Patricia Hoyos Salazar - Periodista - Especialista en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad

Las recientes elecciones en el Perú no solo dejaron un país fragmentado políticamente. También volvieron a mostrar una peligrosa normalización de algo que viene creciendo silenciosamente desde hace años: la manipulación digital como herramienta de poder y su financiación oculta. Terminada la jornada electoral, el ruido empezó antes que los resultados oficiales.

Denuncias sin pruebas, acusaciones de fraude, dinero a cambio de información, ataques a organismos electorales y llamados a desconocer los resultados comenzaron a circular con rapidez en redes sociales y plataformas digitales. Otra vez. Como si el país estuviera condenado a repetir el mismo libreto electoral.

Y quizás ese es el verdadero problema: que ya nos parece normal.

La democracia no se debilita únicamente cuando se roba dinero público o se negocian favores bajo la mesa. También se erosiona cuando se destruye deliberadamente la confianza ciudadana en las instituciones. Ahí aparece lo que podría llamarse una 'corrupción digital': una forma menos tangible, pero igual de peligrosa, de manipular el sistema democrático.

La corrupción digital no deja necesariamente contratos irregulares ni cuentas bancarias sospechosas. Deja algo más difícil de medir: desinformación, miedo, polarización y ciudadanos incapaces de distinguir entre hechos y propaganda. Opera desde redes sociales, campañas coordinadas, cuentas anónimas y discursos políticos que buscan desacreditar cualquier resultado que no les favorezca.

En el contexto electoral peruano, esta dinámica se ha vuelto especialmente preocupante. Algunos candidatos parecen haber entendido que desconocer resultados puede ser políticamente rentable. Instalar sospechas sin pruebas, hablar de fraude antes de que termine el conteo o convertir a las autoridades electorales en enemigos públicos ya no provoca el rechazo que debería suscitar en cualquier democracia sana.

Por el contrario, muchas veces genera aplausos, viralización y seguidores. Las redes sociales han cambiado las reglas de la política. Hoy una mentira emocional puede circular más rápido que una explicación técnica de la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones. Y mientras las instituciones intentan comunicar con formalidad, los algoritmos premian el escándalo, la indignación y el miedo.

No es casualidad que durante esta campaña electoral hayan proliferado videos manipulados, titulares engañosos y contenidos diseñados para alimentar la confrontación. La desinformación ya no es un fenómeno marginal; forma parte del ecosistema político contemporáneo.

Lo más grave es que muchas de estas narrativas no buscan necesariamente demostrar algo, sino sembrar dudas permanentes. Porque cuando un sector de la población deja de confiar en las elecciones, en los medios y en las instituciones, la democracia entra en una crisis mucho más profunda que cualquier resultado electoral. Y, en medio de ese escenario, las amenazas y ataques contra autoridades electorales, periodistas y actores públicos se han vuelto cada vez más frecuentes. El problema es que gran parte de esta violencia digital ocurre prácticamente sin consecuencias. La impunidad también se ha digitalizado.

Durante años, el Perú discutió la corrupción casi exclusivamente en términos económicos: sobornos, licitaciones, lavado de activos. Pero quizás ha llegado el momento de entender que también existe una corrupción que opera sobre la verdad, que manipula emociones, distorsiona hechos y convierte la mentira en estrategia política. Porque cuando la política deja de competir con propuestas y empieza a competir con teorías conspirativas, el daño no termina el día de las elecciones. El daño permanece en una sociedad cansada, polarizada y cada vez más desconfiada de todo lo que la rodea.