Más de cien detenidas fueron trasladas de una cárcel en Venezuela después de que cientos de presos comunes tomaran el penal al denunciar "torturas" por parte de las autoridades carcelarias, que prometieron instalar una "mesa técnica" para mediar, informó el lunes un observatorio independiente.

Las prisiones en Venezuela son objeto de constantes denuncias por condiciones de hacinamiento, conflictos violentos entre la población carcelaria y los custodios, y el control que ejercen grupos delictivos.

Decenas de familiares esperaban ansiosos la mañana del lunes en las inmediaciones del recinto penitenciario, constató la AFP. Cientos de prisioneros se agruparon el domingo en el techo del Internado Judicial de Barinas (Injuba) con pancartas con mensajes como "SOS" Y "No más tortura".

Los presos, varios de ellos con el rostro cubierto, incendiaron colchones y sábanas en este penal ubicado en la tierra natal del fallecido presidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas.

Una funcionaria carcelaria informó en la madrugada a familiares "el desalojo total de las 112 mujeres que estaban en el anexo (femenino), aunque no especificó hacia dónde", según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

"También manifestó que habría traslado voluntario de los hombres y que al penal llegarían jueces y fiscales para la instalación de una mesa técnica" para una "revisión de casos", agregó el OVP en la red X.

Al romper el alba un grupo de detenidos seguía sobre las torres de la cárcel, según el observatorio independiente.

La Fiscalía anunció el lunes en un comunicado que abrió una investigación sobre la "situación de protesta".

Según el OVP, 1,200 hombres y más de 100 mujeres se habían declarado "en huelga" en esta prisión. Los reos "aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas", indicó la ONG.

Hace un mes se registró un motín en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas, que dejó cinco prisioneros muertos, según las autoridades.

En 2023 el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por bandas delictivas.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la caída de Maduro en enero, prometió una reforma al sistema de justicia.

Rodríguez impulsó además una histórica ley de amnistía para excarcelar a cientos de presos políticos, que sin embargo expertos han criticado por considerarla insuficiente.