En una Bolivia en tensión, la UE busca invertir en el litio

hace 1 hora - MUNDO


"Esperamos que no haya más muertos", dicen a DW directivos de la Fundación Solón, en un momento de creciente tensión social en Bolivia y a pocas semanas de una cumbre para lograr un consenso nacional sobre el litio, en junio de 2026.

Los representantes de esta organización boliviana están en Bruselas para aportar su experiencia en diversos encuentros sobre el extractivismo. Dada su historia y el momento candente que vive el país, tienen mucho que decir, comenzando por el litio.

Teniendo a las espaldas tres millonarios fracasos de proyectos de inversión -uno alemán, uno chino y uno ruso- para extraer el litio del Salar de Uyuni, académicos, organizaciones, comunidades locales y especialistas vienen preparando una primera propuesta que dé un marco de seguridad tanto a comunidades como a inversionistas. La falta de una ley nacional sobre el litio, con reglas claras, habría llevado al fracaso de las iniciativas anteriores.

"No existe una extracción de litio amigable con la naturaleza", explica a DW José Carlos Solón, especialista de la Fundación Solón. "No obstante, las organizaciones sociales del departamento de Potosí, donde está el yacimiento más grande del mundo -que vienen de una centenaria historia de extracción y despojo- han generado en las últimas tres décadas propuestas para que esa extracción sea realizada con la mayor cantidad de salvaguardas posibles. Estamos a punto de presentar una propuesta de ley consensuada", agrega.

Es más, la Unión Europea vería con buenos ojos la labor de la Fundación Solón en la búsqueda de este consenso, pues considera una ventana de oportunidad que Bolivia abra espacio a su inversión, oficialmente, respetuosa de estándares medio ambientales y de derechos humanos.

Pese a su labor en favor de las poblaciones y la naturaleza, esta organización de la sociedad civil acaba de ser cuestionada por el Gobierno boliviano, que alega que la intención de la Fundación Solón y otras cuatro organizaciones sería, con financiación europea, desestabilizar el país.

¿De dónde viene esta acusación? "Como Fundación Solón, advertimos cuando se estaba gestando ese proyecto de ley que hoy se conoce como 'la 1720' que no debía aprobarse, que iba a traer graves problemas", explica a DW Pablo Solón. Cabe recordar que centenares de personas marcharon más de mil kilómetros hasta La Paz para lograr la abrogación de la ley, que finalmente fue invalidada.

¿Por qué estaba destinada al fracaso? "Porque no había sido consulta con los pueblos indígenas ni con los campesinos. La ley fue propuesta por el sector agroempresarial, fue ajustada a sus intereses y se aprobó de forma muy rápida en el Senado y en la Cámara de Diputados", sigue Pablo Solón, especialista en recursos y sistemas medioambientales.

La ley 1720 permitía convertir una pequeña propiedad rural en mediana propiedad siempre que el titular lo solicitara. "Eso es inconstitucional. La pequeña propiedad es inembargable, no puede ser hipotecada. Esa pequeña propiedad es patrimonio familiar y comunal. Si se pierde, las organizaciones pierden su territorio", acota Pablo Solón, exembajador de Bolivia ante Naciones Unidas.

Entonces, ¿cuál es el interés del sector agroempresarial? La respuesta se encuentra en las diferencias estructurales que existen en el país famoso por su Cerro Rico de Potosí. "Hay que aclarar primero que todas esas tierras son donación del Estado. Si un pequeño propietario está en la parte occidental, puede tener entre dos y cincuenta hectáreas; pero si está en la parte oriental, donde está Santa Cruz, puede llegar a tener hasta 500. Si tiene más, tiene que comprarlas al Estado. Al permitir que la pequeña propiedad sea declarada mediana propiedad, no tienen que comprarla y la están blanqueando", subraya Pablo Solón. En su opinión, antes de aprobar una ley por vía rápida, hay que hacer un estudio acerca de la titulación de esas tierras.

Como fuere, mucho apunta a que es este tipo de cuestionamientos lo que ha puesto a cinco organizaciones bolivianas bajo sospecha. Y no sería la primera vez. Los directivos de Fundación Solón enfatizan que en el Gobierno de Evo Morales también estuvieron en la mira por oponer estudios de impacto ambiental a sus proyectos extractivistas y de infraestructura.

En un momento en que la UE se acerca a Bolivia buscando invertir en litio, no es alentador que se ponga en duda tanto su cooperación como a las organizaciones defensoras de derechos humanos que Europa viene apoyando desde hace bastante tiempo.

"Aunque la tendencia a narrativas anti-ONG y anti-cooperación es global, en el caso de Bolivia resulta especialmente grave y contradictoria", comenta a DW Magdalena Bordagorry, coordinadora de la Red EU-LAT.

"Estas declaraciones ocurren pocos meses después del relanzamiento del diálogo político entre la UE y Bolivia. En ese momento -en una misión centrada en las inversiones en litio-, la cooperación europea sí fue celebrada como algo bueno, legítimo y deseable. Pero cuando, en el marco de esa misma cooperación, se intenta monitorear derechos humanos e instituciones, pasa a ser tratada como sospechosa", lamenta Bordagorry, y recuerda que estas organizaciones ya están sometidas a mecanismos de auditoría y control, tanto estatales como de los propios donantes europeos.

"Hay que aclarar que, en Bolivia, el Gobierno no va en contra de todas las ONG, sino contra aquellas que no reproducen el discurso oficial, va contra la nuestra, por ejemplo, que puede discrepar, pero lo hace con fundamentos", apunta Pablo Solón.

Así las cosas, con el conflicto crepitando en las calles por los salarios, por el combustible, la educación y la salud, y con un paquete de diez nuevas leyes por salir, los analistas de la Fundación Solón advierten que "Bolivia necesita marcos regulatorios, sí, pero tienen que ser dialogados. Lo que acaba de pasar con la Ley 1720 deja un mensaje claro: no pueden cometer el mismo error con la ley del litio", alerta Pablo Solón. "No puede ser aprobada sin consulta", advierte, y concluye: "Si no toman en cuenta el consenso que se presentará en Uyuni, se va a generar una conflictividad que, lejos de atraer inversiones, las va a ahuyentar".

(ms)