BUENOS AIRES (AP) — Un tribunal argentino confirmó el martes que el gobierno debe aplicar una ley que aumenta el presupuesto para las universidades públicas y los salarios de los docentes que es rechazada por el ultraliberal presidente Javier Milei con el argumento de que desequilibra las cuentas públicas.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de un juez de primera instancia que en diciembre había ordenado al gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria aprobada por el Congreso en 2024.

Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), dijo en sus redes sociales que la decisión judicial "es una excelente noticia para toda la comunidad universitaria del país que valoramos en un contexto extremadamente delicado como estamos atravesando”. El CIN, que nuclea a las universidades nacionales, impulsó una medida cautelar reclamando a la justicia la plena vigencia de la ley.

El juez de primera instancia había respaldado ese reclamo al dejar sin efecto un decreto del Ejecutivo que suspendió la implementación de la norma con el argumento de que los legisladores debían definir previamente de dónde iban a salir los fondos para actualizar el presupuesto de las universidades y los salarios del personal, ya que el Estado no podía ejecutar esos gastos.

La Cámara resaltó en su pronunciamiento que la aplicación de la ley no compromete el “interés público” y que, por el contrario, su incumplimiento afecta "el derecho a enseñar y aprender”. El gobierno puede apelar la decisión.

Milei ha mostrado una reiterada oposición a la norma. La vetó en octubre de 2024 pero un año después el peronismo, la principal fuerza opositora, y algunos partidos hasta entonces aliados al oficialismo se aglutinaron en ambas cámaras legislativas para insistir en la redacción original de la ley.

Milei sostiene que esa y otras normas, como la que asigna más prestaciones a los discapacitados, atentan contra el equilibrio fiscal, pilar de su programa económico. El mandatario, que asumió a fines de 2023, ha llevado a cabo el mayor ajuste del gasto en la historia reciente del país sudamericano.

El tratamiento de la norma, que además contempla la actualización de las becas y programas de investigación, estuvo antecedida por marchas multitudinarias en defensa de la universidad pública, un reclamo que atraviesa transversalmente a distintos sectores de la sociedad argentina.

Autoridades de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires han advertido sobre el desgaste que han sufrido los programas de investigación y la motivación de los docentes en un contexto inflacionario y de fuerte ajuste, así como la constante emigración de profesores de los centros públicos a los privados.