay alrededor de 3.000 médicos cubanos, como parte del tratado de libre comercio de América del Norte, T-MEC, podría estar incumpliendo disposiciones vinculadas con la prohibición del trabajo forzado.

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Aunque la legislación estadounidense contempla posibles sanciones para funcionarios involucrados en estos esquemas, Grandío considera que Washington ha optado por una estrategia de contención. “Estados Unidos […] está tratando de maniobrar políticamente con el Gobierno mexicano, tratando de pausar estas sanciones”, afirma . En ese contexto, el caso se convierte en un punto de fricción potencial dentro de una relación bilateral ya tensionada por otros temas.

Para Eduardo Calderón, dirigente del colectivo Fuerza Comunitaria, definir las misiones como “esclavitud” parte de una lectura incompleta y atravesada por intereses geopolíticos. “Reducirlas a conceptos como ‘trabajo forzado’ resulta simplista y más cercano a una herramienta de ataque ideológico que a un análisis integral del fenómeno”, sostiene, al señalar que estas críticas suelen ignorar el impacto sanitario de las brigadas en contextos de crisis.

Desde su perspectiva, el modelo no responde a una lógica laboral tradicional, sino a acuerdos entre Estados y explica que los contratos se establecen a nivel gubernamental y que los ingresos generados no se conciben únicamente como salario individual, sino como un mecanismo para sostener el sistema de salud cubano.

“Reducirlas (las misiones médicas cubanas) a conceptos como ‘trabajo forzado’ resulta simplista y más cercano a una herramienta de ataque ideológico que a un análisis integral del fenómeno”.

“Existe una lógica más colectiva en la organización de los recursos”, afirma, en contraste con enfoques que analizan el esquema únicamente desde parámetros de mercado.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha reivindicado el carácter solidario de las misiones y su valor simbólico para el país. “Los médicos cubanos son el orgullo de la nación y de muchas naciones del mundo”, afirmó recientemente. Ya en 2018, había subrayado esa misma narrativa al señalar: “Ustedes asumieron que la dignidad no se negocia, demostraron que los médicos cubanos no trabajan pensando en el dinero que les puedan pagar”. Ante las acusaciones de explotación, el mandatario ha sido enfático: “Llamar esclavos a un hombre libre es ofensivo, irrespetuoso”, dijo. 

"México no debe ceder ante la presión imperial y debe extender la mano a un pueblo que ha sido ejemplo de resistencia y dignidad", afirma, en ese sentido, Calderón y agrega que, "si bien se puede llegar a escenarios en los que el Estado mexicano quede atado por presiones económicas o diplomáticas, también ha demostrado capacidad de adaptación para encontrar mecanismos de apoyo más allá de los límites impuestos por el contexto internacional".

En enero de 2021, incluso, el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos formalizó en Caracas la postulación del contingente Henry Reeve al Premio Nobel de la Paz por su labor durante la pandemia de Covid-19. La candidatura, respaldada por organizaciones médicas y redes internacionales afines a Cuba, destacó su despliegue en decenas de países en momentos de colapso sanitario.

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Pero, el relato de un enfermero cubano con dos décadas de experiencia introduce otro ángulo del programa: su dimensión política. Durante sus misiones en Venezuela —entre 2016 y 2019, y luego por otros tres años— asegura a France 24 que su trabajo no se limitó al ámbito sanitario. “Nos enviaban casa a casa a hacer propaganda a favor del chavismo. Tienes que votar por tal persona. Y eso sí me restó un tiempo porque yo no fui a hacer política, yo fui con juramento hipocrático”, aseguró.

“Un CDI (Centro de Diagnóstico Integral) que parecía una cueva”, recuerda, al describir un sitio sin electricidad, sin camas y sin insumos básicos, donde —según relata— no había pacientes reales hospitalizados. Aun así, debían registrar actividad médica ficticia: “Se registraban fantasmas para poder cumplir la estadística […] si no atendíamos ningún paciente, nos sacaban de ahí y nos mandaban para Cuba”, recuerda otro enfermero bajo anonimato.

“Sí es una esclavitud en el sentido ese de que no te pagan lo que tienes que hacer”, sostiene, al referirse tanto a la retención salarial como a las condiciones laborales y de control.

Las denuncias sobre las misiones médicas cubanas no son nuevas. Ya en 2018, un grupo de médicos cubanos presentó una demanda en Miami contra la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a la que acusó de haber facilitado lo que describieron como un esquema de “tráfico humano” y “trabajo forzado” dentro del programa Mais Médicos en Brasil. Según los demandantes, la intermediación del organismo permitió la implementación del acuerdo sin garantizar condiciones laborales ni salariales justas para los profesionales.

Años después, el tema volvió a escalar en la agenda internacional. En 2025, el Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra funcionarios brasileños y exrepresentantes vinculados con el programa, entre ellos Mozart Julio Tabosa Sales y Alberto Kleiman, a quienes señaló por su papel en la planificación y ejecución del esquema.

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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, sostuvo que el programa habría operado a través de la OPS como intermediaria con el Gobierno cubano, lo que —según Washington— permitió eludir sanciones y canalizar pagos hacia La Habana en lugar de hacia los propios médicos.

Grandío también cuestiona la opacidad del programa en México. Señala que los convenios firmados con Cuba han sido clasificados como reservados, lo que —a su juicio— limita la posibilidad de escrutinio público y auditoría independiente.

Para Cuba, añade, el programa representa una fuente clave de divisas: uno de los principales ingresos del Estado, solo por detrás del turismo y las remesas. Un análisis de la revista cubana independiente 'El Estornudo' estima que estos servicios generaron más de 6.000 millones de dólares en 2018, una cifra que ilustra el peso estructural de este modelo dentro de la economía de la isla. Datos oficiales posteriores refuerzan esa tendencia: en 2022, la exportación de servicios médicos alcanzó los 4.882 millones de dólares, un aumento del 12% frente al año anterior, según la Oficina Nacional de Estadística e Información.

“Es un tema ideológico y es un tema que el caso mexicano en particular busca el sostenimiento del régimen cubano”, sostiene Grandío. Por su parte, Calderón responde que "México no es solo su gobierno, sino también un pueblo solidario que se ha manifestado a través de donaciones, envío de víveres y movilizaciones en respaldo al pueblo cubano".

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