Cinco excomandantes del Bloque Caribe de las extintas Farc comparecieron este martes 21 de abril ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el municipio de María la Baja, Bolívar, para reconocer públicamente su responsabilidad por los secuestros cometidos en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla.

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La audiencia regional estuvo presidida por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, con la presencia de 32 víctimas acreditadas en el marco del Caso 01 sobre toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes.

Se trata de Abelardo Caicedo Colorado, Uriel Antonio Oviedo, Osmany Landero Rodríguez, Gilberto de Jesús Giraldo David y Luis Alejandro Cuadras Solórzano, todos individualizados en el Auto 19 del 2025 como máximos responsables regionales del patrón de secuestro en esa zona del país.

La audiencia quedó instalada a las 9:00 de la mañana en el Museo de Arte y Memoria de Mampuján, y es presidida por la magistrada Lemaitre Ripoll, acompañada por la magistrada Catalina Díaz, ambas integrantes de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas.

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Al abrir la diligencia, Lemaitre señaló que “la diligencia de hoy tiene como objeto escuchar en público el reconocimiento de responsabilidad que hacen los comparecientes del Bloque Caribe”, y explicó que los cinco fueron individualizados “como máximos responsables nacionales o determinantes de los secuestros que ocurrieron en esta zona en el marco del Caso 01”.

La magistrada detalló que el macrocaso 01 investiga la privación de la libertad de civiles y militares cometida por las extintas Farc, con énfasis en el periodo entre 1993 y 2012, “que es cuando hubo más secuestros”, aunque aclaró que están incluidos casos de víctimas de periodos más amplios. Precisó que el caso se abrió en julio de 2018, cuando inicialmente se identificó a los miembros del último Secretariado, y que en el Auto 19 del 2021 se les imputó la máxima responsabilidad por haber ordenado políticas que se implementaron a nivel nacional.

Lemaitre presentó los tres patrones documentados por la JEP en este macrocaso. El primero, “privar de la libertad a civiles para pedir a cambio de su libertad un rescate para financiar a las Farc”. El segundo, privar de la libertad a políticos, oficiales y suboficiales de la Policía y del Ejército “para intercambiarlos por guerrilleros presos, para forzar un intercambio”. Y el tercero, privar de la libertad a personas civiles “para controlar lo que pasaba en los territorios”.

La magistrada agregó que frente a los miembros del último Secretariado “ya se profirió una sentencia reconociendo su responsabilidad, y tienen una sentencia con unas sanciones restaurativas que se expidió en septiembre del 2025”.

Lemaitre informó que la subsala A de la Sala de Reconocimiento emitió siete autos de determinación de hechos y conductas, uno por cada bloque de las Farc, e imputó a 56 comandantes regionales “que se han identificado como los determinantes a nivel regional de los secuestros, es decir, sin ellos no hubieran ocurrido”.

Según detalló la magistrada, ya aceptaron las imputaciones por escrito y en audiencia pública los comparecientes del Comando Conjunto Central, que operó en Huila y Tolima; del Bloque Occidental, en Cauca, Valle del Cauca y el Pacífico nariñense; del Bloque Noroccidental, en Antioquia, Urabá y zona cafetera; y del Bloque Magdalena Medio, en Santander, Norte de Santander y parte de Antioquia.

Sobre la estructura que reconoce responsabilidad en esta audiencia, la magistrada precisó que el Bloque Caribe “operó en esta parte del país, en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar y parte de Sucre”, y que su accionar se concentró principalmente “en las áreas de Montes de María”, “en las áreas de la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta”, así como en las vías que comunicaban con las capitales de la región.

Lemaitre indicó que los cinco comparecientes, firmantes del Acuerdo de Paz, manifestaron por escrito que reconocían su responsabilidad tal como se les imputó, y que en una diligencia verbal realizada el 5 de diciembre de 2025 “manifestaron su voluntad de reconocer”, proceso que culmina en este acto público frente a las víctimas.

De las 32 víctimas acreditadas en el marco del Caso 01 presentes en el recinto, cinco harán uso de la palabra durante la jornada: Fernando Manuel Salas Martínez, Elsy Romero Gómez, Andrea Lucía Redondo, Andrea Mayerli Bautista Pabón y Martín Pava Araque.

La magistrada explicó que, a diferencia de otras diligencias de la JEP, esta audiencia se transmite por todos los canales oficiales de la jurisdicción y por la televisión pública, y subrayó que “no hay libreto”, pues aunque las víctimas “tuvieron una preparación y un acompañamiento, van a decir lo que quieran decir”, situación que aplica también para los comparecientes.

El procurador judicial II con funciones de intervención ante la JEP, Andrés Rodríguez Becerra, se presentó en persona en la audiencia y saludó a las víctimas “con profundo respeto por su dignidad, por su fortaleza y por la valentía que representa comparecer en este escenario para participar en la búsqueda de la verdad y en la búsqueda de la justicia”.

Rodríguez Becerra señaló que el Ministerio Público comparece “en cumplimiento de su mandato constitucional”, y expresó la expectativa de que la audiencia constituya “un espacio genuino para el reconocimiento, para el esclarecimiento pleno de los hechos, y para la consolidación de aportes efectivos a las demandas de verdad formuladas por las víctimas”.

La etapa de investigación del Caso 01, titulado “Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP”, terminó en febrero de 2026.

A la audiencia asisten funcionarios de la Embajada de la Unión Europea, de la Gobernación de Bolívar, de la Alcaldía Municipal de Agustín Codazzi, y representantes de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad para las Víctimas, la Agencia para la Reincorporación y Normalización y la Agencia para la Renovación del Territorio.

La magistrada Lemaitre informó que la diligencia se extenderá durante toda la jornada y tendrá una segunda sesión en el departamento del Cesar este viernes 24 de abril.

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