El comité contra la desaparición forzada de personas de las Naciones Unidas (CED) anunció este jueves que solicitará remitir "urgentemente" el caso de México a la Asamblea General para que considere medidas de apoyo al país frente a este crimen.

El anuncio llega una semana después de que el gobierno presentara su más reciente informe sobre el asunto, que registra 130,178 personas desaparecidas en México desde 2006, una crisis que estalló a la par de una polémica ofensiva militar del Estado contra el crimen organizado.

La decisión del CED se basa en información que "parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad", señaló en un comunicado.

El comité tomó la "medida excepcional" de pedir a la Asamblea General que considere "adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada" que México requiere para buscar e investigar las desapariciones, así como los vínculos entre funcionarios y criminales.

Se trata de un procedimiento preventivo destinado a "movilizar la atención y el apoyo internacionales", pero no a establecer responsabilidad penal individual, aclaró el organismo, que no actúa como comisión de investigación.

La resolución toma en cuenta información de la sociedad civil, la respuesta del Estado mexicano en 2025 a una solicitud de información, y datos recopilados por el comité desde 2012, a través de exámenes periódicos, una visita al país en 2021 y denuncias de víctimas.

El CED subraya "que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas" y que en muchos casos son obra de grupos delictivos y no de agentes del Estado.

Advierte, sin embargo, que en algunos casos recibió "información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia".

"El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad (para ser considerados como tales, ndlr) se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil", dijo Juan Albán-Alencastro, presidente del CED, citado en el comunicado.