El Estado mexicano reconoce que 1,085 personas fueron víctimas de tortura en el país de enero a abril de 2026, de acuerdo con estos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); casi 50 % de las víctimas —2,215— registradas en el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET) en todo 2025. 

Desde inicios de este año, el SESNSP —órgano encargado de recopilar y publicar información oficial sobre incidencia delictiva a nivel nacional, estatal y municipal— comenzó a publicar mensualmente registros de incidencia delictiva y víctimas del delito de tortura. Anteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) publicaba los reportes anuales de este ilícito en el RENADET. 

Ángel María Salvador Ferrer, asesor principal en incidencia y políticas públicas de Documenta, señala que la tortura es uno de los delitos con mayor cifra negra, pues los métodos de medición de las acciones que pueden ser considerados tortura son diversos y, en ocasiones, incoherentes. “Hay casos de tortura que se clasifican como otro delito o que no se castigan. México tiene una clara dificultad para hacer una medición real de las víctimas”, destaca. 

En el marco internacional y nacional, el delito de tortura tiene distintos tipos penales, pero debe incurrir en circunstancias como que se produzca un dolor o sufrimiento de notable magnitud, que esta acción la inflija un sujeto activo calificado —no lo puede cometer un particular— que exista una intencionalidad y una finalidad como un castigo, explica Ángel María Salvador Ferrer. 

De acuerdo con el gobierno mexicano, la tortura es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, para castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido. 

Mientras que los tratos crueles e inhumanos son actos que agreden o maltratan intencionalmente a una persona. Estas acciones buscan castigar o quebrantar la resistencia física o emocional de una persona. 

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A pesar de que desde 2005 México ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) y estableció su Mecanismo Nacional de Prevención en 2007, este delito prevalece en el país, pues el RENADET señala que de 2018 a  2025 se han registrado 32, 999 víctimas en expedientes abiertos por tortura o tratos crueles e inhumanos.

Respecto a la situación de vulnerabilidad de las víctimas, las condiciones más comunes son: discapacidad, población indigena, grupo vulnerable, población LGBTQ+, delito sexual y estado de gestación, en este mismo periodo según el RENADET.

“Generalmente, este delito tiene mayor incidencia en los grupos que históricamente han vivido discriminación y exclusión en diversos ámbitos; en algunos casos, tienen poca capacidad para gozar de una defensa efectiva, además de que se enfrentan a un sistema de justicia poco cercano e inaccesible”, señala el especialista.

Los efectos que tiene el delito de tortura en sus víctimas “son devastadores”, pues una persona torturada vive una situación de deshumanización. “Además de la violencia que vivieron, las víctimas pocas veces acceden a la justicia y a una reparación del daño adecuado”, afirma Ángel María Salvador Ferrer. 

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A nivel nacional, desde el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2025 se han registrado 26, 825 presuntos responsables en expedientes abiertos por tortura o tratos crueles e inhumanos, según el RENADET; de estos, las instituciones que encabezan casos son la policía ministerial, la estatal y la municipal, seguidas por los centros penitenciarios, las fiscalías o procuradurías locales y Defensa. 

Al respecto, el especialista de Documenta explica que “para que la tortura sea investigada como un delito, tiene que pasar por las Fiscalías porque son las instituciones encargadas de la investigación, pero esto se vuelve un problema porque las víctimas tienen que denunciar en la Fiscalía  cuando, en algunos casos, ahí trabajan los presuntos responsables”.

“Las denuncias se quedan estancadas a pesar de que hay casos que se pueden resolver con buenos planes de investigación y las diligencias adecuadas, pero no avanzan”, asegura, “faltan recursos adecuados, eso es evidente, no se destinan suficientes recursos ni se cuenta con el personal con las capacidades adecuadas, por otro lado, también existen casos de encubrimiento”. 

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Que los principales presuntos culpables de este delito sean las fuerzas de seguridad mexicanas deterioran la confianza de la ciudadanía en el Estado, explica Ángel María Salvador Ferrer.  Además, genera miedo a denunciar, pues en muchos casos las mismas instituciones señaladas son las encargadas de investigar los hechos.

“Cuando se genera una sensación de arbitrariedad en el actuar de las instituciones, la ciudadanía se siente poco representada y no confía en el actuar de las autoridades. La sociedad no considera que el sistema de justicia pueda hacer justicia y esto es un campo propicio para que se sigan cometiendo estas violencias”, asegura. 

Aunque en México existen leyes que prohíben y castigan esta violencia, hay pocas sentencias por tortura, evidencia el especialista; por ello, “la impunidad es el motor para que siga habiendo una incidencia elevada de tortura en el país”. 

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