Las Enfermedades No Transmisibles (ENT) representan hoy el principal obstáculo para el desarrollo humano en el territorio nacional, siendo responsables del 73,4% de la mortalidad total. Esta cifra no es mera estadística refleja una carga de enfermedad que explica el 52% de los años de vida perdidos por muerte prematura y un abrumador 76% de los años de vida ajustados por discapacidad. Ante este panorama, la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de las ENT, cuya base normativa se consolidó en 2009, busca articular una respuesta que integre la vigilancia epidemiológica con la promoción de entornos saludables, intentando reorientar un sistema de salud tradicionalmente reactivo hacia un modelo de atención integral y preventivo.
La evolución de esta estrategia dependía críticamente de la calidad de la información recopilada a través de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR). Desde su primera edición en 2005 hasta la cuarta entrega realizada en 2018, esta herramienta permitió monitorear las tendencias de riesgo de la población con una precisión creciente. No obstante, la edición de 2018 marcó un hito metodológico sin precedentes en el país al introducir mediciones objetivas físicas y bioquímicas en una submuestra representativa. Este cambio de paradigma, que pasó del simple autorreporte a la toma de datos reales de presión arterial, glucemia y colesterol bajo protocolos de la Organización Mundial de la Salud, fue fundamental para desnudar la realidad clínica del país. La transición hacia datos bioquímicos permitió contrastar la percepción subjetiva de los ciudadanos con su estado fisiológico real, revelando vulnerabilidades que permanecían ocultas bajo la superficie del sistema asistencial.
La importancia estratégica de esta transición radica en la revelación de una profunda y peligrosa brecha entre la percepción del paciente y su situación clínica. El análisis pormenorizado de los datos demuestra que el autorreporte subestima sistemáticamente la magnitud de la crisis sanitaria. Mientras que los indicadores basados en la percepción ciudadana pueden sugerir una aparente estabilidad, las mediciones objetivas exponen un escenario de riesgo mucho más por ejemplo, tres de cada diez individuos que no se consideraban hipertensos registraron valores de presión arterial elevados al ser evaluados físicamente. Esta disparidad invisibiliza la magnitud real de la emergencia, ya que millones de argentinos operan bajo la falsa premisa de un estado de salud aceptable cuando, en rigor, presentan valores que los sitúan en una zona de alto riesgo cardiovascular inminente. Esta desconexión es particularmente crítica al abordar el factor de riesgo más letal identificado en los informes la hipertensión arterial.
La hipertensión arterial debe entenderse en la Argentina actual no solo como una condición médica definida por valores iguales o superiores a 140/90 mmHg, sino como un determinante social masivo de la mortalidad cardiovascular. El reciente Informe Mundial de Hipertensión 2025 de la OMS arroja cifras alarmantes que sitúan al país en una posición de extrema el 51% de los adultos argentinos entre 30 y 79 años padece esta condición, un porcentaje que supera drásticamente el promedio mundial del 34%. En términos absolutos, esto significa que 12,1 millones de personas conviven con este "asesino silencioso". Sin embargo, el dato más devastador para cualquier estratega de salud pública es que, a pesar de la alta tasa de diagnóstico, solo el 16% de los afectados logra un control adecuado de su presión arterial, dejando a más de 10 millones de ciudadanos expuestos a daños orgánicos irreversibles.
Las consecuencias sistémicas de esta ineficacia en el control son severas y directas. La hipertensión no controlada es responsable del 48% de las muertes cardiovasculares en el país, actuando como el motor principal de los accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio e insuficiencia renal crónica. La naturaleza insidiosa de la patología permite que el sistema cardiovascular se adapte a niveles de estrés extremos sin generar síntomas evidentes, lo que refuerza la necesidad de una búsqueda activa y un rastreo sistemático en el primer nivel de atención. La ineficacia del sistema actual para cerrar la brecha entre el tratamiento y el control efectivo no es solo un fallo de adherencia individual, sino una debilidad estructural que compromete la viabilidad del sistema sanitario. Esta crisis de control tiene un detonante principal en los hábitos alimentarios estructurales, centrados en un consumo de sodio que duplica los estándares internacionales.
El consumo de sal en la Argentina constituye un problema cultural y estructural de difícil resolución, donde el promedio diario de 8 a 9 gramos triplica, en algunos sectores, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Históricamente, la responsabilidad se desplazó hacia el consumidor, pero la evidencia técnica es entre el 50% y el 70% del sodio ingerido proviene de productos procesados y ultraprocesados. Esto significa que la mayor parte de la carga de sodio entra al organismo de manera inadvertida, limitando la capacidad de elección del individuo. Aunque la Argentina fue pionera con la Ley 26.905 de Reducción del Consumo de Sodio, la aparente eficiencia del sector industrial —que ostenta un cumplimiento del 94,2% de la norma local— resulta ilusoria desde una perspectiva sanitaria global.
La realidad detrás de estas cifras revela una paradoja mientras la industria cumple con la legislación nacional, un 44,3% de los productos excede las metas regionales de la OPS para 2022, y más del 52% supera las proyecciones para 2025. El análisis investigativo permite identificar una "prueba del delito" en la variabilidad del contenido de sodio dentro de una misma categoría de la existencia de marcas que ofrecen alimentos con niveles significativamente menores de sodio demuestra que la reformulación es técnicamente factible sin alterar las características organolépticas. Si algunas empresas pueden hacerlo, la persistencia de niveles altos en otras sugiere que los límites legales vigentes son demasiado laxos y que la industria prioriza la inercia productiva sobre la salud pública. Categorías críticas como condimentos, aperitivos, chacinados y quesos duros requieren una alineación urgente con los estándares regionales para forzar un impacto real en la presión arterial de la población.
Este escenario se agrava al considerar el triángulo crítico formado por la obesidad, la alimentación inadecuada y el sedentarismo. El exceso de peso afecta ya al 66,1% de la población según mediciones objetivas, con una tendencia de crecimiento de la obesidad clínica del 74% desde 2005. Es fundamental comprender que la aparente estabilidad en los índices de sobrepeso es engañosa lo que estamos observando es una migración masiva de personas desde el sobrepeso hacia la obesidad clínica, mientras los individuos con peso normal retroceden frente a la presión de entornos obesogénicos. Solo el 6% de los adultos cumple con la recomendación de consumo de frutas y verduras, un indicador estancado que convive con una inactividad física que afecta a seis de cada diez ciudadanos y empuja la prevalencia de diabetes al 12,7%.
Ante este panorama, la respuesta del Estado intentó evolucionar mediante políticas regulatorias como la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, cuyo etiquetado frontal busca transparentar el contenido de nutrientes críticos. Un pilar estratégico en esta lucha es el Plan Nacional "Así", diseñado con el entendimiento de que la infancia es la etapa crítica donde se sellan los hábitos alimentarios y donde la epidemia de obesidad se acelera con mayor violencia. Sin embargo, al evaluar la efectividad de las políticas públicas, surge un contraste mientras el control del tabaco logró reducir la prevalencia al 22,2% y la seguridad vial muestra avances sostenidos en el uso de cinturón y casco, la obesidad y la hipertensión siguen una trayectoria ascendente.
Este éxito dispar tiene una explicación de corte investigativo que no puede la judicialización de las políticas sanitarias. Mientras el marco legal del tabaco es robusto, pequeñas empresas tabacaleras han recurrido sistemáticamente a medidas cautelares ante la Justicia para eludir el pago del impuesto mínimo, erosionando la eficacia de la reforma fiscal de la Ley 27.430. Esta interferencia judicial debilita el poder disuasorio del precio y demuestra que la salud pública en la Argentina enfrenta enemigos poderosos que utilizan el sistema legal para proteger intereses comerciales por encima del bienestar colectivo. Del mismo modo, la falta de una fiscalización rigurosa y de sanciones efectivas en el sector alimentario impide que las metas de reducción de sodio se traduzcan en una mejora de los indicadores de salud.
La conclusión para el liderazgo sanitario es urgente. La transformación de la información estadística en acciones territoriales concretas requiere una coordinación interministerial e intersectorial que involucre no solo a Salud, sino a los Ministerios de Educación, Producción y Hacienda, así como a la AFIP y al Poder Judicial. Es imperativo fortalecer el primer nivel de atención bajo el modelo de Cobertura Universal de Salud (CUS) para mejorar la detección sistemática de la hipertensión y cerrar la brecha de control.
Asimismo, la Argentina mantiene una deuda estratégica de más de dos décadas: la ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, suscrito en 2003 pero aún pendiente en el Congreso. Sin un cambio profundo en los entornos alimentarios, una actualización exigente de los límites de sodio alineada con la OPS y una defensa firme de las políticas fiscales frente a la interferencia judicial, la sostenibilidad del sistema de salud y la calidad de vida de los argentinos continuarán bajo un riesgo inminente. La salud nacional no puede quedar sujeta a la voluntad corporativa ni a la percepción subjetiva de los ciudadanos, sino que exige políticas de Estado que garanticen que la opción saludable sea la más accesible para toda la población.
Fuente: diarionorte.com
