Uno de los máximos líderes de la Unión Europea (UE) reiteró este miércoles la inquietud por la "criminalización" contra exfuncionarios y activistas anticorrupción en Guatemala, aunque destacó recientes cambios que incluyeron la salida de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por el bloque.

Porras, que dejó el cargo el pasado sábado tras ocho años de gestión, está sancionada por más de 40 países encabezados por la UE y Estados Unidos que la consideran corrupta y antidemocrática por abrir casos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados.

La exfiscal, de 72 años, también recibió sanciones por tratar de impedir en 2024 la investidura del presidente socialdemócrata, Bernardo Arévalo, al abrir investigaciones contra su partido y las elecciones que había ganado un año antes.

"Compartimos la preocupación por los casos de instrumentalización del sistema judicial y la criminalización de defensores de derechos humanos, los responsables de la lucha contra la corrupción y los líderes indígenas" en Guatemala, dijo en rueda de prensa el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Sin embargo, resaltó que el país está en un "momento importante" tras la renovación de instituciones judiciales, principalmente la máxima corte y la fiscalía.

"El resultado del proceso es globalmente positivo y merece nuestro aplauso", añadió el líder europeo luego de reunirse con Arévalo en el Palacio Nacional de la capital.

Para juristas internacionales, la salida de Porras era clave para atacar las redes de corrupción enquistadas en el deteriorado sistema judicial de Guatemala, que ha hecho tambalear su débil democracia.

El nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, anunció el domingo el cierre de la oficina que impulsó las acusaciones contra exfuncionarios y activistas y una revisión de los expedientes.

Especialistas estiman que el proceso de renovación judicial fue una derrota para Arévalo porque la Corte de Constitucionalidad -máximo tribunal- sigue controlada por magistrados cuestionados como el reelegido Roberto Molina Barreto, cuyos fallos han favorecido a reconocidos criminales.

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