El gobierno de Rusia convocó al embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas Megías, por la presunta “retención ilegal” de Kristina Vladímirovna, de 17 años, en un centro de protección de niños y adolescentes.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresaron su preocupación por la “inacción de las autoridades mexicanas en resolver el caso de la ciudadana rusa menor de edad, Kristina Romanova, que está ilegalmente detenida por los organismos públicos de tutela de México en una entidad especializada cerrada”.

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La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, denunció también que México ha pasado por alto múltiples solicitudes de Moscú, por lo que exigieron que se otorgue de inmediato el acceso consular a la menor y que se se establezcan todas las condiciones necesarias para devolverla a su país.

Argumentó que México no ha comprendido la importancia del caso, por lo que podría, incluso, calificarse como “desaparición violenta”, lo que viola tratados internacionales.

“No se ve reacción a las solicitudes remitidas al Congreso General de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la presidenta de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos, la presidenta de la Comisión para los Derechos Humanos de la Ciudad de México. Además, la detención de una menor rusa en organismos estatales de tutela y la persistente renuencia de funcionarios de las fuerzas del orden a otorgar el acceso consular a la muchacha (por última vez, lo rechazaron el pasado 10 de abril) hacen concluir que las estructuras oficiales mexicanas están involucradas en dichas violaciones”, dijo la portavoz.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusa agregó que harán todo lo que les corresponde para solucionar la situación y lograr el retorno de Kristina Romanova, e hicieron un llamado a las autoridades mexicanas para tener su cooperación basado en circunstancias diplomáticas y legales, así como en el respeto de Derechos Humanos.

El caso de Kristina Romanova se dio a conocer en 2024  cuando fue reportada como desaparecida, la alerta amber emitida detallaba que había sido vista por última vez en Toluca el 28 de septiembre. De acuerdo con la ficha, la menor se encontraba en riesgo de ser víctima de un delito.

Días después, en octubre de 2024, la Fiscalía mexiquense informó que la menor había sido localizada en Tijuana, su estado de salud era bueno y se encontraba bajo resguardo de la institución.

De acuerdo con los registros de la FGJEM y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), la menor se encontraba en un albergue del Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de la entidad (DIFEM), desde noviembre de 2023, sitio del que habría escapado en septiembre de 2024.

La madre de la menor, Marina Romanova, reconoció el 2 de octubre de 2024 que su hija fue ingresada a dicho albergue derivado de una carpeta de investigación por presunto abuso sexual en su contra, al parecer cometido por su hermanastro, delito que negó al asegurar que los resultados de los exámenes ginecológicos resultaron negativos.

De acuerdo con el medio RT, la madre adoptiva de la menor, Marína Romanova, desestimó los señalamientos y acusó en septiembre de 2024 a la institución del “secuestro” de la chica, indicando que su familia no la había visto desde que el DIF la retuvo.

Asimismo, funcionarios consulares rusos mantuvieron en verano de 2025 cuatro reuniones con la joven, durante las cuales ella solicitó regresar a Rusia.