Con más de seis meses de parálisis, la empresa de los Espiñeira mantiene en vilo a sus 700 empleados, que no cobran hace medio año mientras la deuda se dispara. Golpea con crudeza a los pueblos de Suardi, Rafaela y Totoras, donde la falta de circulación de dinero agrava la desesperación.
La situación financiera es crítica: la firma acumula más de 3.800 cheques rechazados por falta de fondos, equivalentes a más de 13.900 millones de pesos, y mantiene millonarias deudas con los bancos Nación, BBVA, Santander, Galicia y Macro. A esto se suman los 150 productores lecheros de Santa Fe que reclaman el pago de la leche entregada, cuya deuda ronda los 60 millones de dólares.
Desesperados por la falta de respuestas, los trabajadores se movilizaron frente a los Tribunales de Rafaela para exigir que la Justicia acelere las investigaciones y determine responsabilidades sobre los dueños, a quienes acusan de haber vaciado la empresa y abandonado sus obligaciones laborales. Entregaron un petitorio solicitando medidas cautelares firmes, como inhibiciones de bienes y embargos, y reclaman una articulación entre distintas jurisdicciones para destrabar el conflicto.
La angustia se refleja en los testimonios. Muchos empleados han debido reinventarse como remiseros, albañiles o panaderos para llevar un ingreso a sus hogares. "Más de 35 años trabajando para esa empresa... vendiendo panes para poder sobrevivir. Qué injusticia", expresó una operaria. En Suardi, 88 trabajadores presentaron un reclamo colectivo ante el Juzgado Laboral de San Cristóbal, mientras que el delegado Gabriel advirtió que el parate golpea con dureza a las localidades pequeñas, donde no hay oportunidades de reconversión y la economía familiar se sostiene a base de changas.
El conflicto escala con una amenaza: si no obtienen respuestas, los manifestantes advierten que bloquearán los tambos que Espiñeira posee en Totoras, que producen 30.000 litros y que, según denuncian, estarían redirigiendo a otras procesadoras. Además de la falta de salarios, la empresa cortó los aportes jubilatorios y suspendió la obra social, generando malestar en el gremio ATILRA, que también reclama por el recorte de los aportes sindicales. Los trabajadores aseguran que están siendo llevados al extremo mientras la justicia tarda en llegar y la deuda multimillonaria crece día a día, sin que los dueños den señales de una solución viable.
Fuente: diarionorte.com
