10 de Julio, 2025- Milei volvió a amenazar con vetarla-Con amplia mayoría de votos (52 positivos, 0 rechazos y 4 abstenciones), la Cámara alta demás prorrogó la moratoria previsional por dos años.

En medio de un intenso debate político y con el rechazo anticipado del gobierno nacional, el Senado de la Nación aprobó un proyecto de ley que busca mejorar el ingreso de los jubilados y pensionados argentinos. La iniciativa, impulsada por la oposición y sectores dialoguistas, fue aprobada con amplia mayoría y ahora deberá superar el veto presidencial anunciado por el presidente Javier Milei, quien advirtió que no permitirá ninguna medida que afecte su política de "déficit cero".

   El proyecto, que ya había sido sancionado en la Cámara de Diputados el 4 de junio de 2025 con 142 votos a favor, incluye tres grandes componentes:

 1. Aumento del 7,2% en todas las jubilaciones y pensiones: Este incremento excepcional busca compensar la caída del poder adquisitivo de los jubilados durante los primeros meses del año, especialmente en enero de 2024 cuando se aplicó una nueva fórmula de movilidad por decreto, que muchos consideraron insuficiente.

   2. Aumento del bono previsional de $70.000 a $110.000 mensuales: El bono, que beneficiaba principalmente a quienes cobran la jubilación mínima, se eleva en un 57% y se establece como actualizable por inflación. Esto representa un alivio inmediato para quienes dependen de un ingreso fijo en un contexto de alta inflación.

   3. Prórroga por dos años de la moratoria previsional: Se reabre la posibilidad de que trabajadores mayores de 60 años (mujeres) y 65 (varones), que no alcanzaron los 30 años de aportes, puedan acceder a una jubilación mínima. Se estima que esta medida beneficiará a alrededor de 240.000 personas en 2025.

Impacto en los ingresos de los jubilados

   Con la aplicación de esta ley, la jubilación mínima pasaría de $379.294,79 (con el bono de $70.000) a $441.560 en julio de 2025, lo que representa un aumento del 16,4%. La jubilación máxima ascendería a $2.197.140, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegaría a $261.330,24.

   Este ajuste responde a una caída real del poder adquisitivo de los jubilados desde la asunción de Milei. Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), los jubilados acumulan una pérdida del 4,28% desde noviembre de 2024, y del 7% en relación a diciembre de 2023. El bono de $70.000, congelado desde marzo de 2024, perdió un 29,8% de su valor real por la inflación.

Financiamiento y críticas del gobierno

   La oposición propuso financiar el aumento mediante una serie de medidas:

• Reducción de beneficios fiscales para ciertos sectores económicos.

• Redirección de $312.000 millones destinados originalmente a la Secretaría de Inteligencia (SIDE).

• Ahorros por la reducción de costos de endeudamiento con el FMI, estimados en $3.200 millones.

   Sin embargo, el Ministerio de Economía y la Oficina de Presupuesto del Congreso advierten que el costo total de la iniciativa podría alcanzar el 1,8% del PBI, lo que, según el gobierno, comprometería la estabilidad fiscal. El presidente Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, han insistido en que vetarán la ley si se convierte en norma, argumentando que su implementación afectaría el objetivo de déficit fiscal cero.

La moratoria, tema clave

   La restitución de la moratoria previsional, que venció el 31 de marzo de 2025, es otra de las grandes novedades del proyecto. Permite que quienes no alcanzaron los 30 años de aportes puedan jubilarse igualmente con el haber mínimo. Según datos de ANSES, el 70% de los jubilados actuales (unos 3,8 millones de personas) no completaron los aportes requeridos durante las gestiones anteriores, lo que refleja la alta tasa de informalidad laboral en Argentina.

   Mientras la oposición celebra esta medida como una herramienta de inclusión social, el oficialismo la critica como un "placebo" que no aborda los problemas estructurales del sistema previsional.

Posibilidad de veto

   La votación en el Jurado de Enjuiciamiento contó con el apoyo de Unión por la Patria, algunos sectores de la UCR, y aliados estratégicos como los representantes de Tucumán y Salta, tradicionalmente alineados con el oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel intentará retrasar el trámite en comisiones, pero la oposición podría alcanzar los dos tercios necesarios para rechazar un eventual veto presidencial.

   En redes sociales, usuarios expresaron una mezcla de esperanza y preocupación, con comentarios que reflejaban el clima de polarización que rodea al proyecto.

¿Qué sigue?

   Si el proyecto se convierte en ley, el gobierno procederá con el veto, que deberá ser rechazado por dos tercios en ambas cámaras para mantener la medida vigente. En Diputados, la oposición logró 142 votos, pero aún le faltan 29 para alcanzar el quórum necesario. Los gobernadores de Tucumán y Salta podrían jugar un rol clave en las negociaciones, especialmente si se vinculan con fondos para sus provincias.

   La ley, si finalmente se mantiene, representa un alivio inmediato para millones de jubilados, aunque también marca un nuevo enfrentamiento entre el gobierno nacional y el Congreso, en un año electoral que promete seguir cargado de tensiones.

Fuente: diarionorte.com