México ya definió los criterios que debe cumplir una vivienda adecuada. El país elevó a rango constitucional los siete elementos impulsados por ONU-Habitat y avanza en su incorporación al marco legal; sin embargo, especialistas advierten que el reto está en su aplicación.

Aunque el gobierno federal plantea la construcción de 1.8 millones de hogares como eje de su política, el debate se ha desplazado hacia si esas acciones responden a las condiciones reales en las que vive la población y a las limitaciones que enfrenta para acceder a una vivienda.

Bajo este marco, la vivienda adecuada se define a partir de siete elementos:

Seguridad de la tenencia.

Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura.

Asequibilidad.

Habitabilidad.

Accesibilidad.

Ubicación.

Adecuación cultural.

Las condiciones en las que vive la población cambian constantemente y no siempre coinciden con la forma en que se diseña la política habitacional. Carmen Contreras, directora y fundadora de Ciudad de Cuidados, señaló que el enfoque del mercado inmobiliario no logra capturar esas transformaciones.

“Yo pienso que al mercado inmobiliario le hace falta una aproximación más cualitativa de quienes están demandando vivienda, no nada más en términos de sectores poblacionales, sino también en términos de estudiar un poco los ciclos de vida productivos”, afirmó.

La especialista explicó que el envejecimiento y los cambios en la composición de los hogares han modificado las necesidades habitacionales, lo que abre preguntas sobre qué tipo de vivienda se requiere y en qué condiciones se puede sostener en el tiempo.

Añadió que comienzan a surgir esquemas como el co-housing o vivienda compartida, impulsados por personas que buscan envejecer en comunidad, aunque sin rutas claras dentro de la política pública.

A la par de estos cambios, también se ha planteado la necesidad de revisar cómo se entiende la vivienda dentro de la política pública. Melva Flores, directora asociada del Centro Terwilliger de Innovación en Vivienda México, señaló que el tema no puede analizarse de forma aislada.

“Algo que yo veo muy importante de este de este programa y que veo cada vez más presente, no solamente en a nivel público, sino a todos los niveles y en todos los sectores, es ya tener este enfoque sistémico”, indicó.

Flores explicó que este enfoque parte de reconocer que la vivienda se produce bajo condiciones específicas de acceso, recursos y capacidades, lo que también explica fenómenos como la autoproducción.

Asimismo, señaló que la discusión ya incorpora elementos como la necesidad de construir vivienda con menor impacto ambiental y con mayor capacidad de respuesta ante eventos climáticos, así como la importancia de desarrollar comunidades y no solo unidades habitacionales.

“Este enfoque no solamente es el construir con menos impacto, que es algo muy importante, sino también es construir para una realidad que ya estamos… hacer comunidades, hacer ciudad”, apuntó.

También indicó que el enfoque de género comienza a integrarse como un elemento a considerar dentro de estas discusiones.

Desde ONU-Habitat, el diagnóstico apunta a que el país ya cuenta con una base normativa y con una política pública activa en materia habitacional, aunque el reto se mantiene en su implementación.

Martha Laura Peña Ordoñez, coordinadora de Relaciones Institucionales y Alianzas en ONU Hábitat Mesoamérica, destacó la necesidad de que los distintos actores trabajen bajo un mismo marco.

“Entonces, si conocemos estas herramientas, esta normativa, podemos entender en qué lugar del ecosistema nos encontramos y cómo podemos hacer el mejor aporte”, explicó.

Peña Ordoñez señaló que la política de vivienda ya está en marcha y que su avance dependerá de la articulación entre gobierno, sector privado y organizaciones sociales para atender los distintos componentes del problema.