El país asiste a una escena que retrata con nitidez el momento político precario que atraviesa. Una mañana, un presidente interino presenta la compra de aviones de combate F-16 Fighting Falcon como una decisión heredada y en marcha. Por la noche, el propio Ejecutivo precisa que el proceso continúa abierto y que ninguna adquisición ha sido definida. En paralelo, el presidente del Consejo de Ministros reconoce una inclinación por el modelo estadounidense, mientras atribuye la decisión final a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. La historia reciente de este proceso se escribe, así, entre afirmaciones inexactas y sin comunicación clara institucional.

Sin embargo, esta secuencia revela más que un problema de comunicación. Expone una forma de conducir decisiones estratégicas en un contexto que exige el mayor rigor político e institucional. La adquisición de una flota de cazas constituye una de las decisiones más relevantes en materia de defensa en décadas. Involucra miles de millones de soles, compromete al Estado en el largo plazo y define el tipo de inserción estratégica del Perú en el escenario internacional. Una decisión de esa magnitud requiere un proceso sólido, transparente y plenamente legitimado.

El momento actual ofrece una oportunidad distinta. El proceso continúa en evaluación por parte de la Agencia de Compras y bajo revisión de la Contraloría General de la República del Perú. La participación de estas instancias fortalece la calidad de la decisión y asegura que cada alternativa —incluyendo las propuestas europeas y la oferta de Estados Unidos— sea evaluada con criterios técnicos, operativos y financieros. El país cuenta con los mecanismos necesarios para arribar a una definición bien sustentada.

Esa necesidad de rigor adquiere mayor relevancia al observar lo ocurrido en la gestión anterior. El gobierno de José Jerí impulsó la preferencia por los F-16 en un contexto de cuestionamientos y con observaciones provenientes de instancias de control interno. Ese antecedente marca una lección clara: una decisión estratégica pierde fortaleza cuando se percibe alejada de los estándares de transparencia.

Hoy el Perú atraviesa una transición, con un proceso electoral en desarrollo y con una legitimidad en construcción. Este contexto abre la necesidad de actuar con mayor responsabilidad, para asegurar que la decisión final cuente con respaldo político e institucional suficiente para sostenerse en el tiempo.

Desde esta perspectiva, el camino resulta claro. El Ejecutivo debe conducir el proceso con coherencia, alinear su discurso con los avances reales y garantizar que la evaluación en curso se desarrolle con plena autonomía técnica, de preferencia, en el gobierno que escoja el Perú.