El Gobierno de México, a través de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, rechazó el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU al considerar que es “tendencioso” y omite avances institucionales en la materia registrados en los últimos años.

En un comunicado conjunto, las dependencias señalaron que el documento no incorpora las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Estado mexicano, particularmente aquellas que dan cuenta de los cambios implementados desde 2019 y, de manera más reciente, a partir de 2025.

El gobierno sostuvo que el procedimiento de la convención internacional está diseñado para contextos en los que las desapariciones forzadas son cometidas de forma sistemática por agentes del Estado, lo cual —afirmó— “no corresponde a la realidad del México actual”, donde se han emprendido transformaciones estructurales para atender este delito.

Asimismo, indicó que el propio comité reconoce en su resolución que no existen indicios de una política federal orientada a cometer desapariciones de manera generalizada o sistemática, lo que, a juicio de las autoridades mexicanas, confirma un cambio respecto a periodos anteriores.

También se cuestionó el alcance del informe al señalar que se centra en hechos ocurridos entre 2009 y 2017 —durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— y en casos localizados en cuatro entidades, sin considerar los esfuerzos recientes del actual gobierno.

Además, acusó falta de rigor jurídico en la argumentación del comité y señaló posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes, al asegurar que al menos uno de ellos habría tenido vínculos con organizaciones que han presentado denuncias contra el Estado mexicano.

El gobierno federal reiteró que en México “no se toleran, permiten ni ordenan desapariciones forzadas” y destacó que, en coordinación con colectivos de familiares, se han impulsado reformas legislativas e institucionales para fortalecer la búsqueda de personas.