Después de casi una década de restricciones financieras progresivas, Estados Unidos decidió abrir una grieta en el bloqueo que pesaba sobre el sistema bancario venezolano.

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió dos licencias, firmadas por su director, Bradley T. Smith, que autorizan por primera vez desde 2017 operaciones directas con entidades clave del Estado venezolano.

La medida permite que el sistema financiero internacional vuelva a interactuar con el Banco Central de Venezuela (BCV) y otras tres instituciones públicas, marcando un punto de inflexión en la política de sanciones que Washington venía endureciendo desde ese año.

La decisión se produce en medio de un proceso de intervención política estadounidense en Venezuela que se intensificó tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Desde entonces, Washington ha influido en decisiones estructurales, desde leyes sobre hidrocarburos hasta nombramientos estratégicos, mientras mantenía el cerrojo financiero.

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El alcance de las licencias es amplio y, en términos operativos, redefine el margen de acción del Banco Central y del sistema bancario estatal.

Las entidades autorizadas son Banco Central de Venezuela, Banco de Venezuela S.A., Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro.

La autorización también se extiende a cualquier institución en la que estos bancos tengan una participación directa o indirecta igual o superior al 50%.

A partir de ahora, bancos corresponsales, plataformas de remesas, procesadores de pagos y entidades financieras con sede en Estados Unidos podrán operar con estas instituciones sin violar el régimen de sanciones. Esto incluye transferencias internacionales, cambio de divisas, servicios de tarjetas, depósitos, pagos de nómina y otras transacciones que estaban bloqueadas.

En la práctica, se trata de una reconexión parcial con el sistema financiero global, que durante años había estado prácticamente cerrado para el BCV.

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Durante años, las sanciones habían generado fricciones severas en el flujo de ingresos derivados de la exportación de crudo, con pagos retenidos, intermediación costosa y dificultades para repatriar divisas.

Con la flexibilización, esos ingresos podrían circular con mayor fluidez dentro del sistema financiero, reduciendo los cuellos de botella que afectaban tanto la liquidez como la operatividad del Estado venezolano.

No es casualidad que, en paralelo, el gobierno de Delcy Rodríguez haya promovido ajustes en el sector de hidrocarburos, abriendo la puerta a una mayor participación de multinacionales. De hecho, en los últimos tres meses, la mayoría de licencias generales emitidas por la OFAC han estado orientadas precisamente a facilitar la explotación petrolera.

El anuncio llega como un respaldo anticipado para Delcy Rodríguez, quien venía solicitando alivio financiero como condición para estabilizar la economía.

“El levantamiento de las sanciones es crucial, siempre lo ha sido”, reconoció un miembro destacado del chavismo, reflejando la urgencia interna por recuperar margen de maniobra.

Lo llamativo es que Washington flexibilizó las medidas antes de asegurar cambios en la cúpula del Banco Central, una condición que se daba por descontada en Caracas. Aunque Rodríguez estaba dispuesta a renovar la dirección del BCV, el proceso ha sido complejo, varios candidatos han rechazado asumir cargos por el riesgo reputacional en un entorno institucional incierto.

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El alivio no es absoluto, ya que las licencias no implican un levantamiento integral de las sanciones.

El propio Tesoro estadounidense dejó claro que no se autoriza el desbloqueo de activos congelados. Además, cualquier transacción no contemplada sigue prohibida sin licencia específica y las sanciones individuales permanecen activas.

En este último punto, Washington mantiene presión directa sobre funcionarios incluidos en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), vinculados a corrupción o narcotráfico. La excepción reciente es Delcy Rodríguez, a quien se le levantaron las sanciones hace dos semanas.

Además, la OFAC confirmó el retiro de sanciones al procurador Reinaldo Muñoz, vigentes desde septiembre de 2020.

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