Ciudad de México, 14 abr (EFE).- El costo por contener el precio de las gasolinas y diésel mediante subsidios ayuda a suavizar el golpe a consumidores, pero implica un costo directo para las finanzas públicas al reducir la recaudación del Gobierno mexicano, advirtieron especialistas.

Ante el encarecimiento internacional de los combustibles en medio del conflicto en Medio Oriente que inició hace seis semanas y ha bloqueado el comercio en el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del comercio de petróleo mundial, el Gobierno mexicano ha aplicado estímulos fiscales al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), lo que afecta sus ingresos tributarios.

El analista Manuel Herrejón sostuvo que el ajuste del IEPS amortigua el traslado del alza petrolera al precio final, pero no elimina el costo económico, sino que lo mueve al frente fiscal.

“A través de estímulos al IEPS, Hacienda ajusta la carga fiscal sobre los combustibles para suavizar los movimientos del precio final al consumidor. Cuando el petróleo sube, el gobierno reduce el impuesto; cuando baja, lo recompone”, explicó.

A su juicio, la estabilidad “no es gratuita”, porque lo que no se paga en la estación de servicio se deja de recaudar por otra vía, con implicaciones para el presupuesto y el gasto público.

“Cada vez que el gobierno reduce el IEPS para contener el precio de la gasolina, renuncia a ingresos fiscales. No los difiere, no los recupera después: simplemente deja de percibirlos”, señaló.

Además, alertó que cuando el precio final no refleja por completo el costo real del combustible también se debilitan los incentivos para mejorar eficiencia energética y logística.

De acuerdo con estimaciones de Banamex, el costo anual de contener el alza de combustibles podría alcanzar 22.000 millones de pesos (unos 1.222 millones de dólares), mientras que el BBVA México ha estimado que la menor recaudación por IEPS a gasolinas podría alcanzar 38.000 millones de pesos (unos 2.111 millones de dólares).

En paralelo, Hacienda ha afirmado que este mecanismo se mantendrá para apoyar a consumidores y transportistas, aunque los subsidios aún no han alcanzado el 100 % en gasolinas y diésel.

A la par, el Gobierno también ha empujado acuerdos con gasolineros para contener los precios, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esos subsidios representan unos 5.000 millones de pesos semanales (alrededor de 278 millones de dólares).

La presión llega en un momento de repunte inflacionario, donde el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía reportó que la inflación anual subió a 4,59 % en marzo, con un avance de 5,05 % en el componente no subyacente.

Banxico señaló que entre enero y la primera quincena de marzo aumentó la inflación no subyacente y que pesaron, entre otros factores, mayores variaciones en electricidad y gasolina.

En ese contexto, Herrejón planteó que el debate de fondo pasa por reforzar refinación, producción e infraestructura para reducir la dependencia externa y la necesidad de estímulos recurrentes.

(c) Agencia EFE