El procesamiento de actas electorales en Perú terminó este jueves, pero todavía faltan semanas para conocer el resultado de las presidenciales en Perú, ya que la revisión de votos impugnados podría cambiar la estrecha diferencia entre el segundo y el tercer puesto, mientras las autoridades son presionadas con posibles escenarios fuera de la ley por las críticas al proceso de votación.

Mientras la conservadora Keiko Fujimori (17,05 %) tiene asegurado el pase a la segunda vuelta, programada para junio, el izquierdista Roberto Sánchez (12,03 %) tiene solo 20.000 votos de ventaja sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga (11,91 %), por lo que habrá que esperar la revisión de las cerca de 5.000 actas enviadas a los Jurados Electorales Especiales, un 5,6 % del total.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se fijó como fecha límite el 15 de mayo para anunciar resultados definitivos, y así darles tiempo a los candidatos antes de la segunda vuelta.

La caótica jornada del domingo 12 en Lima, donde hubo fallas logísticas para el reparto del material que causaron demoras de varias horas para la apertura de cientos mesas, puso a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el centro de las críticas.

Tras días de señalamientos, el titular del organismo, Piero Corvetto, presentó su renuncia, la cual fue aceptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pese a que ley estipula que su cargo es “irrenunciable” mientras haya una elección o consulta popular abierta.

El fiscal general Tomás Gálvez informó que el Ministerio Público solicitó la detención preliminar de Corvetto, quien está siendo investigado por la presunta comisión del delito de colusión. Sin embargo, este arresto no se llevó a cabo. El exfuncionario declaró en su carta de dimisión que está a disposición de las autoridades para esclarecer los hechos.

La Fiscalía y la Policía peruana allanaron la casa de Corvetto en la madrugada del viernes. “En estos momentos, la la DircocorPNP ejecuta 12 allanamientos”, señaló en su cuenta de X la Dirección contra la Corrupción de la Policía. Las autoridades informaron que los allanamientos incluyeron “inmuebles vinculados al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, exfuncionarios y al representante legal de la empresa Galaga por el presunto delito de colusión agravada”.

López Aliaga, que afirma haber sido el más perjudicado por las demoras en Lima (su bastión electoral) por los ciudadanos que habrían desistido de votar ante las largas filas, continúa denunciando un fraude, sin presentar pruebas. “Corvetto va a tener 20 años en la cárcel. Me voy a encargar de eso. Voy a perseguirlo hasta que se muera”, dijo en una transmisión en sus redes sociales.

El líder de Renovación Nacional insistió en su reclamo al JNE para que anule los comicios o convoque a una jornada de elecciones complementarias, aunque ninguna de estas posibilidades está contemplada en la ley.

Corvetto ha rechazado en declaraciones a medios locales las denuncias en su contra.

En medio de la crisis de legitimidad electoral para un país ya sacudido por la inestabilidad política y falta de institucionalidad, el JNE realizó este miércoles una extensa reunión a la que también fue convocada el nuevo jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas. Las autoridades no han confirmado si es que están evaluando medidas de mayor alcance.

De todos modos, Fujimori se pronunció sobre la posibilidad de una nueva votación. “Estamos atentos a las decisiones y anuncios del JNE con referencia a unas elecciones complementarias que aún no sabemos si se van a dar o no”, dijo la candidata de Fuerza Popular, en declaraciones citadas por El Comercio.

Por su parte, partidos de izquierda piden poner freno a esas especulaciones e hicieron un llamado a respetar el voto popular. Diversas agrupaciones realizaron el miércoles un plantón frente a la sede del JNE para que no ceda ante los pedidos de realizar una votación complementaria en Lima o anular todo el proceso.

“Lo que el Jurado Nacional de Elecciones pretende hacer es socavar y generar una decisión absolutamente ilegal e inconstitucional, unas elecciones complementarias que tiene como fondo un pedido que ha hecho Renovación Popular”, dijo la congresista Ruth Luque, candidata al Senado por el partido de centroizquierda Ahora Nación. En tanto, el abogado de Roberto Sánchez, Roy Mendoza, dijo que si el JNE accede a convocar una nueva votación estaría cediendo a la presión y a la extorsión electoral de algunos partidos políticos.

En ese sentido, la Asociación Civil Transparencia, miembro de una de las principales misiones de observación electoral, exhortó a las autoridades a seguir “dentro del marco legal y con la transparencia necesaria para recuperar la confianza de la ciudadanía”. En un comunicado, indicó que “es urgente que se culmine el conteo de votos de la primera vuelta y que se respete el cronograma previsto para la segunda elección presidencial”.

Cuando José María Balcázar asumió la presidencia en febrero tras la destitución de José Jerí (el octavo cambio en el Ejecutivo en la última década), prometió que garantizaría una transición electoral pacífica y transparente. Sin embargo, su Gobierno quedó envuelto esta semana en una nueva crisis política.

El mandatario ordenó frenar una compra de aviones F-16 a Estados Unidos, para que la decisión quede a cargo de la nueva gestión que debería asumir a fines de julio. El miércoles, el canciller y el ministro de Defensa renunciaron en rechazo a esa medida y sostuvieron que el presidente mentía porque el contrato ya se había firmado cuando Balcázar afirmaba que no. Posteriormente, el Consejo de Ministros dijo que se apegará a lo acordado y la cartera de Economía confirmó el primer pago.

¿Firmaron las Fuerzas Armadas el contrato a sabiendas de la oposición del jefe de Estado? El saliente ministro de Defensa Carlos Díaz aseguró que la compra siguió los procedimientos formales y que Balcázar no emitió una orden escrita. “Nadie puede paralizar un procedimiento de selección solamente de palabra”, declaró a la prensa.

Bajo ese marco, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, anunció que impulsa una moción de censura contra Balcázar por su postura sobre la compra de aviones. Fernando Rospigliosi, titular del Legislativo, comentó al respecto que si se alcanzan las firmas necesarias habrá que “darle trámite como corresponde”. En ese caso, Perú estaría a pocos pasos de alcanzar la cifra de 10 presidentes en 10 años.

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