El próximo 18 de mayo de 2026 se inaugurará en Ginebra la 79ª Asamblea Mundial de la Salud. Por primera vez en décadas, lo hará sin el protagonismo financiero de Estados Unidos. La salida de Washington de la Organización Mundial de la Salud (OMS), seguida por la decisión de Argentina (que se mantiene en la OPS) y el anuncio de otros gobiernos de revisar su membresía, marca el fin de un modelo que permaneció durante 7 décadas. En la rectoría mundial de la salud, el nuevo orden mundial está impactando de manera notoria.

El reacomodo no es solo presupuestal, sobretodo es de gobernanza, porque el protagonismo de EUA era económico y a partir regía en muchos sentidos. El punto es que este vacío abre una ventana histórica para que América Latina y el Caribe dejen de ser receptores pasivos de “ayuda internacional” y se conviertan en protagonistas de una nueva arquitectura sanitaria global.

Esta oportunidad no surge de la nada. Lo han previsto expertos de la región que tuvieron un encuentro en noviembre en la ciudad de México y cuyas posturas quedarán expuestas en breve.

El antecedente: En junio de 2025, el Wellcome Trust —una de las fundaciones científicas más importantes del mundo— lanzó la iniciativa “Repensando el Futuro de la Salud Global” y seleccionó a 5 comisionados regionales para proponer ideas audaces. La voz de América Latina y el Caribe recayó en la Dra. Paola Abril Campos Rivera, profesora-investigadora del Institute for Obesity Research y de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su documento base, titulado Volver a equilibrar la balanza: Una nueva arquitectura para la justicia sanitaria global, es mucho más que un análisis académico: es una hoja de ruta para pasar de un sistema centrado en donantes a uno basado en liderazgo regional, corresponsabilidad y equidad real. La Dra. Campos identifica 4 fallas estructurales profundas —éticas, políticas, técnicas y operativas— que han convertido a la salud global en un campo minado de inequidades.

Propone 4 instrumentos transformadores: 1- Rediseñar la Organización Panamericana de la Salud (OPS/PAHO) para que deje de ser un organismo de ejecución limitada y se convierta en catalizador estratégico ágil y con verdadera capacidad de coordinación regional. 2- Crear el Centro Regional de Salud Pública para América Latina y el Caribe (CRESALC), dedicado a vigilancia epidemiológica, generación de bienes públicos regionales, formación de capacidades y respuesta rápida a emergencias. 3- Desarrollar el Atlas de Conocimiento de Justicia Sanitaria, una plataforma regional impulsada por datos e inteligencia artificial que integre evidencia local y fortalezca la toma de decisiones basada en realidad latinoamericana. 4- Establecer un Fondo Regional de Justicia Sanitaria con gobernanza participativa, financiamiento equitativo y sostenible, que rompa la dependencia de donantes externos y priorice las necesidades definidas por la propia región.

Estas propuestas fueron discutidas en el encuentro de noviembre de 2025 realizado en el Tec de Monterrey campus Ciudad de México, el “Diálogo Regional de América Latina y el Caribe para Reformar el Sistema de Salud Global”. Participaron 44 líderes: exministros de salud, funcionarios, académicos y representantes de la sociedad civil de 33 países. Tras más de 75 entrevistas previas, el encuentro produjo un reporte regional con 5 propuestas estratégicas que ya están listas para la deliberación global de 2026.

Lo que hace único este proceso es que surge de una región que está consensando. Por primera vez, América Latina no espera que alguien desde Ginebra o Washington decida qué es “bueno para nosotros”. Al contrario: estamos ofreciendo soluciones concretas, adaptadas a nuestra realidad de determinantes comerciales de la salud, crisis climática, sistemas alimentarios y salud mental. Y México, mostrando un liderazgo académico con el grupo de expertos que sesionaron en el Tec de Monterrey, convocados por la Dra. Campos, tienen todo para impulsar una nueva narrativa. El nuevo orden mundial —más fragmentado, más multipolar— exige eso: una arquitectura distribuida donde la OMS se concentre en normas globales y emergencias sanitarias, mientras los organismos regionales asuman tareas técnicas, políticas y financieras. Y aquí la OPS destaca con su trayectoria porque, fundada en 1902, es la agencia de salud pública internacional más antigua del mundo.

Nuestra región tiene la densidad demográfica, la diversidad epidemiológica y la experiencia acumulada (recordemos la respuesta al COVID-19 o a las epidemias de dengue y zika) para liderar este cambio. México, como segunda economía de la región y sede de instituciones académicas de excelencia, puede y debe jugar un papel protagónico.

La columna vertebral de esta transformación es la justicia sanitaria, no como eslogan, sino como principio operativo, precisa la doctora Campos. Justicia sanitaria significa que los países de ingresos medios y bajos dejen de subsidiar, con su dependencia, un sistema que beneficia desproporcionadamente a unos pocos. Significa cooperación Sur-Sur real, regulación de industrias que impactan la salud (alimentaria, farmacéutica, tecnológica) y el reconocimiento de que la salud no es un lujo, sino un bien público regional.

El 18 de mayo está programado que inicie la Asamblea Mundial de la Salud. Los gobiernos latinoamericanos —donde México va liderando— tienen la oportunidad de llevar estas propuestas a la mesa de negociaciones. No se trata de confrontar a la OMS, sino de complementarla con una arquitectura más resiliente y equitativa. Si logramos que las propuestas latinoamericanas formen parte de la agenda oficial de 2026, habremos dado un paso histórico donde América Latina ya no pide permiso para hablar, y más bien propone soluciones.

En este contexto es de esperarse que la Asamblea 2026 de la OMS no sea una reunión más: será el escenario donde se decida si la salud del siglo XXI se construye desde el Norte o se co-construye, de manera justa y equilibrada, donde la opinión del hemisferio Sur también cuente.

Sale Funes de Canifarma; por definirse el nuevo presidente

En paralelo, la industria farmacéutica y de dispositivos médicos en México vive un momento de profunda transformación interna que no puede pasar desapercibido. Después de 17 años al frente de la dirección general de Canifarma, Rafael Gual Cosío deja el cargo, cerrando una era de estabilidad que históricamente ha sido compleja porque el organismo integra a ramas competidoras por naturaleza: la farmacéutica de genéricos y la de medicamentos innovadores. A esta salida se suma la renuncia imprevista e inesperada de Guillermo Funes Rodríguez a la Presidencia de la Cámara, quien representaba a Anafam encabezada por Jaime López de Silanes. Dado que el cargo se alterna entre Anafam (empresas nacionales) y AMIIF (trasnacionales), corresponde al primero designar con urgencia a su nuevo representante para concluir el periodo que termina en 2027; entre los perfiles que suenan con mayor fuerza destaca el Ing. Guy Jean Savoir García, presidente del Consejo de Carnot Laboratorios.

Sin embargo, más allá de los nombres y los relevos, estos cambios abruptos dejan al descubierto una división interna inocultable. Justo cuando la industria ha sido elevada a sector estratégico dentro del Plan México y enfrenta exigencias crecientes derivadas del TMEC en materia de autosuficiencia regional de insumos críticos para la salud, la unidad del gremio es una exigencia estratégica impostergable. Amelaf, cuyo protagonismo sigue subiendo, mostró fuerte unidad al elegir en forma unánime a Astrea Ocampo como su presidenta. En tanto, AMIIF, presidida por Jorge Caridad, sigue sin culminar su proceso para definir su dirección general desde la salida estropeada en julio de Larry Rubin. Llevan 9 meses en ello. ¿Por qué han tardado tanto? Mantienen a la doctora Karla Báez como encargada del despacho. No pocos se preguntan porqué no le dan ya el nombramiento formal…

Publica CSG manuales para certificar hospitales, consultorios y clínicas de hemodiálisis

Ayer sorprendió el Consejo de Salubridad General (CSG), que encabeza Patricia Clark, al publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los enlaces oficiales para consultar los Manuales del Modelo de Certificación y Estandarización de Buenas Prácticas en Atención de Servicios de Salud (MOCEBPASS), confirmando que se certificarán ahora Unidades de Hemodiálisis, Hospitales y establecimientos de Primer Nivel de Atención (consultorios), así como los Criterios para auditores y las Reglas de uso del logotipo de establecimientos certificados.

No es la primera vez que hay un proceso para estas certificaciones, En la etapa del Seguro Popular se hacía a través de la Comisión para la Certificación de Establecimientos de Atención Médica; era paso obligatorio para que los hospitales pudieran recibir recursos del Seguro Popular. Evaluaba requisitos mínimos de estructura, capacidad, seguridad y calidad. La diferencia es que era voluntario; ahora será obligatorio y ya no sólo para hospitales, sino para consultorios y los cientos de unidades de hemodiálisis que operan en el país. Es buena noticia que se retomen estos procesos de calidad bajo el actual escenario.