"Agentes, suboficiales y hasta jefes de comisaría nos vemos forzados a trabajar como repartidores o conductores de aplicaciones para sobrevivir, mientras el gobierno provincial acumula un mes de conflicto sin ofrecer respuestas concretas", denuncia la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria, que nuclea a los efectivos. Alegan que el poder adquisitivo "se desmoronó, en una de las regiones con el costo de vida más alto del país".
Un agente percibe entre $900.000 y $1.000.000 de pesos mensuales. Sin embargo, en el sudoeste de la provincia —una de las zonas más críticas—, el alquiler de una vivienda básica ronda entre $1.000.000 y $1.500.000. A eso se suman facturas de gas envasado y energía eléctrica que superan los $200.000 cada una. De este modo, el sueldo completo de un efectivo apenas alcanza para cubrir el techo y los servicios, dejando sin margen para la alimentación o el transporte de su familia.
"Hasta los comisarios hacen Uber acá en Santa Cruz", denunciaron los representantes gremiales, evidenciando la gravedad de un fenómeno que ya no es excepcional. El sobreendeudamiento con tarjetas de crédito es moneda corriente y el pluriempleo se extendió como la única salida para esquivar la indigencia. El conflicto, que arrancó en enero con pedidos formales de apertura paritaria y escaló en mayo con un "quite de colaboración" (trabajo a reglamento), mantiene a los efectivos en estado de alerta permanente.
Las medidas de fuerza incluyen acampes y la limitación de tareas a lo estrictamente normado. Ante el temor a represalias, son los efectivos retirados quienes asumen la vocería, actuando como la "cara visible" y trasladando el malestar del personal en actividad. Los manifestantes también denuncian haber sufrido "aprietes" y hostigamiento durante las protestas, lo que profundiza la desconfianza hacia las autoridades.
La Mesa de Unidad no solo exige una recomposición urgente, sino que acusa a la administración provincial de "desidia" y de incumplir acuerdos previos. Señalan que el gobierno omitió la fecha límite para las negociaciones y que, pese a la existencia del Consejo del Salario —creado en 2012—, siempre se obstaculizó la participación plena de los trabajadores. La consigna es clara: se necesita un "salario digno" de manera inmediata, antes de abordar cualquier otra condición laboral.
Este estallido social en el sur se da en un contexto macroeconómico complejo, donde la depreciación del dólar frente a la inflación y el aumento de las importaciones textiles (22.500 toneladas en el primer cuatrimestre) presionan a la industria local y afectan la recaudación fiscal provincial, reduciendo los fondos disponibles para los salarios públicos.
Con más de un mes de conflicto y las deudas acumulándose, la paciencia se agota. Si el gobierno no presenta una oferta concreta que refleje el costo de vida patagónico, el acampe y las medidas de fuerza se profundizarán. La dignidad de quienes custodian la seguridad de Santa Cruz, advierten, se pone en juego cada noche en un viaje de Uber o en una entrega de delivery.
Fuente: diarionorte.com
