Estados y municipios de México acordaron digitalizar trámites burocráticos, con el objetivo de reducir requisitos, tiempos de espera y procesos que dificultan el acceso de las personas a servicios públicos y derechos.
En un comunicado, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) indicó que dicho pacto nacional es por la implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos que contempla 10 compromisos y la adopción de un Catálogo Único de Trámites con 300 gestiones estatales y 100 municipales.
La agencia informó que el acuerdo forma parte del Encuentro Nacional de Autoridades Locales de Simplificación y Digitalización, que se realiza del 18 al 21 de agosto y reúne a autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Dicho proceso comenzó el pasado lunes 18 de agosto con la firma del instrumento con las 32 entidades federativas; continuó el martes 19 con municipios de la región norte y ayer jueves 20 con autoridades municipales de la región centro. Este viernes 21 está prevista la firma con municipios de la región sur.
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De acuerdo con la ATDT, el objetivo es establecer una misma ruta de coordinación para consolidar una política nacional de homologación de trámites, de manera que una gestión tenga estándares similares independientemente de la autoridad que la realice.
La dependencia aseguró que la simplificación no debe limitarse a reducir procedimientos administrativos, sino que debe tener un impacto directo en la vida de las personas.
"Detrás de cada trámite existe el ejercicio de un derecho y el acceso a bienes y servicios que inciden en la vida de las personas y sus familias", señaló el titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, durante el encuentro con autoridades municipales.
Entre los ámbitos que pueden verse involucrados se encuentran salud, educación, empleo, financiamiento, certeza jurídica y propiedad. Por ello, la agencia sostiene que eliminar requisitos y pasos innecesarios puede convertirse en una forma de reducir barreras para acceder a servicios públicos y ejercer derechos.
De acuerdo con la Agencia, el Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios establece estándares comunes para trámites que, aunque correspondan a distintas autoridades, tienen una naturaleza, finalidad o población usuaria similar.
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La propuesta contempla simplificar, estandarizar y homologar trámites y servicios, así como sus requisitos, tiempos de resolución y procesos.
"Reducir requisitos, tiempos y pasos innecesarios no es únicamente una tarea administrativa: significa eliminar barreras para acceder a servicios públicos y ejercer derechos", plantea el modelo presentado por la ATDT.
La dependencia también sostiene que la calidad y sencillez de la relación entre las personas y el gobierno no debería depender de la capacidad tecnológica de una institución ni del lugar donde viva una persona.
Bajo esta perspectiva, el gobierno federal busca que las entidades y municipios compartan herramientas y capacidades, en lugar de desarrollar de manera aislada soluciones tecnológicas para problemas similares.
Peña Merino planteó que el gobierno de México, los estados y los municipios deben funcionar como parte de un mismo ecosistema, mediante coordinación, cooperación y capacidades compartidas, sin modificar las atribuciones de cada orden de gobierno.
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"El objetivo es que una solución desarrollada por una institución pueda ser aprovechada por otras y evitar que cada gobierno tenga que resolver por separado problemas que ya tienen soluciones", señala el documento de la ATDT.
La propuesta se divide en tres componentes: la homologación de trámites y servicios mediante estándares nacionales, la compartición de soluciones de tecnología pública y el desarrollo de capacidades públicas.
Para ello se contempla el Catálogo Único de Trámites y Servicios, los modelos para homologarlos, el Portafolio Nacional de Soluciones Tecnológicas y el Repositorio Nacional de Tecnología Pública, que permitirá preservar el código fuente de herramientas desarrolladas por instituciones públicas.
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La intención es que los gobiernos puedan reutilizar soluciones que ya fueron creadas y evitar que cada administración tenga que invertir recursos y tiempo en desarrollar herramientas similares.
La ATDT será la encargada de definir, habilitar, acompañar, supervisar y evaluar el proceso, mientras que las autoridades locales deberán implementar y armonizar las medidas en sus respectivos ámbitos.
"El Modelo Nacional parte de que la calidad y sencillez de la relación con el gobierno no debe depender de la capacidad tecnológica de una institución ni del lugar donde viva una persona", establece la propuesta.
Con el Pacto Nacional, el gobierno federal busca avanzar en la implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos mediante una ruta común que permita simplificar, homologar y digitalizar trámites y servicios.
El planteamiento es que la tecnología, la regulación y las capacidades públicas sean utilizadas para reducir las cargas burocráticas y hacer más sencilla la relación cotidiana entre las personas y las autoridades.
La estrategia, de acuerdo con la ATDT, no modifica las competencias de estados y municipios. En cambio, busca establecer estándares comunes y mecanismos de cooperación para que la digitalización y simplificación puedan aplicarse de manera coordinada en los distintos órdenes de gobierno.