La medida de fuerza surgió tras acceder a un documento oficial del organismo, que detalla un plan para reducir drásticamente su dotación: de los 1554 agentes de planta permanente, quedarían solo 761, mediante pases a disponibilidad, jubilaciones forzadas y reubicaciones sin especificaciones claras. Además, se abriría un proceso de retiros voluntarios para unos 600 trabajadores y se dejaría sin continuidad a más de 300 contratados, incluidos quienes trabajan bajo el régimen del artículo 9.
"Este ajuste que pretenden llevar adelante en la ANAC es salvaje y absolutamente injustificado. Existen auditorías internacionales que han señalado la falta de personal", aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
La reducción impactará directamente en la seguridad del sistema aeronáutico: "Tiene que quedar claro que no somos los trabajadores, sino las políticas del Gobierno las que ponen en riesgo la seguridad de las operaciones aerocomerciales. Sin lugar a dudas, este proyecto para reducir más de un 50% la planta de personal de la ANAC está orientado a producir el vaciamiento del organismo como intento de que el mismo sea privatizado".
ATE responsabilizó al Gobierno por los problemas que puedan surgir en los aeropuertos y pidió a los usuarios que comprendan el contexto de la protesta. La ANAC regula y fiscaliza la aviación civil en más de 27 aeropuertos del país, y es la autoridad que debe garantizar la seguridad aérea, tanto en el espacio aéreo como en los aeródromos.
Hoy también se conoció que el nuevo titular del organismo, Oscar Villabona, fue nombrado formalmente mediante el Decreto 360/25. Su gestión comenzará en medio de una fuerte tensión gremial y con el rechazo del personal a este recorte. "El mandato de las asambleas y los plenarios es claro: si no existen respuestas, la próxima semana vamos a profundizar nuestra medida y no descartamos la paralización total de las actividades", advirtió ATE.
Según datos del gremio y documentos internos, la reducción de personal se aplicaría sin un plan técnico que garantice la continuidad de los controles, inspecciones y habilitaciones esenciales para la seguridad aérea, lo que podría dejar al país sin capacidad plena de fiscalización de vuelos.
ATE ya había advertido sobre intentos de desmantelamiento de organismos estratégicos del Estado. Ahora, apuntan que este caso es particularmente grave por el impacto directo que puede tener sobre la seguridad de millones de personas que utilizan el transporte aéreo en la Argentina.
Fuente: diarionorte.com
