La tensión política y económica crece en Perú mientras el país espera los resultados definitivos de unas elecciones presidenciales marcadas por retrasos, denuncias de fraude y un escenario altamente polarizado. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez lideran el escrutinio de votos en la recta final de la primera vuelta de las elecciones presidenciales peruanas del 12 de abril, con el 99,76% de las actas procesadas hasta este martes 12 de mayo, de acuerdo con las autoridades electorales.

Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori y quien se postula por cuarta vez al cargo, mantiene una cómoda ventaja con el 17,17% de los votos. Por su parte, Sánchez, cuya candidatura es respaldada por el encarcelado expresidente Pedro Castillo, obtiene el 12% y supera por estrecho margen al ultraconservador Rafael López Aliaga, quien registra el 11,91%.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga ronda los 15.000 votos, mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa procesando las últimas papeletas pendientes, equivalentes a unos 50.000 votos. Sin embargo, las tendencias observadas durante los últimos días hacen prever que el resultado difícilmente cambiará.

Ninguno de los candidatos alcanzó el porcentaje necesario para evitar una segunda vuelta, prevista para el próximo 7 de junio, en la que competirán los dos aspirantes más votados.

El Jurado Nacional Electoral (JNE) informó que el conteo final será anunciado antes del 15 de mayo, tras semanas de demoras atribuidas a problemas logísticos y cuestionamientos al proceso electoral.

La prolongación del escrutinio ha alimentado denuncias de fraude, especialmente impulsadas por López Aliaga y sus seguidores. La controversia derivó además en la renuncia de la máxima autoridad electoral del país, actualmente bajo investigación de la Fiscalía. Pese a ello, observadores de la Unión Europea aseguraron no haber encontrado evidencias concretas de irregularidades sistemáticas.

En paralelo, los mercados financieros reaccionan con inquietud ante la posibilidad de que Sánchez dispute la Presidencia. El candidato de izquierda ha prometido revisar los contratos de participación en los sectores minero y gasífero, pilares fundamentales de la economía peruana.

La incertidumbre política ha debilitado al sol peruano frente al dólar durante las últimas semanas. Analistas financieros comparan el escenario actual con el de 2021, cuando el sorpresivo ascenso de Castillo provocó fuertes caídas en los mercados.

“El mercado ya está descontando la entrada de Sánchez a la segunda vuelta, lo que recuerda a 2021 (...) Se perfila nuevamente una disputa entre un candidato de derecha y uno de izquierda”, afirmó César Huiman, analista de la correduría Renta4.

Las encuestas reflejan un panorama abierto y marcado por un fuerte rechazo ciudadano hacia ambos favoritos. Un sondeo de Ipsos realizado el 26 de abril mostró un empate técnico entre Fujimori y Sánchez, con 38% de intención de voto para cada uno en una eventual segunda vuelta.

El estudio también reveló que el 48% de los consultados asegura que no votaría por Fujimori bajo ninguna circunstancia, aunque ese rechazo disminuyó respecto al 59% registrado antes de los comicios generales. En el caso de Sánchez, el nivel de rechazo aumentó del 39% al 43% en apenas tres semanas.

Perú atraviesa una prolongada crisis política que ha llevado al país a tener ocho presidentes en la última década. Varios exmandatarios enfrentan procesos judiciales o cumplen condenas en prisión. Aun así, la nación andina continúa siendo considerada una de las economías históricamente más estables de América Latina, gracias a sus exportaciones de cobre y productos agrícolas.

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El Ministerio Público pidió una condena de 5 años y 4 meses de prisión para el izquierdista Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú (JP), por haber declarado presuntamente información falsa ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en relación a los aportes de campaña registrados entre 2018 y 2020.

Según la acusación y documentos a los que accedió el diario ‘El Comercio’, la Fiscalía también solicitó la "inhabilitación definitiva" de Sánchez para seguir presidiendo su partido.

Sánchez es señalado de presentar informes con los que negaba la recepción de aportes partidarios, cuando en realidad según las acusaciones, habrían ingresado más de 200.000 soles —unos 58.200 dólares— a una cuenta bancaria de su hermano, William Sánchez Palomino.

La Fiscalía lo procesa, bajo la figura de concurso real de delitos, por falseamiento de información sobre aportes partidarios y falsa declaración en procedimiento administrativo, en perjuicio de la ONPE.

Su defensor, el abogado Carlos García, argumentó que en ningún momento la acusación demuestra en qué gastos personales se habrían utilizado los aportes. También destacó que la Justicia ya desestimó ese punto de la causa, que formaba parte del cargo por fraude en la administración de persona jurídica.

El próximo 27 de mayo, el Juzgado de Investigación Preparatoria examinará el nuevo requerimiento acusatorio que la Fiscalía presentó en enero de 2026, tras la decisión de una Sala Superior de archivar algunos delitos y extremos de la acusación —producto del paso del tiempo y de los recursos interpuestos por los imputados.

La hipótesis es que Sánchez, en su rol de apoderado y representante del partido Juntos por el Perú, habría entregado información falsa a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, vinculada a la Información Financiera Anual de 2018 y a la Declaración de Ingresos y Gastos de la campaña electoral de ese mismo año.

De acuerdo con el ente acusador, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales de 2018, se presentaron documentos firmados por Sánchez Palomino —fechados el 21 de enero y julio de 2019— que incluían informes de campaña y estados financieros de Juntos por el Perú.

En esos registros, el candidato habría declarado que el partido no realizó ningún gasto durante ese proceso electoral y que la caja no registró movimientos, por lo que tampoco existirían aportes de militantes.

Sin embargo, la Fiscalía considera que eso sería falso: se habría comprobado que se abrió una cuenta bancaria a nombre de William Sánchez Palomino —hermano del candidato y expresidente del Comité Nacional Electoral de JP—, en la que habrían ingresado aportes por un total de 204.951,36 soles, monto que debió haber sido declarado ante la ONPE.

El 27 de mayo, a pocos días de la segunda vuelta, Sánchez deberá comparecer ante los tribunales en una audiencia virtual. El Ministerio Público afirma que cuenta con "elementos suficientes" para vincular al imputado con los delitos que se le atribuyen y, por eso, solicita que la causa avance a la etapa de juicio oral.

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Con EFE y medios locales