Cuando una empresa mediana europea decide invertir en México, lo primero que pregunta no es sobre aranceles ni acceso a mercados. Pregunta sobre la seguridad jurídica de su inversión en el país. Durante la llamada cuarta transformación, esa pregunta se ha vuelto más complicada.

El nuevo tratado de libre comercio con la Unión Europea, el Acuerdo Global Modernizado firmado el 22 de mayo, intenta responder a esa angustia. Las cifras le dan peso al esfuerzo: el comercio bilateral México-UE superó los 94,500 millones de dólares en 2025, con la UE consolidada como segundo socio comercial y segundo inversionista extranjero, con 24.2% de la IED total y uno de cada cuatro dólares invertidos en manufactura. Pero conviene poner esos números en contexto. El comercio con Estados Unidos alcanzó 872,800 millones de dólares ese mismo año, más de nueve veces el europeo. La diversificación es real, pero modesta. Sin el T-MEC, México pierde su atractivo principal para Europa: ser puerta de entrada al mercado norteamericano.

El nuevo acuerdo ofrece un tribunal de inversión ad hoc para dirimir controversias en caso de que -muy probablemente- el gobierno mexicano incumpla sus obligaciones, un mecanismo de arbitraje que se arma caso por caso, sin instituciones permanentes. Suena bien en teoría: si algo sale mal, hay dónde recurrir. Pero un tribunal ad hoc del tratado es solo tan bueno como los árbitros que lo conforman. Y si el sistema judicial nacional está bajo escrutinio internacional, ¿quién garantiza que los árbitros seleccionados tendrán la credibilidad necesaria?

Esa tensión no es accidental. La UE cedió en este punto, aceptó el formato ad hoc en lugar de insistir en una corte permanente, precisamente porque la Reforma Judicial mexicana lo complicó todo. La improvisación de AMLO trajo ese factor de nerviosismo. Su destrucción de instituciones, la prevención. El acuerdo no es una solución definitiva. Es un respiro mientras se negocia algo más sólido.

Hay aquí una paradoja política que no debe pasar inadvertida. Quienes durante años denunciaron el libre comercio como imposición neoliberal hoy lo celebran como triunfo diplomático. El gobierno que llegó al poder cuestionando el TLCAN, la apertura económica y la inversión extranjera cuando era oposición, firma ahora un acuerdo que profundiza ese mismo modelo, con cero aranceles para el 86% de productos agropecuarios, apertura de compras públicas y protección reforzada al capital europeo. La realidad geopolítica de Trump, aranceles, presiones comerciales y la urgencia de diversificación, obligó al pragmatismo. Bienvenido sea, aunque el discurso oficial requiera ahora cierta gimnasia ideológica para sostener que esto no es lo que ayer combatían.

Para una empresa mediana europea, el mensaje es dual. Por un lado, el acuerdo reduce aranceles, abre compras públicas y protege 568 indicaciones geográficas europeas. Eso es real. Por otro, el tribunal ad hoc que establece el tratado es una banda adhesiva: útil, pero temporal. La verdadera arquitectura de confianza se construirá en la revisión del T-MEC, donde la UE estará observando atentamente.

México consiguió lo que quería: acceso preferencial a 450 millones de consumidores y tiempo para que sus reformas judiciales demuestren su viabilidad. Pero ese tiempo tiene un precio. Los europeos no están desistiendo de exigir independencia judicial; simplemente lo están posponiendo. El tribunal ad hoc es el primer acto. La revisión del T-MEC será el segundo. Y en ese acto, ya nadie podrá darse el lujo de fingir que el libre comercio era el enemigo.