¿Cómo pueden desaparecer 43 estudiantes sin dejar rastro? Desde hace casi 12 años, esta pregunta retumba en la memoria colectiva de los mexicanos. Y hasta el día de hoy, no hay respuesta. Ni se ha dado con el paradero de los 43 jóvenes ni se ha sancionado a los responsables.

"Estamos hablando del caso más representativo, más emblemático del problema de la desaparición en México", destaca Fabienne Cabaret, directora de la Fundación para la Justicia, en declaraciones a DW.

En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron de manera forzada cuando se dirigían a la Ciudad de México para participar en las protestas por el aniversario de la matanza estudiantil de 1968.

"El paso del tiempo, sin resultados concretos, lleva a la frustración, al desgaste, a la división y a la pérdida de confianza. No estamos observando avances sustanciales, sino más bien un estancamiento", observa Fabienne Cabaret. "Habrá que ver qué pasa con la nueva propuesta de la presidenta", agrega.

El 23 de marzo de 2026, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que hay avances en el caso Ayotzinapa e incluso solicitó el apoyo de la ONU para esclarecerlo.

Desapariciones, masacres, fosas clandestinas: en México, la lista de casos en los que la Justicia sigue pendiente es larga. Estos son algunos que han impactado el país:

El dos de octubre de 1968, la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México, fue escenario de una matanza estudiantil con más de 300 muertos a manos de las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares.

Si bien, en su momento, el entonces presidente, Gustavo Díaz Ordaz, asumió la responsabilidad política de los hechos, nunca fue procesado judicialmente.

56 años después, en 2024, el Gobierno de Claudia Sheinbaum reconoció que se trató de un crimen de lesa humanidad perpetrado por el Estado mexicano y pidió disculpas oficialmente.

"Los casos de graves violaciones de derechos humanos en México suelen quedar impunes, o no alcanzar la Justicia completa, por falta de voluntad o de capacidad del Estado para esclarecerlos", dice a DW Stephanie Brewer, directora para México de la organización de derechos humanos WOLA.

"Cuando se investiga una violación de derechos humanos, siempre hay un reto adicional, porque esencialmente el Estado se está investigando a sí mismo. Vemos ese obstáculo en México, y se puede agudizar dependiendo del caso. Si se trata de integrantes de las Fuerzas Armadas, por ejemplo", prosigue.

Menos de tres años después, el 10 de junio de 1971, otra manifestación estudiantil fue reprimida violentamente en la Ciudad de México. Las agresiones del grupo paramilitar "Los Halcones" se saldaron con más de 100 víctimas mortales.

En 2006, el expresidente Luis Echeverría Álvarez fue condenado a prisión domiciliaria en un juicio por presunta responsabilidad por genocidio, pero fue exonerado en 2009, recuperando la libertad.

El 28 de junio de 1995, policías y agentes judiciales detuvieron dos camiones en los que viajaban miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. En esa emboscada, cerca de la localidad de Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, fueron asesinados 17 campesinos. Otros 14 resultaron heridos.

Mientras fueron detenidos algunos autores materiales de la masacre, los autores intelectuales nunca fueron procesados.

El 22 de diciembre de 1997, fuerzas paramilitares irrumpieron en una iglesia en la localidad de Acteal, en el estado de Chiapas, y asesinaron a 45 personas, incluidos niños y mujeres embarazadas.

Por faltas al debido proceso, en 2009 fue ordenada la liberación de los acusados del crimen. En 2020, el Gobierno mexicano reconoció oficialmente su responsabilidad por la matanza y ofreció una compensación económica a las víctimas.

Para Fabienne Cabaret, directora de la Fundación para la Justicia, un caso emblemático de la desaparición y matanza de personas migrantes en México es la masacre de San Fernando, en el estado de Tamaulipas.

En agosto de 2010, miembros del cártel de Los Zetas ejecutaron a 72 personas, en su mayoría migrantes centroamericanos.

En abril de 2011, fueron encontrados los restos humanos de al menos 196 personas en 48 fosas clandestinas en el mismo municipio de San Fernando.

Si bien en estos dos últimos casos ha habido algunas sentencias en contra de presuntos integrantes del cártel de Los Zetas, "en general no ha habido Justicia para las víctimas", sostiene Cabaret.

"Esos casos sirvieron al Gobierno para judicializar al cártel", prosigue, "más no para esclarecer realmente qué fue lo que pasó. Y menos aún para identificar la participación por acción u omisión del Estado".

En mayo de 2012, fueron hallados los cuerpos decapitados y mutilados de 49 personas en una carretera, cerca de la ciudad de Cadereyta Jiménez, en el estado de Nuevo León. También se responsabilizó a Los Zetas de este crimen.

En 2024, solo 19 de las 49 víctimas habían logrado ser identificadas.

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron a manos de elementos de seguridad locales, estatales y militares. Otras seis personas murieron en los enfrentamientos.

En una primera versión, conocida como la "verdad histórica", la Procuraduría General de la República determinó que policías locales habían asesinado a los estudiantes en colusión con el crimen organizado, sin participación de militares.

Más tarde, las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes contradijeron la "verdad histórica".

"En el caso Ayotzinapa, uno de los obstáculos más persistentes ha sido la negativa de la Sedena de entregar toda la información con la que cuenta", explica Stephanie Brewer, de WOLA, quien insiste en que "las violaciones de derechos humanos deberían ser investigadas por autoridades civiles, no militares", por ejemplo, las ejecuciones arbitrarias.

"Otro paso esencial es establecer verdaderos controles civiles sobre la actuación de las Fuerzas Armadas", señala la experta en derechos humanos.

Gracias a una llamada anónima, el 5 de marzo de 2025, el colectivo "Guerreros Buscadores de Jalisco” ingresó en el Rancho Izaguirre, que fungió como un centro de entrenamiento y reclutamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación. En este lugar, en el municipio de Teuchitlán, estado de Jalisco, se hallaron cientos de zapatos, prendas de vestir y restos humanos calcinados.

Hasta la fecha, la Fiscalía General de la República ha arrestado a 47 personas implicadas. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también ha señalado graves omisiones en el procesamiento de las evidencias y el aseguramiento adecuado del lugar para preservar las pruebas.

Entre 2022 y 2025, colectivos buscadores desenterraron más de 500 bolsas con restos humanos, en un radio de aproximadamente 15 kilómetros en torno al Estadio Akron, una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026 ubicada en Zapopan, Jalisco.

Con el torneo a la puerta, las fosas clandestinas han recibido poca atención mediática, y los colectivos buscadores temen que las autoridades no den seguimiento a los descubrimientos.

En general, Fabienne Cabaret critica que muchos casos de masacres y desapariciones en México estén "en manos de un solo agente del Ministerio Público", a pesar de su "masividad y complejidad".

"Hay una imposibilidad, inclusive humana, de poder resolver estos asuntos, con tantas víctimas, con tantos imputados. Y la Justicia ordinaria no ha tenido ni la voluntad ni la capacidad de darles el lugar que merecen para poder llegar a un esclarecimiento", sentencia la directora de la Fundación para la Justicia.

Para hacer frente a la impunidad, esta organización de la sociedad civil exige comisiones especiales de investigación, con un enfoque de justicia transicional.

(elm)