LA PLATA.- El embargo por $157.000 millones impuesto a la provincia de Buenos Aires por las demoras para sanear la contaminación hídrica em la cuenca del Río de la Plata “debe revocarse” por resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de esta capital.

La Sala III de la Cámara, integrada por Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefin, consideró que la medida dispuesta sobre las cuentas del Banco Provincia de Buenos Aires “no es el medio idóneo” y ordenó citar a una audiencia para avanzar en la realización de las obras de saneamiento pendientes.

La Fiscalía de Estado había apelado la semana pasada la decisión adoptada originalmente el 11 de marzo por el juez federal civil y comercial Alberto Recondo.

En esa apelación, hizo hincapié en la “desmesura” de la medida dispuesta al argumentar que el embargo por $157.000 millones era un "riesgo serio y concreto" de incumplir con la prestación de “servicios críticos e impostergables para la población”.

El organismo, encargado de velar por los intereses del Estado bonaerense, advirtió en la apelación sobre la gravedad institucional inusitada y avasallamiento a la autonomía de la provincia de Buenos Aires.

"Genera un perjuicio irreparable, irrazonable y desproporcionado" se quejó la Fiscalía de Estado ante la Cámara.

Recondo había dispuesto trabar el embargo sobre una cuenta de la Tesorería General de la gobernación en el Banco Provincia. Y en caso de que los fondos obrantes en la cuenta referida resultaran insuficientes, trabar el embargo en cualquier otra cuenta gubernamental.

“La decisión de un Juez Federal que se entromete en la distribución de los recursos presupuestarios de la Provincia de Buenos Aires, incautando sumas millonarias hasta tanto la Provincia acredite el inicio de las obras en cuestión, violenta lo resuelto por los poderes Ejecutivo y Legislativo provinciales a través de la sanción de la Ley 15.557, y contiene una gravedad institucional que carece de antecedentes”, argumentó la Fiscalía de Estado.

“La resolución que aquí se reprocha representa nada más y nada menos que la incautación de los fondos de la Provincia de Buenos Aires por una suma billonaria, transgrediendo para ello los claros límites jurisdiccionales que imponen tanto la Constitución de la Provincia de Buenos Aires como la Constitución Nacional”, expresó el organismo.

Según dijo la Fiscalía de Estado, la situación económica que viene atravesando la Provincia desde el año 2022 se ha visto agravada en los dos últimos períodos financieros, en medio de un cuadro “de severa restricción fiscal derivado tanto por la profunda recesión económica como del incumplimiento, mora y/o detracción, por parte del Estado Nacional, de las transferencias”.

Tras recordar que el distrito está “en emergencia económica, social, productiva, de seguridad pública, política y salud penitenciaria; infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos; administrativa y tecnológica”, la Fiscalía de Estado habló de “graves restricciones económicas, financieras, administrativas, sociales y de infraestructura en la provincia de Buenos Aires”.

En la apelación el organismo destacó que el gobierno de Javier Milei tiene una deuda que en febrero ascendía a la suma de 15 billones y equivale al 36,3% del presupuesto provincial previsto para el corriente ejercicio, la Fiscalía de Estado señaló que “la decisión de embargar miles de millones de pesos de la Provincia representa un agravamiento de la situación de insuficiencia de recursos”.

El sistema hídrico de la cuenca del Río de la Plata es “un sumidero de desechos cloacales e industriales”. Así fue descrito en uno de los informes técnicos de los que se valió la Justicia Federal de esta capital al trabar el embargo multimillonario contra la provincia de Buenos Aires por demoras en ejecutar un proyecto para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada.

El magistrado exigía que se garantizara un eficiente retiro, en forma mecanizada, de residuos sólidos urbanos existentes en ese estuario y en el arroyo El Gato por “la gravedad del daño ambiental producido por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento y residuos sólidos urbanos”.

Recondo reconoció, no obstante, que la omisión del Estado provincial para implementar una política sanitaria y ambiental adecuada lleva más de 20 años, es decir que excede largamente a la administración de Axel Kicillof.

La obra pública proyectada para brindar solución a la problemática de la contaminación de la cuenca del Arroyo el Gato, presupuestada en 2022 en US$245.997.956, exige acceder a financiamiento internacional para concretar su ejecución.

Para acceder al financiamiento internacional, se requieren avales del Estado nacional, “los cuales no se han obtenido”, informó el gobierno de Axel Kicillof.

Entre finales de 2022 y durante 2023, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, conjuntamente con el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, elaboró el perfil de préstamo orientado a gestionar financiamiento externo ante un organismo multilateral de crédito para el “Proyecto de Tratamiento y Disposición de Líquidos Cloacales de las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada”.

El perfil fue presentado por el gobierno nacional ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para su evaluación preliminar en relación con la posible estructuración del financiamiento . Entre septiembre y octubre de 2023, se realizaron reuniones técnicas con el Banco Mundial. “No obstante, con motivo del cambio de gestión en el gobierno nacional, los avances vinculados a la preparación del programa se detuvieron”, informó la gestión de Kicillof.

Precisó que en octubre de 2024 el Ministerio de Economía de la Provincia remitió formalmente una nota con el perfil de préstamo a las nuevas autoridades del Ministerio de Economía de la Nación, a fin de que el mismo fuera evaluado y se pudiera retomar la tramitación correspondiente, “sin que a la fecha el gobierno nacional hubiese brindado respuesta a dicha presentación, circunstancia que ha impedido continuar con el proceso administrativo necesario para avanzar en la obtención del citado financiamiento externo”.

LA NACION consultó a voceros del Gobierno sobre la versión de la Provincia, pero no obtuvo respuestas.