La industria manufacturera argentina atraviesa un proceso de transformación que expone con claridad las tensiones generadas por el nuevo escenario económico. Mientras sectores como el petróleo, la minería y algunas ramas de la industria alimenticia muestran una evolución favorable, buena parte del entramado fabril enfrenta una combinación de menor demanda, pérdida de rentabilidad, aumento de las importaciones y dificultades para competir.
Los números muestran la magnitud del desafío. Durante el primer semestre de 2026, la actividad fabril acumuló una caída interanual de 1,9%, mientras que, en comparación con el mismo período de 2023, el retroceso alcanza el 11,8%.
Otro indicador clave es la utilización de la capacidad instalada. En junio se ubicó en 59,1%, según el INDEC, lo que significa que una parte importante de la estructura productiva permanece sin utilizar. El organismo oficial confirmó que el nivel de junio fue apenas superior al 58,9% registrado en igual mes de 2025.
El deterioro de la actividad también tuvo un fuerte impacto sobre el mercado laboral.
Según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 97.312 puestos de trabajo registrados en unidades productivas industriales, lo que representa una disminución del 8%.
En el mismo período también se redujo de manera significativa la cantidad de empresas manufactureras con trabajadores registrados. Pasaron de 49.622 a 45.602, es decir, 4.020 firmas menos.
Para el sector pyme, el escenario es particularmente complejo.
Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), advirtió que la combinación entre la caída del consumo y la pérdida de ingresos de los trabajadores está profundizando las dificultades financieras de numerosas empresas.
El dirigente reclamó una estrategia que permita encontrar un camino sostenible para salir de la recesión y recuperar a la clase media, aunque sin generar nuevas presiones inflacionarias.
Rosato también apuntó contra lo que considera una competencia desleal derivada de determinadas operaciones de importación y cuestionó la falta de precios de referencia suficientes en la Aduana.
Uno de los puntos centrales del debate industrial pasa por la apertura comercial.
De acuerdo con un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante los primeros seis meses de 2026 las importaciones de manufacturas alcanzaron USD 5.362 millones, el nivel más elevado registrado para un primer semestre.
El dato supera incluso el máximo que se había registrado en 2018, cuando las importaciones de bienes de consumo habían alcanzado los USD 4.443 millones durante el mismo período.
El incremento no fue homogéneo. Entre los rubros que registraron mayores aumentos frente al primer semestre de 2023 aparecen electrodomésticos, baterías y lámparas, prendas de vestir, motos y otros equipos de transporte, productos alimenticios y productos farmacéuticos.
En algunos casos, los incrementos fueron particularmente pronunciados: las importaciones de electrodomésticos, baterías y lámparas aumentaron 109,2%, mientras que las prendas de vestir registraron una suba del 86,3%.
El impacto comienza a observarse en determinadas ramas productivas. Por ejemplo, la producción de aparatos de uso doméstico cayó 22,9% interanual en junio, principalmente por la menor fabricación de heladeras, freezers y lavarropas.
La industria textil tampoco logró escapar al deterioro: durante los primeros seis meses del año acumuló una caída del 10,8%.
Para algunos empresarios, la apertura comercial obliga a las compañías argentinas a acelerar procesos de reconversión y mejorar sus niveles de productividad.
Emiliano Bonfiglio, CEO de Anclaflex, planteó que el escenario actual exige revisar permanentemente los costos y las estructuras empresarias.
La discusión, según su mirada, ya no pasa solamente por producir más, sino por producir mejor, aumentar la productividad y sostener la calidad.
La competitividad, explicó, también depende de la capacidad de las empresas para innovar, adaptarse y encontrar nuevas formas de producir.
En la misma línea, Oliver Maltz, presidente del Movimiento Industrial, señaló que muchas compañías enfrentan simultáneamente costos crecientes, menor consumo y pérdida de rentabilidad.
La situación, sin embargo, no es igual para todos los sectores.
Mientras energía y minería aparecen entre las actividades con mejores perspectivas, industrias más vinculadas al consumo interno, como textil, calzado y metalurgia, se encuentran entre las más afectadas.
En este escenario aparece uno de los grandes debates de la política económica del Gobierno de Javier Milei: qué impacto tendrán las grandes inversiones promovidas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sobre la industria nacional.
El Gobierno busca utilizar el régimen para atraer inversiones multimillonarias, principalmente en sectores estratégicos como minería, petróleo y gas.
Sin embargo, la discusión se trasladó hacia el nivel de participación que tendrán las empresas argentinas como proveedoras de esos proyectos.
Un dato reciente alimentó la controversia: las importaciones vinculadas a proyectos adheridos al RIGI acumularon alrededor de USD 462 millones hasta agosto, según una compilación de datos del investigador Federico Bernini, del IIEP-UBA.
Aunque el monto representa apenas cerca del 1% de los USD 47.073 millones comprometidos por los 22 proyectos aprobados, la evolución de las compras externas comenzó a acelerar y volvió a poner en debate cuánto de las inversiones se traducirá efectivamente en producción nacional.
El interrogante es especialmente importante para la industria: si las grandes inversiones generan una red de proveedores nacionales o si una parte significativa de los bienes y equipos necesarios termina llegando desde el exterior.
Desde el sector minero sostienen que el desarrollo de grandes proyectos también puede convertirse en una oportunidad para ampliar el entramado productivo.
Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), destacó que la minería no debe ser considerada únicamente una actividad extractiva.
Según explicó, detrás de cada proyecto existe una amplia cadena de servicios, proveedores, tecnología, infraestructura y empleo.
El dirigente estimó que por cada trabajador directo en un yacimiento existen varios puestos indirectos vinculados con la actividad minera, aunque remarcó que el sector por sí solo no puede resolver el problema general del empleo argentino.
La apuesta consiste en que los proyectos mineros puedan generar demanda para empresas nacionales y contribuir a desarrollar capacidades productivas que permanezcan en el país.
La discusión ya llegó al Congreso y se encuentra estrechamente vinculada con el tratamiento del Súper RIGI.
Sectores industriales y senadores aliados del Gobierno plantean que los grandes proyectos deberían garantizar un porcentaje mínimo de contratación de proveedores nacionales.
Entre los cambios reclamados aparece un piso del 20% para proveedores locales específicamente en bienes, además de un diferencial de precio que permita a las empresas argentinas competir frente a los productos importados.
La discusión tomó especial relevancia luego de algunos casos vinculados con proyectos mineros.
En San Juan, por ejemplo, la adjudicación del campamento Batidero del proyecto Vicuña a un consorcio encabezado por la empresa china PowerChina generó cuestionamientos de sectores empresariales argentinos. La oferta extranjera fue de USD 52 millones, frente a los USD 70 millones cotizados por una empresa nacional.
El episodio volvió a poner sobre la mesa la tensión entre dos objetivos del Gobierno: reducir costos para atraer inversiones y, al mismo tiempo, lograr que esas inversiones generen actividad para empresas argentinas.
La transformación de la industria argentina, entonces, no puede explicarse únicamente por un indicador.
El sector enfrenta simultáneamente menor utilización de la capacidad instalada, pérdida de empleos, cierre de empresas, dificultades de rentabilidad y una mayor competencia de productos importados.
Al mismo tiempo, existen sectores que encontraron oportunidades en el nuevo escenario y que podrían convertirse en motores de crecimiento durante los próximos años.
El desafío pasa por determinar si esa transformación permitirá construir una industria más competitiva y capaz de exportar, o si la apertura comercial terminará provocando una pérdida de capacidades productivas.
En el fondo, la discusión que atraviesa actualmente al empresariado argentino es cuánto tiempo necesitan las compañías para reconvertirse, qué condiciones deben existir para que puedan competir y cuánto del crecimiento impulsado por las grandes inversiones terminará derramando sobre las fábricas, pymes y trabajadores argentinos.
Ese debate ya dejó de ser exclusivamente empresario: se convirtió en una de las principales discusiones sobre el modelo económico que el Gobierno de Milei busca consolidar hacia los próximos años.
06-09-26 Fuente: diariopanorama.com
