Mateo Pérez Rueda se había convertido en una voz de referencia en Yarumal, Antioquia, donde se dedicó a documentar las consecuencias de la violencia armada en Colombia, las economías ilícitas y la corrupción, a través de un medio digital creado por él mismo, ‘El Confidencial’.

Su labor tuvo impacto inmediato, pero no duradero. El cuerpo del joven periodista y estudiante de Ciencias Políticas, de 24 años, fue encontrado por una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) luego de tres días de desaparición, durante los cuales los grupos irregulares que controlan la zona rural de Palmichal se negaron a permitir la entrada de autoridades.

Vecinos de la vereda de Palmichal ya habían dado la alerta de la tortura y asesinato del joven comunicador, que tuvo lugar el mismo día que se internó en el área para un reportaje sobre los combates entre las disidencias de las FARC y el Ejército de Colombia.

Pero los mandos del frente 36 del grupo, separado de la guerrilla desmovilizada, se negaron a permitir el ingreso de cuerpos de seguridad, mientras los familiares del joven, así como líderes comunitarios y organismos gremiales, pedían apoyo institucional para localizarlo.

De acuerdo con una fuente citada por el portal ‘Publimetro’, el alcalde de Briceño (el municipio donde se encuentra Palmichal), Noé Espinosa, se comunicó con el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, para notificarle que el periodista estaba muerto, pero que “nadie puede sacar el cuerpo”.

Hizo falta la mediación del CICR, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica para poner fin a la incertidumbre. El cadáver de Pérez Rueda fue recuperado por una comisión que reunió a delegados de los tres entes.

“Esta acción humanitaria tuvo como propósito aliviar el sufrimiento de una familia que atravesaba momentos de profundo dolor e incertidumbre, y contribuir a que pueda recuperar el cuerpo de su ser querido para darle una sepultura digna”, señaló el CICR en un comunicado.

El presidente Gustavo Petro publicó una escueta declaración en X en la que responsabilizó por el asesinato de Pérez Rueda a “Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez que es un grupo dividido del frente 36, hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales”.

El mandatario agregó luego que la banda de Chalá “se dedica al control de la minería ilegal de oro” y que con esa facción “no existe negociación alguna con el gobierno”.

En otra publicación apuntó que la zona de Briceño “es de intensa confrontación entre grupos ilegales de minería ilegal y se ha convertido en la región de la mayor tasa de homicidios de Colombia”.

Prometió que la Policía procederá a “fortalecer su presencia” y anticipó que “la acción de la fuerza pública será eficaz”.

En la zona opera también el Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, que se disputa el territorio con las disidencias de las FARC.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reconoció su "profunda tristeza" por la muerte de Pérez Rueda, destacando que "el ejercicio del periodismo debe estar libre de violencia" y que "toda muerte de un periodista afecta la libertad de prensa, esencia de una sociedad democrática”.

El joven reportero es el octavo periodista asesinado durante la presidencia de Petro y el número 170 que ha sido eliminado “por razones vinculadas a su oficio desde 1977”, como detalló un comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

En una publicación en X, la entidad destacó la labor de Pérez Rueda, recordando que "sus publicaciones visibilizaron problemáticas que afectan directamente a las comunidades. Por ello, Mateo enfrentó presiones legales, como tutelas y citaciones a conciliación por sus investigaciones sobre economías ilícitas vinculadas a actores armados".

La FLIP destacó en un comunicado que “a través de su página de Facebook e Instagram”, el joven comunicador “se convirtió en una voz fundamental para la comunidad local”, y recordó que “el periodismo regional en Colombia continúa ejerciéndose en condiciones extremas de desprotección”.

La entidad hizo un llamado “urgente y directo al Gobierno nacional para que deje de ser indiferente frente a las agresiones contra la prensa y adopte medidas reales de protección para quienes están en riesgo y en situación de vulnerabilidad”.

La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Colombia también se pronunció en torno a la muerte de Pérez Rueda, urgiendo “a las autoridades investigar, juzgar y sancionar este homicidio” y recordando “a los grupos armados no estatales su obligación de respetar a la población civil”.

Con EFE y medios locales