El 29 de abril de 2026 marca el inicio de una tormenta diplomática y judicial entre Estados Unidos y México, luego de que el Departamento de Justicia hiciera pública una acusación formal en contra del actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado acusados de presuntos vínculos con el narcotráfico.

A todos ellos se les señala por conspirar presuntamente con la facción de “Los Chapitos”, un grupo criminal liderado por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, líder del Cártel de Sinaloa, con quienes se habrían aliado para traficar diversas drogas hacia Estados Unidos.

En los documentos judiciales se expone, por ejemplo, cómo el gobernador Rubén Rocha habría llegado al poder a través de un pacto “político-criminal” durante las elecciones de 2021, mientras que diversos funcionarios estatales habrían aceptado sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa a cambio de protección operativa..

Entre los cargos mencionados en la denuncia, no solo está la importación de fentanilo y el uso de armas de alto poder, sino también la presunta participación de policías de Culiacán en el secuestro y entrega al Cártel de Sinaloa, de un informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

En respuesta, el gobernador Rocha Moya rechazó las imputaciones, calificándolas de “calumnias sin fundamentos”. En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) coincidieron al informar que las solicitudes de detención con fines de extradición que recibieron carecen de pruebas contundentes, adelantando un procedimiento que apenas inicia.

La acusación formal proveniente del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York detalla que los funcionarios y elementos policiales de Sinaloa presumiblemente permitieron el envío de cantidades masivas de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, protegiendo a los líderes del cártel e incluso compartiendo información de inteligencia militar y policial.

Según los documentos judiciales, que fueron dados a conocer por el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en 2021 Rocha Moya habría recibido el apoyo de sicarios del cártel durante su campaña electoral a la gubernatura, quienes habrían robado urnas e incluso secuestrado a rivales políticos para asegurar su victoria.

Lee: Rocha Moya asegura que cuenta con respaldo de Sheinbaum; continuará en Sinaloa pese a acusaciones de EU

El fiscal federal estadounidense, Jay Clayton, justificó la acción judicial de su país al asegurar que “el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”, según un comunicado difundido por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Además de los cargos por narcotráfico y posesión de ametralladoras, uno de los acusados, el excomandante municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, enfrenta acusaciones por supuestamente haber participado junto al cártel en el secuestro, tortura y asesinato de un informante de la DEA y de uno de sus familiares.

Luego de darse a conocer la acusación penal, Ron Johnson, embajador de Estados Unidos en México, emitió una declaración subrayando que el combate a la corrupción es una prioridad compartida entre ambos países.

“La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, señaló.

Luego de que se conociera la acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya, la respuesta del Gobierno de México se centró en denunciar irregularidades procesales y la falta de evidencia en las solicitudes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue la primera instancia mexicana en posicionarse. A través de un comunicado de prensa confirmó haber recibido las solicitudes de detención provisional con fines de extradición la tarde del 28 de abril.

Es decir que durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum —que duró menos de una hora y en la que no se permitió preguntar a la prensa—, las autoridades mexicanas ya conocían sobre la solicitud de extradición.

En su comunicado, la cancillería subrayó que, tras una revisión jurídica, los documentos estadounidenses “no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas”.

También lee: Gobernador de Sinaloa rechaza acusaciones de EU sobre presuntos vínculos criminales; “carecen de verdad”, dice

A pesar de lo anterior, anunció que enviará un “extrañamiento” a la embajada de Estados Unidos por haber hecho público el caso, lo cual violó las cláusulas de confidencialidad de los tratados vigentes, según las autoridades mexicanas.

La Fiscalía General de la República (FGR) respaldó esta postura. En un mensaje a medios, el fiscal Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, reiteró que la solicitud “no se acompaña de elementos probatorios suficientes, que aporten evidencias contundentes” y criticó al gobierno estadounidense por hacer del dominio público una información que debía ser reservada para no afectar el proceso penal.

La FGR anunció que iniciará su propia investigación para evaluar la viabilidad de la extradición y recordó un obstáculo legal interno: para proceder penalmente contra un gobernador y un senador en funciones, la legislación mexicana exige llevar a cabo un “juicio de procedencia” para retirarles la inmunidad procesal o fuero.

Horas después de hacerse público el caso, el gobernador Rubén Rocha Moya publicó una respuesta en sus redes sociales rechazando los señalamientos de la justicia neoyorquina sobre sus presuntos vínculos criminales.

“Rechazo categóricamente y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno”, declaró.

Calificó la acusación no solo como una calumnia personal, sino como un ataque político en contra del movimiento de la Cuarta Transformación. En su mensaje, el gobernador enmarcó las acciones de Estados Unidos como “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional”.

Lee más: Estos son los funcionarios públicos de Sinaloa acusados por EU de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

En un último mensaje a medios, el mandatario estatal aseguró que ya habló con la presidenta Claudia Sheinbaum y que cuenta con su respaldo, por lo que continuará en la gubernatura de Sinaloa, pese a las acusaciones de Estados Unidos. 

“Aquí estamos tranquilos trabajando por Sinaloa, no va a pasar nada, todo debe encauzarse conforme a las leyes”, señaló.