Aunque Guatemala cuenta con suelos fértiles, recursos mineros e hidroeléctricos, según datos del Banco Mundial es un país pobre: alrededor del 10 % de la población vive con menos de 3 dólares al día, y el 56 % de la población vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan el umbral necesario para cubrir las necesidades básicas. Es uno de los porcentajes más altos de Centroamérica.

Guatemala no es pobre por mala suerte ni por falta de recursos, sino porque sus instituciones fueron diseñadas para extraer riqueza, no para crearla. Y ese diseño lleva funcionando desde la Conquista, como documentaron los economistas Daron Acemoglu y James Robinson en 2012 en su libro Por qué fracasan los países.

Tras la independencia, y reforzado por las reformas liberales de finales del siglo XIX –que promovieron la creación de latifundios cafetaleros y un sistema de trabajo forzado para la población indígena–, el poder político y económico quedó concentrado en una minoría. En 1944, la Revolución de Guatemala puso fin a décadas de gobiernos dictatoriales e intentó alterar ese equilibrio mediante reformas laborales y agrarias. Pero, aunque el sistema político se abrió, las élites lograron adaptarse y conservar una influencia decisiva sobre el Estado.

Acemoglu y Robinson distinguen entre dos tipos de instituciones (entendidas como las reglas del juego que rigen el funcionamiento de una economía): las inclusivas, que distribuyen oportunidades ampliamente y generan crecimiento, y las extractivas, organizadas para concentrar la riqueza en manos de una élite a costa del resto.

Guatemala es, para estos autores, un claro ejemplo de economía extractiva en el hemisferio occidental.

Los datos lo confirman. Desde 1980, Guatemala recauda impuestos equivalentes a poco más del 12 % de su PIB, una cifra que en cuatro décadas ha permanecido casi inamovible mientras Colombia ha pasado del 10 al 22 %, y Ghana ha cruzado y superado a Guatemala. La media latinoamericana actual sobrepasa el 21 %.

El índice de democracia igualitaria de V-Dem –que mide en qué medida el poder político está distribuido por igual entre grupos sociales– sitúa a Guatemala en 0,30 sobre 1 en 2024, frente a una media mundial de 0,37.

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El dato más revelador sobre el fracaso institucional guatemalteco está en las remesas. En 2024, según los datos del Banco de Guatemala, los guatemaltecos emigrados enviaron a sus familias más de 25 000 millones de dólares, el 21,1 % del PIB nacional. Más que la inversión extranjera directa y que los ingresos por exportaciones.

Esto no habla de falta de capacidad, sino de una economía que no puede absorber productivamente a su propia población. Así, el talento no desaparece: se exporta.

Guatemala ha intentado reformarse repetidamente: en 1944 (cuando se abrió una etapa de profundas reformas sociales), en 1985 (la transición a la democracia tras décadas de gobiernos militares), en 1996 (los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado interno) y en 2015 (las movilizaciones anticorrupción que forzaron la renuncia del presidente Otto Pérez Molina). Estos episodios abrieron ventanas de reforma que no lograron alterar de forma duradera las estructuras de poder. Cada intento ha sido absorbido, revertido o capturado antes de producir un cambio duradero. ¿Por qué?

El politólogo Paul Pierson lo explica con el concepto de dependencia de trayectoria (path dependence): las instituciones generan ventajas que se refuerzan a sí mismas. Cuanto más tiempo lleva funcionando un sistema extractivo, más actores organizan sus intereses a su alrededor y más caro resulta cambiarlo. No porque el sistema sea bueno, sino porque se instaló primero.

En 2019, según la UNODC, el 25 % de los guatemaltecos que tuvieron contacto con un funcionario público afirmaron que se les pidió pagar, y en algunos casos pagaron, un soborno. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International, Guatemala obtiene 26 puntos sobre un máximo de 100 y ocupa el puesto 142 de 182, situándose en el tercio inferior del ranking mundial.

El FMI subrayó en 2024 la urgencia de que Guatemala avance en reformas estructurales, advirtiendo de que su implementación “no puede esperar”.

Acemoglu y Robinson no son deterministas. Documentan casos en que la trampa se rompió: Corea del Sur, Botsuana, Estonia. En todos ellos hubo una coalición amplia con intereses genuinos en instituciones inclusivas y una coyuntura que alteró el equilibrio de poder de forma suficientemente profunda.

Una permanente situación de pobreza no tiene por qué ser el destino del país. Pero tampoco se sale del hoyo sin entender por qué se cayó en él.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.

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Iker Saitua no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.