La Comunidad Andina se encuentra en una situación semejante a la de Hércules en la encrucijada: debe escoger entre la opción de solucionar cuanto antes la grave crisis que enfrenta por la “guerra” arancelaria entre Ecuador y Colombia, y asumir una indispensable reforma institucional, o ver profundizar la crisis, dilapidar sus buenos desempeños económicos e ingresar en una espiral que puede comprometer su propia existencia.

El 1 de febrero de 2026, el presidente Daniel Noboa impuso una “tasa de seguridad” del 30% sobre todas las importaciones provenientes de Colombia. La normativa andina no incluye “tasas de seguridad” para elevar aranceles. Se trató de una decisión política con una argumentación vinculada al narcotráfico y a actividades armadas irregulares. Quito sustentó la medida en razón de que, a su juicio, la situación de inseguridad en la frontera común (586 kilómetros), por acciones de grupos narcotraficantes y mineros ilegales —a los que vinculaba con el territorio colombiano—, había generado al Estado ecuatoriano un gasto de seguridad no previsto del orden de US$ 400 millones.

Paradójicamente, la medida se adoptó en una coyuntura en la que la balanza comercial favorable a Colombia en los últimos 25 años había pasado, por primera vez, a ser superavitaria para Ecuador, en US$ 62,9 millones. Este hecho hacía difícil explicar la medida proteccionista dentro de una lógica comercial. Se constataba que la tasa, en realidad un arancel, no se adoptó porque el comercio desfavoreciera a Ecuador, sino a pesar de que le favorecía.

Desde Colombia se apuntó a una motivación política vinculada a la estrategia interna de seguridad ecuatoriana. Se hizo notar que el mismo día de su anuncio, el gobierno de Daniel Noboa publicó las cifras que tipificaron 2025 como el año más violento de la historia del Ecuador: 50,91 homicidios por cada 100.000 habitantes, un aumento del 32% en relación con los indicadores de 2024.

Para el analista ecuatoriano Alberto Acosta Burneo, al anunciarse la tasa en la víspera de la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro, su motivación habría incluido un cálculo geopolítico para provocar una reacción favorable de Washington, que finalmente no se concretó.

La respuesta colombiana ha sido una retaliación selectiva y escalonada: aranceles diferenciados según la capacidad de sustitución nacional (75% donde tiene producción propia, 35% donde el impacto al consumidor sería mayor), exclusión deliberada de insumos productivos esenciales para proteger a sus propias empresas manufactureras y la suspensión de sus ventas de energía eléctrica a Ecuador. Estas medidas tienen la racionalidad de proteger a sus empresas y a los consumidores que dependen de ciertas importaciones desde Ecuador.

El 1 de marzo, Quito elevó la tasa al 50%. Con posterioridad, en la dinámica de desencuentros políticos entre los dos mandatarios, el 8 de abril, Petro se refirió a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador condenado por peculado, como un preso y perseguido político, aludiendo a su nacionalidad colombiana, adquirida en diciembre de 2024, cuando se encontraba asilado en la embajada de México.

Noboa, por su parte, según el diario El País, vinculó indirectamente a Petro con el narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”. Petro rechazó la acusación y anunció que demandaría a Noboa por calumnia.

El 8 de abril, la Cancillería ecuatoriana llamó a consultas a su embajador en Bogotá, Arturo Félix Wong. Al día siguiente, 9 de abril, Noboa anunció que elevaría la denominada tasa de seguridad al 100% para todas las importaciones colombianas. En reacción a ese anuncio, Petro ordenó el retiro de su embajadora en Quito, María Antonia Velasco, y declaró que se trataba de “(...) simplemente una monstruosidad, pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí”. Y añadió: “La canciller debe iniciar el paso en el Mercosur para ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza”.

El 4 de mayo, Ecuador rebajó la tasa al 75%, a aplicarse a partir del 1 de junio, lo cual, antes que tener efectos comerciales reales, constituyó un signo de flexibilidad. Nunca en la historia de la comunidad se había producido una situación similar de afectación del libre comercio pactado.

Cumpliendo el formato procesal, Colombia demandó a la Secretaría General que ordene la supresión de la elevación de los aranceles, argumentando que la “tasa de seguridad” de Ecuador vulnera el Acuerdo de Cartagena, que establece un arancel cero automático e irrevocable para el universo de los productos originarios de la subregión. Ecuador hizo un recurso similar y fue más allá al introducir tres demandas ante el Tribunal Andino de Justicia contra las medidas adoptadas por Colombia.

Luego de un infructuoso intento de buscar una solución a través de la conciliación diplomática, la vía procesal técnico-administrativa activada por las dos partes ha dado un primer resultado. La Secretaría General ha resuelto, aplicando la normativa andina, que las tasas del 100% y del 75% impuestas por Ecuador vulneran el programa de liberación y que los aranceles recíprocos establecidos por Colombia también son gravámenes prohibidos. Ha dispuesto un plazo de 10 días para que sean eliminados.

Esta decisión no es impugnable en la vía administrativa. Pero tampoco es necesariamente definitiva. Ecuador puede desacatarla y recurrir, como ya lo ha hecho, al Tribunal Andino de Justicia.

La crisis, cuya solución final deberá esperar todavía diversos acontecimientos, tiene lugar paradójicamente en una coyuntura en la que los resultados económicos de la CAN presentan los mejores indicadores de las últimas décadas. El comercio intrazonal ha llegado a US$ 9.152 millones (2024), con 82,9% de manufacturas. Las exportaciones totales han ascendido a US$ 165.290 millones (+5,5%), con un superávit de US$ 4.299 millones, por primera vez desde 2012. Es el mercado de la transformación productiva. Las ventas peruanas son en un 94% manufacturas.

Sin embargo, la conducción política superior del proceso está prácticamente paralizada: el Consejo Presidencial Andino no se reúne desde 2024; el de ministros de Relaciones Exteriores lo ha venido haciendo, pero en escenarios de alta tensión y con un proceso de decisiones prácticamente estancado.

Es indispensable dar una solución estructural y de largo plazo a la crisis. Construir, con pragmatismo, realismo y una gran determinación política, un consenso de visión histórica para reformar la Comunidad. Armonizar su normativa jurídica con su naturaleza de zona de libre comercio e integración profunda en los ámbitos de la infraestructura, la energía, la cultura, la educación y la ciudadanía común. Reformar la estructura institucional, el Parlamento Andino y el Tribunal de Justicia. Y, con ambición por el crecimiento económico, transitar hacia una zona de libre comercio sudamericana con el Mercosur.