La medida quedó incluida en el artículo 4° del proyecto que redujo o eliminó los beneficios de "zona fría" en el gas para 4.100.000 usuarios. Pasó casi inadvertida dentro de un paquete de cambios energéticos, que también extendió por 20 años la estabilidad fiscal para renovables. Es similar al capítulo XI del Presupuesto 2026, aprobado sin varios artículos para lograr mayorías.
En concreto, el Estado perdonará a Edenor y Edesur sus deudas con Cammesa, reconocidas y regularizadas con pagos en cuotas de hasta ocho años, por el equivalente en pesos a unos US$450 millones y US$300 millones, respectivamente. A cambio, las empresas renunciarán a sus "activos regulatorios" —deudas del Estado por los congelamientos tarifarios—, que no están reconocidos formalmente. Fuentes del sector calculan que ascienden a US$2.000 millones para Edenor y US$1.200 millones para Edesur. Directivos industriales, en cambio, estiman que la deuda estatal no supera el doble de lo que deben las compañías: hasta US$900 millones con Edenor y US$600 millones con Edesur.
Además, ambas empresas se olvidarán de futuros reclamos judiciales contra el Estado. ENEL, controlante de Edesur y vinculada al Estado italiano, resignará acudir al CIADI del Banco Mundial, como sí hicieron otras multinacionales en las últimas décadas. Edenor pertenece a José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti; Edesur, al Estado italiano a través de ENEL y varios fondos.
Una vez reglamentada la ley, el Estado determinará las diferencias actualizadas de ingresos percibidos por distribuidoras y transportistas bajo jurisdicción federal por las leyes de emergencia tarifaria, comparadas con lo que hubieran recibido según los contratos. Las distribuidoras federales son Edenor y Edesur. Entre las transportistas está Transener, donde el Estado vendió este año más del 26% de su participación a través de Enarsa al grupo Edison y a Genneia. Para Transener, el Estado podrá perdonar futuras multas por fallas en líneas de alta tensión, aunque hoy no hay deudas.
A cambio, el Poder Ejecutivo instrumentará un crédito sobre los acuerdos de regularización que las empresas asumieron con Cammesa. Como no cobraron tarifas suficientes para cubrir salarios, mantenimiento, impuestos y compra de energía, las eléctricas dejaron de pagar a Cammesa y acumularon deudas, regularizadas en los últimos años.
La diferencia contable favorece a las empresas, por lo que la ley exige que el acuerdo esté sujeto a que distribuidoras y transportistas declinen todos los reclamos judiciales o administrativos contra jurisdicciones locales, el Estado y Cammesa por los efectos de las emergencias.
Así, el Estado reconocería una deuda no oficializada, un "pasivo contingente" a largo plazo, pero quedaría libre de pagarla; las compañías limpiarían su balance de inmediato. Esa es la visión del Gobierno. El acuerdo también incluye a distribuidoras provinciales, cuya regulación depende de cada gobernador.
Fuente: diarionorte.com
