El actual enredo pensional comenzó tras la suspensión provisional del Decreto 415 de 2026 por parte del Consejo de Estado. Esa norma había sido expedida por el Gobierno Nacional para permitir el traslado de $25 billones de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones.

El decreto estaba relacionado con las personas que aprovecharon la “ventana de traslado” creada por la reforma pensional de 2024 para cambiarse desde las AFP al régimen público.

Según el Gobierno, el objetivo era garantizar que el dinero de quienes ya se pensionaron llegara a Colpensiones para financiar sus mesadas futuras.

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Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que el Ejecutivo no podía reglamentar una ley que actualmente sigue suspendida por la Corte Constitucional, lo que dejó frenado el mecanismo de traslado de recursos. Las alarmas se encendieron porque el Ejecutivo sostuvo que el lío jurídico ponía en riesgo el pago de mesadas a alrededor de 25.000 jubilados que se pasaron al fondo público a raíz de que aprovecharon la ventana de oportunidad.

El Gobierno sostiene que existe unproblema de sostenibilidad si Colpensiones debe asumir esas nuevas obligaciones (alrededor de 25.000 jubilados), pero sin todavía recibir la plata de la AFP.

El Ejecutivo argumenta que sistema enfrenta un “bloqueo operativo y financiero”, porque las personas ya aparecen en Colpensiones, pero sus ahorros siguen administrados por fondos privados.

Según el Ejecutivo, el traslado necesario para esos jubilados trasladados es de $5 billones, del total de $25 billones. El Gobierno considera que sin el traslado de esos recursos se pondría presión adicional sobre las finanzas públicas y sobre la estabilidad futura del sistema pensional.

No obstante, analistas consideran que el gasto de esas mesadas es inferior, el traslado total de afiliados del regimen privado al público fue de 120.000 personas. De ese total, aproximadamente 20.000 ya obtuvieron su pensión y el pago de sus mesadas representa un costo anual cercano a $450.000 millones.

No. Los expertos coinciden en que los recursos siguen existiendo y permanecen en losfondos de ahorro individual y que son administrados por las AFP.

Andrés Felipe Izquierdo, gerente de Integral Soluciones Pensionales (ISP), explicó que “la plata no está en incertidumbre, está administrada por los fondos de pensión privados en virtud de la decisión inicial de afiliación”.

El experto señaló que la Ley 2381 (reforma pensional) establece que esos recursos continúan bajo manejo de las AFP hasta que se consolide la pensión de vejez.

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Añadió que, una vez consolidado el derecho pensional, la propia ley contempla que el dinero debe trasladarse a través del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que será manejado por el Banco de la República.

Según Izquierdo, el principal problema es que el mecanismo legal y operativo para hacer ese traslado todavía no existe. “El fondo de ahorro del pilar contributivo administrado por el Banco de la República no está creado y las AFP no pueden trasladar la plata porque el mecanismo hoy no existe”, afirmó.

El experto sostuvo que el Gobierno tuvo más de un año para reglamentar ese fondo y no lo hizo. Por eso, actualmente los recursos siguen en las AFP mientras se resuelve el choque jurídico entre el Ejecutivo y las altas cortes.

Sí. Tanto expertos como Colpensiones coinciden en que las personas ya pensionadas deben seguir recibiendo sus pagos.

Juliana Morad, directora encargada del departamento de Derecho Laboral de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana, aseguró que la suspensión del decreto no elimina el derecho pensional de quienes ya fueron reconocidos por Colpensiones.

“La obligación de pago es de Colpensiones”, afirmó la académica. Morad explicó que el reconocimiento de la pensión es independiente del Decreto 415 y recordó que el propio auto del Consejo de Estado señaló que más de 22.472 personas ya consolidaron su derecho y reciben mesadas desde antes de la expedición del decreto.

Por su parte, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, aseguró en entrevista con Blu Radio que las mesadas de mayo, junio y los próximos meses seguirán pagándose. “Las personas que ya se pensionaron tienen que seguirlas pagando con Colpensiones”, afirmó. No obstante, insistió en que los fondos privados deben trasladar al fondo público los $5 billones, que pertenecen a los afiliados y así garantizar los pagos.

Dussán explicó que actualmente Colpensiones está utilizando recursos propios y parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) para responder por las mesadas.

Según detalló, la entidad dispone deun presupuesto superior a $35 billones del PGN para el pago de pensionados del régimen público.

Sin embargo, aclaró que esos recursos no estaban inicialmente proyectados para cubrir a los nuevos pensionados que llegaron desde fondos privados mediante el artículo 76 de la reforma pensional.

Aun así, los expertos recuerdan que el sistema público históricamente ha funcionado con apoyo del presupuesto estatal. Izquierdo explicó que Colpensiones ha sido deficitaria durante más de dos décadas y que aproximadamente el 50% de su nómina pensional se cubre con recursos del Gobierno Nacional.

Si bien el Ejecutivo dijo que existe ese riesgo, los experto coinciden en que eso no pasará. Izquierdo recordó que el artículo 48 de la Constitución prohíbe suspender, congelar o reducir pensiones reconocidas legalmente. “No se puede por ningún motivo dejar de pagar las pensiones reconocidas en derecho”, afirmó.

Según explicó, si Colpensiones no cuenta con suficientes recursos, el Gobierno tendría que reorganizar partidas del Presupuesto General de la Nación para garantizar los pagos.

Morad también aseguró que las pensiones de quienes ya fueron reconocidos hacen parte de la nómina oficial de Colpensiones y, por tanto, están respaldadas por el sistema público.

Juliana Morad sostuvo que la sostenibilidad de Colpensiones no depende exclusivamente del traslado de esos recursos.

Explicó que el sistema público se financia con tres fuentes: cotizaciones corrientes, rendimientos de reservas y aportes del Presupuesto General de la Nación.

Para la académica, el decreto buscaba generar un ingreso extraordinario de caja, pero no solucionaba el problema estructural del sistema.

“La medida convertía ahorro de largo plazo en gasto corriente”, señaló, citando advertencias previas de la Contraloría.

Morad agregó que la nómina pensional de Colpensiones alcanzó $55,5 billones en 2024, por lo que los recursos contemplados en el decreto solo representarían un alivio temporal.

La discusión jurídica seguirá mientras el Gobierno intenta revertir la suspensión del decreto. Colpensiones ya anunció que interpondrá un recurso de súplica para que el Consejo de Estado vuelva a revisar la medida cautelar.

Mientras tanto, miles de afiliados trasladados permanecen atentos al futuro de sus recursos y de sus pagos pensionales.

El centro del debate ahora gira alrededor de dos preguntas clave: quién debe financiar las nuevas mesadas y cuándo podrán trasladarse oficialmente los recursos que siguen en las AFP.

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