Entre los años 2018 y 2025, diversos actores políticos cometieron un total de 2 mil 983 ataques públicos contra miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF), de los cuales el 98.5 % fueron de carácter reputacional, lo que allanó el camino del proceso de reforma judicial en México, reveló la organización México Evalúa.

El estudio titulado Poder Judicial en México: lecciones y salvaguardas para proteger su independencia concluyó que la reciente reforma judicial —por la que fueron destituidos de sus cargos jueces, magistrados y ministros de todo el país— no fue un evento aislado, sino el desenlace de un proceso que combinó una “estrategia sostenida de violencia simbólica” y una progresiva asfixia presupuestal.

Además, revela que la ofensiva discursiva, proveniente principalmente del expresidente Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo federal, y de su gabinete, tuvo un crecimiento exponencial con una aceleración anual del 64.7 %, alcanzando su punto máximo en 2024, justo durante el debate público de la reforma.

En este periodo, las instituciones judiciales y sus integrantes fueron calificados sistemáticamente con adjetivos como “corrupto”, “elitista” y “neoliberal”, que fueron replicados por gobernadores y actores de instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), diputados y senadores federales y locales, así como dirigencias partidistas y precandidatos.

La investigación también detalla que entre 2023 y 2025 la estrategia discursiva se transformó hacia una moralización del conflicto, un rasgo característico del “populismo punitivo”. Es decir, en lugar de debatir los fundamentos jurídicos y los fallos técnicos del Poder Judicial, los actores políticos se encargaron de presentar estas acciones como “actos de corrupción” ante la opinión pública.

De acuerdo con el desglose del estudio, López Obrador fue el responsable de 2 mil 253 ataques, lo que equivale al 75.53 % del total, mientras que durante su primer año la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un total de 421, representando el 14.11 % de los casos. Miembros del gabinete federal emitieron 193 ataques, el 6.47 %. 

El estudio cita un ejemplo ocurrido en julio de 2020, cuando una jueza federal liberó a un sospechoso identificado como “José Ángel N.”, presunto líder del grupo delictivo conocido como Guerreros Unidos.

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Sin embargo, aunque la decisión se basó en “insuficiencia probatoria y fallas en la integración del caso” por parte de la FGR ―la cual no presentó las pruebas suficientes para sostener la acusación por delincuencia organizada―, el hecho fue reinterpretado y difundido públicamente como “protección a delincuentes”.

El estudio resalta que la falta de una vocería judicial unificada y rápida permitió que estas narrativas se instalaran socialmente “sin diques de contención”.

“Este episodio muestra cómo una decisión basada en estándares constitucionales puede ser reinterpretada públicamente como ‘protección de delincuentes‘, convirtiendo un déficit investigativo de la fiscalía en un elemento de deslegitimación judicial más amplio”, señala el informe.

Mientras la atención pública se centraba en las conferencias matutinas del expresidente López Obrador, en el terreno administrativo se aplicó una “constricción institucional progresiva”, según el estudio.

El órgano más afectado no fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino el ahora extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la entidad que administraba entre el 87 % y el 89 % del presupuesto judicial y que sostenía la operación diaria de los juzgados y tribunales en el país.

“Los ajustes más significativos [aprobados por la Cámara de Diputados] coinciden con coyunturas de alta confrontación institucional, particularmente tras resoluciones de la Suprema Corte contrarias a las prioridades del Ejecutivo. Ello sugiere que el presupuesto operó como instrumento de disciplina fiscal, y mecanismo indirecto de presión política”, señala.

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No obstante, los datos desmienten la idea de un gasto irracional de presupuesto en el Poder Judicial producto de malos manejos financieros.

“La relación entre el presupuesto aprobado y el ejercido evidencia una elevada disciplina financiera. El ejercicio anual, cercano al 100 % —e incluso superior en varios años— no debe interpretarse como un indicio de holgura presupuestal, sino como la manifestación de presiones operativas persistentes”, indica el análisis

Advierte que el sistema no tiene “márgenes de maniobra administrativa”, sino que funciona “al límite de su capacidad presupuestaria”, convirtiendo al personal y a las herramientas de trabajo en las variables silenciosas de este ajuste.

Todo este andamiaje sentó las bases y redujo los costos políticos para implementar un nuevo modelo judicial en el país, en el que, tras la aprobación de la reforma en 2024, el control de los recursos y del personal en manos del CJF pasó al nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Paralelamente se creó el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), integrado por cinco personas electas por voto popular, el cual tiene facultades excepcionales para investigar, suspender o destituir jueces, y cuyas resoluciones cuentan con “restricciones explícitas a los mecanismos ordinarios de impugnación”.

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El estudio advierte que tener un tribunal disciplinario con legitimación política electoral altera los incentivos de los jueces, generando una “sensibilidad estructural al clima político mayoritario” y fomentando “incentivos de autocontención y cautela estratégica en la toma de decisiones jurisdiccionales”.

El análisis concluye que la independencia judicial en México no fue intervenida dictando sentencias directamente, sino minando su autoridad moral ante la ciudadanía, reduciendo sus recursos materiales para operar y creando órganos de sanción que podrían condicionar la autonomía de los jueces en el futuro.